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 Principales Aspectos de la Reforma Legal de la Contabilidad en España.
 

José Luis López Combarros
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Como todos ustedes conocen, en marzo de 2001, el Ministerio de Economía creó una Comisión de expertos para estudiar la situación actual de la contabilidad en España y las líneas básicas para, en su caso, abordar la reforma de nuestro derecho contable motivada por dos aspectos fundamentales:

1) Los pasos dados por la Unión Europea para conseguir la armonización contable y
2) Las necesidades de mejora y actualización de nuestra normativa contable.

Las conclusiones y recomendaciones fueron publicadas en julio de 2002 en el conocido Libro Blanco de la Contabilidad y, a partir de ellas, el ICAC comenzó a trabajar en un proyecto de ley de reforma contable a través de un grupo de trabajo formado por expertos contables, mercantilistas y fiscalistas que han trabajado intensamente preparando un borrador de ley que se presentará al Gobierno para su discusión y aprobación, en su caso, con objeto de iniciar el proceso parlamentario.

Debido a la limitación de espacio que se me ha concedido para este artículo, no voy a entrar en detalle del cómo plantear la reforma, ni en otros detalles que son interesantes, sino que me centraré en los principales aspectos contables que abordaremos y propondremos, los cuales resumo a continuación:

1. De acuerdo con el Reglamento de 7 de junio de 2002 de la Unión Europea, los Grupos españoles cotizados en bolsa tendrán que preparar a partir del 1 de enero de 2005 sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.


2. Los Grupos que no cotizan en bolsa, tendrán, a partir de esa misma fecha, la opción de seguir las Normas Españolas de Contabilidad o las Internacionales con la condición de que si cambian a las Internacionales deberán continuar utilizándolas en el futuro, es decir, no podrán volver a utilizar las Normas Españolas.


3. Las Sociedades individuales que cotizan en bolsa, y que no formen parte de un grupo, aún a sabiendas que tendremos un problema de coherencia con la información pública que presenten los grupos que coticen, seguirán presentando sus cuentas anuales con los criterios establecidos en la normativa española vigente y el Plan General de Contabilidad. Somos conscientes del problema mencionado, pero dado el margen de tiempo disponible desde hoy hasta el 2005, no podemos asegurar que se pueda cambiar toda la normativa y nos parece más prudente la conclusión mencionada. No obstante, y a efectos puramente informativos, propondremos que se añada en un anexo a la Memoria de las Cuentas Anuales, un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias preparados con criterios internacionales.

4. El resto de las Sociedades individuales, lógicamente seguirán lo requerido por las Normas Españolas y el Plan General de Contabilidad. Nuestro objetivo es cambiar la normativa contable y el Plan General de Contabilidad poco a poco, introduciendo la normativa Internacional desde hoy y hasta el 2006 para una vez discutido e informado, poder ponerlo en práctica en el año 2007. Es decir, para entonces, estimamos tener la normativa española, incluidas las normas de consolidación, adaptada a las Normas Internacionales.
También me gustaría resaltar que con objeto de no imponer una carga administrativa a las empresas medianas y pequeñas, pensamos continuar con los modelos abreviados y hemos ampliado esta filosofía de ayuda a las pequeñas empresas con el modelo simplificado de la contabilidad, al cual, prevemos que puedan acogerse más de 700.000 empresas con forma societaria y 1.000.000.000 de empresarios individuales.


5. Introducción del valor razonable en la contabilidad.
El núcleo principal de la Directiva de 2001 es la introducción del valor razonable como criterio de valoración y en su artículo 4 señala: Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 1 de enero de 2004. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Nuestra propuesta será limitar este criterio de valoración a las cuentas consolidadas.

Para terminar, permítanme extenderme un poco, para clarificar la utilización y el impacto que tendrá la introducción del valor razonable. De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el 1 de enero de 2004, se aplicará el valor razonable a los siguientes instrumentos financieros:

- Los activos financieros que formen parte de una cartera de negociación de valores cotizados en un mercado organizado o que se califiquen como disponibles para su venta.

- Los activos considerados como instrumentos financieros derivados.

- Los pasivos financieros que formen parte de una cartera de negociación de valores cotizados en un mercado organizado o sean considerados como instrumentos financieros derivados.

En ningún caso se aplicará el valor razonable a los siguientes instrumentos financieros:

- Los instrumentos financieros, distintos de los derivados, que vayan a ser mantenidos hasta su vencimiento.

- Los préstamos y partidas a cobrar originados por la sociedad a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios, no mantenidos con fines de negociación.

- Las participaciones en sociedades dependientes, en empresas asociadas y en sociedades multigrupo.

- Los instrumentos de capital emitidos por la sociedad como acciones, opciones y valores similares.

- Los contratos en que se prevé una contrapartida eventual en una adquisición de empresas, motivada por ajustes de la contraprestación por sucesos futuros.

- Los otros instrumentos financieros que, por sus especiales características, se consideren contablemente elementos patrimoniales distintos a los instrumentos financieros.

Por consiguiente, este criterio de valoración, el valor razonable, no se utilizará generalmente para valorar activos inmovilizados, material o inmaterial, existencias, deudores y acreedores, por lo que no será necesario efectuar tasaciones o nuevas valoraciones de estos elementos.

En definitiva se trata de recoger un criterio valorativo que llamamos valor razonable entendiendo por éste, el valor de mercado, es decir el valor por el que sería intercambiado entre un hipotético comprador-vendedor debidamente informados, o en su caso y si el instrumento se corresponde con una deuda, el importe por el que podría ser cancelada en los términos indicados. A falta de un mercado fiable y suficientemente profundo, la Directiva recomienda acudir a modelos y técnicas de valoración generalmente aceptadas y en último caso, para aquellos supuestos en que no sea posible obtener un valor fiable, de mercado o mediante modelos de valoración, se seguirá utilizando el precio de adquisición.

(Fuente aeca)

 

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