¿Cuáles son los cambios en la jubilación contributiva aplicables desde el 16 de Junio?

En el BOE del 15 de Junio de 2022 se ha publicado el Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.

Nos vamos a ocupar en este Comentario de los cambios que este reglamento introduce en la pensión de jubilación en su modalidad contributiva; que se centran en el hecho causante y en los efectos económicos de la prestación.

Hecho causante

Tal y como indica la Exposición de Motivos del Real Decreto 453/2022, el hecho causante de la pensión de jubilación se fija en la fecha en la que, por reunirse todos los requisitos exigidos, se causa derecho a la prestación, teniendo incidencia en el cálculo y en los efectos económicos de esta.

Por tanto, resulta de vital importancia regular con la mayor precisión posible la fecha en la que se fija el hecho causante de la pensión, que, una vez fijada, ya no puede modificarse.

Los cambios en la regulación del hecho causante afectan a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con la excepción expresa de la jubilación parcial prevista en el artículo 215 y en la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que se regirá por su normativa específica.

Por tanto, ahora se establece que la pensión de jubilación en su modalidad contributiva se entenderá causada en la fecha que indique la persona interesada - el futuro pensionista - al formalizar la correspondiente solicitud, siempre y cuando en dicha fecha reúna los requisitos establecidos para jubilarse en función de su situación concreta.

La fecha que indique la persona interesada será la que se tenga en cuenta a efectos de considerar la situación de alta, asimilada a la de alta o de no alta ni asimilada, y demás circunstancias de dicha persona, que servirán de base para determinar si tiene derecho a la pensión solicitada, así como, en su caso, el contenido de esta, sin perjuicio de la fecha en que la pensión deba surtir efectos económicos en cada caso.

Sin embargo, esta regla general cuenta con determinadas especialidades cuando la pensión de jubilación se cause desde alguna de las siguientes situaciones:

1. Alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, en cuyo caso la pensión se entenderá causada el día de la baja en el régimen correspondiente como consecuencia del cese en el trabajo por cuenta propia o ajena o en la actividad o condición que hubiese determinado la inclusión en el ámbito de aplicación de dicho régimen.

   Y, a su vez,...

   Si se trata de alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General en inactividad, la pensión se entenderá causada el día de la baja en el régimen correspondiente.

   En el supuesto en que el trabajador no solicite la baja o la solicite en forma y plazo distintos a los establecidos al efecto, o bien la baja se practique de oficio, el hecho causante se entenderá producido el último día del mes natural en el que haya tenido lugar el cese en el trabajo por cuenta propia o en la actividad.

2. Situación asimilada a la de alta por traslado del trabajador fuera del territorio del Estado al servicio de una empresa española, en cuyo caso la pensión se entenderá causada en la fecha del cese en el trabajo.

3. Situación asimilada a la de alta por excedencia forzosa para ocupar un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, en cuyo caso la pensión se entenderá causada en la fecha del cese en el cargo o funciones.



4. Extinción, por la pérdida de la condición de que se trate, de los convenios especiales aplicables a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de los parlamentos y gobiernos de las comunidades autónomas o a los españoles que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, en cuyo caso la pensión se entenderá causada el día de extinción del convenio especial.

5. Extinción de la prestación o subsidio por desempleo, incluido el de mayores de cincuenta y dos años, por el cumplimiento de la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, supuesto en el cual el hecho causante de la pensión de jubilación tendrá lugar el día de cumplimiento de dicha edad.

En todas estas situaciones especiales, la solicitud de la pensión podrá presentarse con una antelación máxima de tres meses a la fecha del hecho causante o en cualquier momento posterior, sin perjuicio de los efectos económicos que correspondan; tal y como a continuación abordaremos.

Cuando la pensión de jubilación contributiva se solicite a partir del 16 de Junio, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 453/2022, la fecha del hecho causante por la que opte el interesado no podrá ser anterior al 16 de Junio, salvo que se trata de algunas de las situaciones especiales mencionadas.

Efectos económicos de la pensión

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión se producirán a partir del día siguiente a la fecha en que se produzca el hecho causante.

En las situaciones especiales enumeradas antes, si la solicitud se presenta una vez transcurridos los tres meses siguientes, los efectos se producirán a partir de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En el caso de extinción de la prestación o subsidio por desempleo, incluido el de mayores de cincuenta y dos años, por el cumplimiento de la edad ordinaria para acceder a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción de la prestación o subsidio por desempleo siempre que la solicitud de la pensión se presente en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso tendrá una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud.