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El pago por el FOGASA del 40 por 100 de la indemnización legal en los despidos por causas objetivas en las empresas de menos de 25 trabajadores

Han estado llegando a nuestro departamento jurídico muchas consultas relacionadas con el pago, por parte del FOGASA del una parte de la indemnización legal en los despidos por causas objetivas (una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año), porque muchas empresas, e incluso muchos de sus asesores, sabían que existía dicha posibilidad, pero no sabían cómo llevarla a la práctica.

Con la reforma Laboral, aprobada por RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, se modificó el Art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, que es el precepto que sirve de base legal para la intervención del FOGASA.

Hasta el 31 de Diciembre de 2013, el Art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores ha venido señalando: "8. En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. No será de aplicación el resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan sido declaradas como improcedentes, tanto en conciliación administrativa o judicial como mediante sentencia. 

El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo".

Sin embargo, con efectos del día 1 de Enero de 2014, se suprime el apartado 8 del Artículo 33, tal y como establece la Disposición Final Quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el BOE del 26/12/2013.

Por tanto, hay que establecer una distinción, al menos de forma transitoria, entre la situación que se produce, a efectos de las coberturas del FOGASA, antes y despues del 1 de Enero de 2014.

Así, hasta el 31 de Diciembre de 2013, se aplicará lo establecido en el Art. 33.8 del E.T. que hemos transcrito.

De esta regulación hay que destacar, en primer lugar, que la cobertura del FOGASA se limita a contratos de carácter indefinido, es decir, ya no afecta a los contratos temporales.

En segundo lugar, la cobertura del FOGASA afecta a todas las causas de despido objetivo previstas en el Art. 52 del E.T.; y no sólo a las causas económicas del Art. 52 c) del E.T.

En tercer lugar, de la cobertura del FOGASA quedan expresamente excluídas las extinciones de contrato declaradas improcedentes. Es decir, sólo se cubren los despidos colectivos y objetivos procedentes.

En cuarto lugar, el FOGASA abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año.

El importe de este abono se calculará, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el artículo 33.2.

Pero, sin embargo, desde el día 1 de Enero de 2014, todo lo expuesto queda sin efecto porque se suprime el apartado 8 del Artículo 33, tal y como establece la Disposición Final Quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Dado que realmente se trataba de una ayuda o subvención a fondo perdido, para paliar la carga que podía suponer para determinadas empresas, de menos de 25 trabajadores, el abono de las indemnizaciones por despido, motivado por causas económicas, se ha entendido por el legislador que ello podría estar suponiendo un incentivo para el despido y se ha decidido, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado, suprimirla con efectos de 1 de Enero de 2014.

Por tanto, los despidos objetivos realizados a partir del 1 de Enero de 2014 ya no van a contar con esta cobertura del FOGASA.

Y en cuanto al procedimiento, para los despidos realizados hasta el 31 de Diciembre de 2013, la solicitud, en modelo oficial vigente, debidamente cumplimentado y firmado, se presentará en la Unidad Administrativa del FOGASA competente para la instrucción del expediente, que corresponderá a la de la provincia donde se ubique el centro de trabajo, salvo que la empresa esté sometida a un procedimiento concursal, en cuyo caso la unidad instructora será la correspondiente a la sede social de la empresa o el domicilio del empresario individual. También podrá presentarse la solicitud mediante el sistema de solicitud electrónica.

A la solicitud se deberán acompañar, los siguientes documentos:

- Documento que acredite la personalidad del solicitante o de aquel que acredite la representación (DNI, NIE o documento equivalente). Si el interesado actúa mediante representante, deberá aportar documento que acredite su identidad y el documento por el que se acredite la representación (poder notarial, documento privado con firma legitimada...), o mediante declaración en comparecencia personal ante funcionario público.

- En caso de tratarse de una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica o entidad de que se trate, además de la documentación justificativa de la capacidad para actuar en su nombre del representante. Para poder percibir las prestaciones a través del representante, deberá constar claramente en el documento de representación, la facultad del mismo para poder cobrar del FOGASA.

- Carta de despido o comunicación por escrito al trabajador por la que se procede a su despido y donde necesariamente debe figurar la identidad del trabajador, el salario que haya servido para el cálculo de la indemnización a cargo de la empresa y la fecha de efectos del despido. Deberá adjuntarse también una declaración personal del trabajador, manifestando expresamente y bajo su responsabilidad que no ha interpuesto reclamación frente a la decisión extintiva del empresario o, en caso de haberse impugnado, copia testimoniada de la resolución firme que acredite la terminación del proceso administrativo o judicial seguido frente a dicha extinción, confirmando la procedencia del despido objetivo.

- Resolución de ERE o Auto del Juzgado Mercantil. Cuando se trate de un despido colectivo conforme a los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores o 64 de la Ley 22/2003, Concursal, se aportará la Resolución de la autoridad laboral que autorice la extinción de los contratos o el Auto dictado por el Juez de lo Mercantil referida a esa extinción colectiva. En ambos casos con diligencia de firmeza.

- En su caso, documentación que acredite el salario o la antigüedad alegada, pudiéndose requerir documentación complementaria.

El FOGASA recabará de la TGSS, las fechas de alta y baja del trabajador en la empresa, así como sus bases de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, podrá recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria a fin de contrastar los datos referidos a la retribución de los trabajadores.

De existir discrepancias entre los datos extraídos de la TGSS y los que figuran en la carta de despido, se conferirá un trámite de audiencia a los interesados, por diez días, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, salvo que el interesado al formular la solicitud, o en un momento posterior, haya acreditado documentalmente los motivos de la discrepancia con los datos de la TGSS a través de sentencia firme, acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nomina/s o documento similar que recoja el salario diario del trabajador, y las fechas de alta y baja en la empresa. De no admitirse las alegaciones efectuadas, o de no aportarse documentación justificativa suficiente, se resolverá el expediente administrativo en virtud de los datos obtenidos de la información obrante en poder de la Administración.

En ningún caso podrá reconocerse una indemnización por importe diario superior al utilizado por esta en el cálculo de la indemnización abonada al trabajador despedido. De producirse la indebida percepción de este tipo de prestaciones, el FOGASA reclamará administrativamente su devolución, y, en caso de no efectuarse su el reintegro, ejercerá las oportunas acciones judiciales.

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

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