El Tribunal Supremo establece en qué casos la empresa puede despedir por falta de capacidad sobrevenida del trabajador.

En otras ocasiones hemos tratado en SuperContable el despido objetivo, principalmente referido a causas económicas. En esta ocasión vamos a ocuparnos del despido objetivo por causa de ineptitud del trabajador sobrevenida, regulada en la letra a) del Artículo 52 del E.T.

Para que la falta de capacidad para el puesto o ineptitud pueda justificar el despido objetivo será necesario que se haya conocido, o se hubiera producido, con posterioridad a la contratación del trabajador. Es importante saber que si esta misma ineptidud ya se conociera en el momento de contratar, no podrá alegarse posteriormente como razón para despedirlo, por lo que, ante una futura reclamación del empleado, la empresa se enfrentaría a una muy posible declaración de improcedencia de la extinción del contrato.

Esta falta de capacidad abarca una amplia variedad de ejemplos: desde la pérdida del carné de conducir para quien se dedica profesionalmente a la conducción, la retirada de un permiso de residencia o trabajo de un trabajador extranjero y también la falta de titulación para desempeñar unas funciones que la empresa requiere cubrir.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid desestimó la demanda presentada por el trabajador, declarando procedente la extinción de su contrato y concediéndole la indemnización correspondiente por ineptitud sobrevenida (20 días por año trabajado con el límite de un año de salario).

Tras el recurso de suplicación presentado por el empleado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrige el criterio del Juzgado de lo Social, argumentando que el trabajador no había perdido la capacidad necesaria para desempeñar su puesto, el mismo que llevaba ejerciendo durante los últimos años óptimamente. De este modo, el tribunal incrementa la indemnización hasta la correspondiente por la improcedencia del despido (33 días por año trabajado con el límite de dos años de salario)

Elevada finalmente la cuestión al Tribunal Supremo, la sentencia 306/2023, de 25 de abril, revoca el fallo del TSJ y entiende que dentro de las circunstancias incapacitantes y de la actual concepción de ineptitud sobrevenida está la carencia de titulo exigido por ley para el ejercicio de la actividad. Además, no es ocioso resaltar que, en este caso, no había conocimiento previo por parte de la mercantil de que los trabajadores no contaban con la titulación habilitante.

Por todo ello, el Alto Tribunal estima el recurso de casación de la empresa y confirma el fallo de primera instancia, a pesar de que el trabajador tenía cinco años de experiencia y no había sufrido ninguna pérdida de sus facultades estrictamente laborales.