
La Administración Tributaria tendrá acceso a todas las facturas electrónicas obligatorias para empresas
Los sistemas privados de facturación estarán obligados a remitir a Hacienda copia de las facturas electrónicas emitidas.
Los sistemas privados de facturación estarán obligados a remitir a Hacienda copia de las facturas electrónicas emitidas.
Confirma la doctrina fijada en la Sentencia de la Sala de lo Social de 18 de Noviembre de 2024, que aplica el artículo 7 del Convenio 158 OIT.
Ya se puede obtener el número de referencia y consultar los datos fiscales para la Campaña de Renta 2024, que comenzará el próximo 2 de abril de 2025.
Las indemnizaciones se actualizan un 2,8 % de acuerdo con el índice de revalorización de las pensiones en 2025.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 118/2025, de 19 de febrero, zanja el conflicto sobre la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional.
La sentencia considera que se vulnera la Ley de Trabajo a Distancia y asegura que los gastos derivados del teletrabajo sean compensados.
La Orden HAC/262/2025 modifica los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222).
La Orden HAC/242/2025 aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2024, a presentar en 2025.
El 31 de marzo finaliza el plazo para presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720)
Con el paso de los ejercicios contables en el balance de la sociedad pueden quedar pendientes saldos de ciertos acreedores o deudores con los que hoy en día no tenemos relación.
El pago de las arras para la reserva de un inmueble o su desistimiento puede generar dudas en los impuestos aplicables y su devengo tanto para el comprador como para el vendedor.
Si un empleado ha recibido formación, la empresa puede incluir una cláusula contractual o firmar un pacto de permanencia que condicione la salida al pago de una indemnización por daños.
Vamos a analizar en qué consiste este derecho el propietario o arrendador que, habiendo planteado un proceso judicial de desahucio, se suspende por ser el "okupa" o inquilino persona vulnerable.