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La reforma de la negociación colectiva

Como todos nuestros lectores y usuarios/as sabrán por los medios de comunicación, el Gobierno, en su último Consejo de Ministros, ha aprobado el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de Junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.

La aprobación de la norma trae su causa de la falta de acuerdo entre los agentes sociales – patronal y sindicatos – para proponer una reforma de la regulación de la negociación consensuada.

El objetivo de la reforma es, según el Gobierno, dar más flexibilidad a las empresas para crear empleo y evitar despidos, así como ofrecer más seguridad a los trabajadores, aunque lo cierto es que la norma, aun pendiente de su trámite de ratificación en el Congreso, no ha gustado ni a los sindicatos ni a la patronal.

Según el Ministro de Trabajo, este Decreto-Ley finaliza las reformas que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo en el mercado de trabajo y, como las anteriores – reforma laboral y reforma de las pensiones –, no está exenta de polémica.

Según el ejecutivo, se ha aprobado una reforma profunda, avanzada y equilibrada y en la que ha se han tenido en cuenta las posturas mantenidas por patronal y sindicatos durante el periodo de negociación.

La norma pretende introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, de forma que cuando sufran cambios o atraviesen situaciones de dificultad, sea posible su adaptación a las nuevas condiciones, con el objetivo de mantener el empleo, en lugar de ir al despido, que, según el Gobierno, es lo que sucede ahora.

Asimismo, y según el Gobierno, el equilibrio radica en el hecho de que los trabajadores puedan tener mayor participación en esa flexibilidad interna y aumentar con ello la seguridad sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como agilizar la negociación de los convenios.

En cuanto a las principales características de la reforma, se da prioridad a la aplicación del convenio de empresa en relación al sectorial en aspectos como salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo. La empresa, por tanto, tiene la posibilidad de negociar un convenio propio con independencia de cuál sea el convenio provincial con el que con anterioridad se estuviera rigiendo.

Estos cambios, según el Ejecutivo, aumentan la capacidad de la negociación colectiva en la empresa para potenciar la flexibilidad interna y adaptar las condiciones laborales a las circunstancias específicas y concretas de las empresas. Sin embargo, este es el aspecto que más críticas ha recibido por parte de las organizaciones sindicales porque al concentrar aspectos tan importantes de la relación laboral en el marco de la empresa se aumenta, de una forma clara, la posición de fuerza de la patronal frente a la de los trabajadores, cuya fuerza radica en los sindicatos que los representan, que no están presentes en muchas empresas, pero que sí lo están en las negociaciones de convenios sectoriales.

Otra de las características a destacar es que la capacidad de ordenar la negociación colectiva se reserva a los convenios sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma, y se deja de reconocer ese papel a los convenios provinciales.

Finalmente, y como última característica de la reforma, destaca el reconocimiento por Ley la capacidad de negociación colectiva en los grupos de empresas, permitiendo así dar cauce en esta materia a las nuevas realidades empresariales.

Pero, sin duda alguna, la pieza clave de la reforma la constituyen las medidas tendentes a agilizar y dinamizar la negociación de los convenios, que implican una modificación de los aspectos relativos a la vigencia de los mismos:

Los aspectos que se modifican son:

• Preaviso de denuncia de tres meses antes de finalizar la vigencia.

• Plazo de un mes para el inicio de negociación de un nuevo convenio desde la denuncia del anterior.

• Plazo de entre ocho y catorce meses para la negociación de un nuevo convenio. Se concede un plazo máximo de 8 meses para esa revisión cuando se trata de convenios que tienen hasta 2 años de vigencia, y un plazo de 14 meses para los que tienen una duración de más de dos años.

• Compromiso de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje, si no hay acuerdo transcurrido ese plazo, con el objetivo de solucionar las discrepancias surgidas.

La reforma establece, según sostiene el Ministerio de Trabajo, que cuando un convenio deja de estar vigente, los trabajadores afectados por él "no verán revisado su salario hasta que no firmen un nuevo convenio, pero no pierden derecho alguno durante el periodo de renegociación".

Asimismo, se aumenta la capacidad de actuación de las Comisiones Paritarias, compuestas por la representación de los trabajadores y la empresa y que son los encargados de negociar los convenios y su correcta aplicación posterior, con la finalidad de lograr una administración de los convenios más dinámica, de manera que algunas de sus materias pueden ser modificadas de forma consensuada y paritaria.

La conclusión del Gobierno, no compartida por los agentes sociales, es que la reforma de la negociación colectiva facilita la solución extrajudicial de los conflictos, favoreciendo con ello la paz social y una aplicación ágil y eficaz de las medidas.

Finalmente, otra novedad importante es el descuelgue salarial. Cuando una empresa atraviesa dificultades tiene la posibilidad de no aplicar el régimen salarial vigente en cada momento si hay acuerdo con sus trabajadores. Además, la empresa puede optar por modificar substancialmente las condiciones, la jornada, los turnos, la movilidad funcional de sus empleados.

Estas son las primeras notas de la nueva regulación de la negociación colectiva. En Supercontable quedamos a la espera de su trámite parlamentario para informar a nuestros usuarios de los cambios que pueda sufrir la norma.

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