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Salarios de tramitación y "despido express" en la Reforma Laboral 2012

Una de las cuestiones más polémicas, desde el punto de vista de la interpretación del RD-Ley 3/2012, es, sin duda, la referida a los salarios de tramitación.

Y es que, según la Exposición de Motivos de la reforma, se introducen modificaciones en las normas que aluden a los salarios de tramitación, siendo la principal novedad la desaparación de los salarios de tramitación en los casos de despido improcedente en los que el empresario opte por indemnizar al trabajador. En consecuencia, y como ya hemos dicho antes, si la empresa opta por la indemnización, y en ese caso no hay salarios de tramitación, también desaparece el procedimiento de consignación del importe de la indemnización en el Juzgado de lo Social, cuyo fundamento era precisamente evitar el devengo de los salarios de tramitación mientras durase el procedimiento judicial.

En caso de los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, el no abono de los salarios de tramitación se justifica en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva.

Además, según la norma, los salarios de tramitación han servido en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días.

Sin embargo, la norma manteniene la obligación empresarial de abonar los salarios de tramitación en los supuestos de readmisión del trabajador, bien por opción del empresario ante un despido declarado improcedente, bien como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo (el Artículo 55, apartado 6, del ET señala que el despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir). También habrá que abonarlos en el supuesto de que el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical.

Así, el apartado 2 del Artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que "2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación."

Además, el apartado 4 del Artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, señala que: "4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2."

La polémica a la que antes no referíamos no deriva tanto de la desaparición de los salarios de tramitación, que parece clara, sino de si se puede afirmar, como hacen algunas interpretaciones de la reforma, que con la desaparación de los salarios de tramitación ha desparecido también la posibilidad de reconocer la improcedencia por parte de la empresa, sosteniendo que la improcedencia sólo puede declararse por sentencia y, por tanto, si realmente ha desaparecido o no el "despido express".

El RD-Ley 3/2012 afirma en su Exposición de Motivos que el desaparace el "despido express" pero existen interpretaciones de la reforma que consideran que ello no es cierto, por varias razones.

En primer lugar, la desaparición de los salarios de tramitación, y del proceso de consignación de los mismos, no quiere decir, sin más, que desaparezca la posibilidad de la empresa de reconocer, antes de la sentencia, que el despido efectuado sea improcedente. O dicho de otra forma, una cosa es la consideración del despido y otra si dicha consideración devenga salarios de tramitación.

Y que se puede realizar el reconocimiento del despido se deprende del propio Artículo 56 del ET, que señala expresamente que "El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo."

Es decir, el caso sería el de una empresa que despide a un trabajador y en el momento del despido le ofrece la indemnización prevista para el despido improcedente. El trabajador acepta y cobra la indemnización y firma su finiquito y renuncia de acciones. En este caso entendemos que, conforme al Artículo 56 del ET, se produce la extinción del contrato de trabajo, mediante un despido improcedente, no impugnado judicialmente; lo cual tiene cabida perfectamente en la norma.

En segundo lugar, impedir a la empresa reconocer la improcedencia del despido supone cercenar a dicha empresa las posibilidades de llegar a transacción, a conciliación, o incluso de allanarse, que la normativa procesal le reconoce. Asimismo, si ello fuese así, quedaría vacía de contenido, en estos casos, la institución de la conciliación, tanto en sede administrativa (UMAC) como en sede judicial; porque si sólo puede declararse la improcedencia en sentencia, dichos trámites resultarían superfluos.

En tercer lugar, y por idénticas razones, sí se entiende que sólo puede declararse la improcedencia del despido por sentencia judicial, se esta imponiendo al trabajador, primero, la carga de demandar, aunque la empresa le ofrezca la indemnización y le anticipe que no lo va a readmitir, y, segundo, se le están cercenando a él también las posibilidades de transigir o conciliar, obligándolo a soportar el calvario del proceso, aunque pueda obtener antes la satisfacción a sus pretensiones.

En definitiva, y por todo ello, parece razonable entender que, aunque hayan desparecido los salarios de tramitación, no ha desparecido, ni mucho menos, la posibilidad de reconocer la improcedencia del despido antes de que se dicte la sentencia y, por tanto, no ha desaparecido el "despido express". Es más, y al eliminarse los salarios de tramitación y también los trámites de consignación establecidos anteriormente, el despido improcedente puede ser "más express" todavía.

Finalmente, y por lo que se refiere a la nueva regulación de los salarios de tramitación, no podemos omitir las dudas de constitucionalidad que se han suscitado la modificación de la regulación de los salarios de tramitación por cuanto que, según los Juzgados que ya han planteado sus dudas de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, la supresión de los salarios de tramitación crea una situación discriminatoria entre aquellos trabajadores despedidos que pueden acceder a la prestación por desempleo y aquellos que no tendrían derecho a la misma.

Además, también se plantean dudas porque, según la reforma, los salarios de tramitación son solo abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opte por readmitir al trabajador.

Si, por el contrario, la empresa opta por indemnizar, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitación.

En definitiva, la Ley transfiere al empresario la opción de abonar o no salarios de tramitación y los términos de tal atribución, y eso ya plantea dudas de constitucionalidad. No obstante, habrá que esperar a la decisión del Alto Tribunal o a redacción definitiva de la norma tras la tramitación parlamentaria.

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