¿Abrir las taquillas de los empleados? Sepa cuáles son las consecuencias si vulnera la intimidad del trabajador.

Dentro de las acciones que la empresa podrá adoptar para organizar su actividad como vea más conveniente está la libre disposición de sus propias dependencias. Sin embargo, esta facultad tiene su límite en el derecho a la intimidad de la persona trabajadora.

Para evitar conflictos que puedan transgredir este derecho y llevar aparejado para la empresa el pago de una indemnización, se deben cumplir ciertas reglas.

En Supercontable hemos analizado cómo el control empresarial no puede vulnerar los derechos fundamentales del trabajador. También hemos tratado, por ejemplo, las consecuencias que puede tener el registro del despacho sin su consentimiento previo en la calificación del despido.

Sin salirnos de esta línea, abordaremos a continuación la importancia de observar todos los requisitos legales previamente a disponer de cualquier espacio que sea de uso particular de una persona trabajadora, incluso encontrándose ésta de baja.

Así resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 1057/2022, de 8 de marzo, que confirma el pronunciamiento del Juzgado de lo social nº 1 de Vigo, en sentencia 511/2021, de 13 de octubre y se condena a una empresa a indemnizar a una trabajadora por vaciar los enseres personales de su taquilla.

Se pone de manifiesto que la empresa no puede acceder al contenido de taquillas y efectos personales del trabajador sin su consentimiento.

La acción de registro no puede justificarse a pesar de que:

• La trabajadora, se encontraba de baja por incapacidad temporal en el momento del registro.
• Fue contactada por teléfono, sin respuesta, por la empresa hasta en dos ocasiones.
• No existían taquillas disponibles para las pertenencias de la nueva trabajadora.
• Los efectos personales fueron posteriormente guardados bajo llave en otro lugar de la empresa.
• La acción fue autorizada por el responsable de gestión de la empresa.

Ninguno de los posibles atenuantes disculpa la falta de consentimiento al registro y, por tanto, ha de considerarse vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de la trabajadora.

En definitiva, se debe siempre respetar lo establecido por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la inviolabilidad del trabajador:

La sentencia del TSJ de Galicia confirma la indemnización de daños y perjuicios impuesta por el Juzgado de lo social a la empresa de un total de 1.500 euros, desestimando la pretensión de la trabajadora de que se incrementara hasta los 5.000 euros.

No obstante lo anterior, la vulneración del derecho a la intimidad puede acarrear consecuencias muy negativas, que se agudizan cuando de la información obtenida irregularmente la empresa imponga sanciones que pueden llegar hasta el despido disciplinario.

Aunque el "castigo" impuesto en esta ocasión sea "relativamente asumible", ya hemos visto como los tribunales pueden incrementar sensiblemente la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios, especialmente cuando se extingue el contrato.