¡¡Cuidado!! Se modifica la infracción por fraude en las prestaciones: sepa cómo afecta a la empresa

El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen sancionador adaptado a las circunstancias actuales provocadas por el CORONAVIRUS, con la implementación de los mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.

En consecuencia, se establecía que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darían lugar a las sanciones correspondientes, siendo sancionable, igualmente, conforme a lo previsto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resulten necesarias o no tengan conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, refuerza estos mecanismos de control y sanción.

Para ello se modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, concretamente el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, que queda redactado como sigue:

c) Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.

Es decir, se reformula la redacción de la infracción muy grave que regula el fraude en las prestaciones.

Y, consecuentemente, se moifica también la regulación referida a la responsabilidad de dicha infracción.

Así, se establece que en el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social.

Además se regula que en las infracción anterior, y también en las referidas contratar a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social; y a incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, o contratarlo simuladamente para la obtención indebida de prestaciones, la empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora.

Lo que si es una novedad es la modificación del Artículo 43 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, al que se añade un tercer apartado que establece:

3. En el caso de la infracción prevista en el artículo 23.1.c), la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.

Es decir, en el caso de la infracción por falsear datos para obtener prestaciones, se establece la RESPONSABILIDAD DIRECTA de la empresa en la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, siempre que quede claro que el trabajador no tiene nada que ver en la conducta de la empresa.

La obligación de devolver las prestaciones indebidas será exigible hasta la prescripción de las infracciones que establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por tanto, sea cuidadoso a la hora de complimentar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o reducción de jornada (ERTE) a consecuencia del COVID-19, porque si incluye en la misma datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, puede ser sancionado y además tener que devolver las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador o los trabajadores.