¿En qué asuntos laborales ya no será necesario acudir a la conciliación previa antes de ir al Juzgado?

El pasado día 20 de Diciembre se publicó el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Esta extensa norma trae consigo cambios en la tramitación de los procedimientos judiciales en todas las jurisdicciones; civil, penal, contencioso-administrativa y, por supuesto, laboral.

Las modificaciones en la tramitación de los procedimientos laborales son varias, desde los apoderamientos a la acumulación de acciones; pero en este comentario nos vamos a centrar en las que afectan a la conciliación administrativa previa, porque precisamente se refiere al momento que todavía ni empresa ni trabajador han llegado al Juzgado.

Con carácter general, la tramitación de cualquier proceso judicial exige el previo intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos.

Ahora bien, como toda norma general, existen excepciones, que se regulan en el artículo 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Así, no se requiere conciliación previa en los siguientes casos:

1. Los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa
2. Los que versen sobre Seguridad Social
3. La impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores
4. Los de disfrute de vacaciones
5. Los de materia electoral
6. Movilidad geográfica

7. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
8. Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor
9. Procesos monitorios
10. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139 de la Ley 36/2011
11. Los procedimientos iniciados de oficio
12. La impugnación de convenios colectivos, de los estatutos de los sindicatos o de su modificación
13. Los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
14. Los procesos de anulación de laudos arbitrales, de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones
15. Los de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a los que se refiere el artículo 138 bis de la Ley 36/2011
16. Los procedimientos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género
17. Los procesos en los que la representación corresponda al abogado del Estado, al letrado o letrada de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales o al letrado o letrada de las Cortes Generales.

De entre todas las excepciones citadas, las introducidas por el RD-Ley 6/2023, y que resultan de aplicación a partir de 20 de marzo de 2024, son las referidas a los procedimientos monitorios, las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia y los procedimientos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.

También se modifica, para, a nuestro juicio, mejorar su redacción, la excepción que se refiere a los procedimientos en los que se demanda a las Administraciones Publicas, pues anteriormente se hacia mención a procedimientos contra el Estado o cualquier ente público u otro ente público en los que también se demandan a personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa.

Y, sin dejar la conciliación, la reforma del artículo 66 de la Ley 36/2011 regula las obligaciones de identificación de quiénes asistan por si mismos al acto de conciliación, sin asistencia profesional.

Señala la norma que deberán aportar su número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que permita su comunicación telemática, realizándose las notificaciones desde ese momento en la dirección telemática facilitada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos de la Ley que regule el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que es el RD-Ley 6/2023.

Otra novedad importante relacionada con la conciliación es la posibilidad de que se puedan imponer sanciones pecuniarias a los intervinientes por varias razones:

1. Al litigante que no acuda injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación
2. Al litigante que obró de mala fe o con temeridad
3. Cuando la sentencia condenatoria coincida esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación

La sanción consiste en una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

La imposición de la multa y de las costas debe realizarse en sentencia, de forma motivada, bien a solicitud de parte o de oficio por el Juez.

Finalmente, en el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 36/2011, es decir, se impondrán las costas del proceso a la parte que no comparezca sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hayan intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincide esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.