La decisión del Juzgado de lo Social Nº 31 de Barcelona abre la puerta a que más afectados puedan reclamar que sus bajas se consideren como derivadas de contingencia profesional.
Confirma la doctrina fijada en la Sentencia de la Sala de lo Social de 18 de Noviembre de 2024, que aplica el artículo 7 del Convenio 158 OIT.
Las indemnizaciones se actualizan un 2,8 % de acuerdo con el índice de revalorización de las pensiones en 2025.
El Ministerio de Hacienda modificará la normativa para que los mutualistas jubilados no tengan que esperar para recibir su devolución del IRPF de forma fraccionada hasta 2028.
Los ministerios de Trabajo y Hacienda discrepaban sobre cómo aliviar la carga fiscal de los perceptores del salario mínimo interprofesional en 2025.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 118/2025, de 19 de febrero, zanja el conflicto sobre la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional.
BOLETÍN SEMANAL
Los sistemas privados de facturación estarán obligados a remitir a Hacienda copia de las facturas electrónicas emitidas.
La Orden HAC/262/2025 modifica los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222).
La Orden HAC/242/2025 aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2024, a presentar en 2025.
El 31 de marzo finaliza el plazo para presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720)
Con el paso de los ejercicios contables en el balance de la sociedad pueden quedar pendientes saldos de ciertos acreedores o deudores con los que hoy en día no tenemos relación.
El pago de las arras para la reserva de un inmueble o su desistimiento puede generar dudas en los impuestos aplicables y su devengo tanto para el comprador como para el vendedor.
Si un empleado ha recibido formación, la empresa puede incluir una cláusula contractual o firmar un pacto de permanencia que condicione la salida al pago de una indemnización por daños.
Vamos a analizar en qué consiste este derecho el propietario o arrendador que, habiendo planteado un proceso judicial de desahucio, se suspende por ser el "okupa" o inquilino persona vulnerable.
