STS 1887/2024 - Fecha: 08/04/2024
Nº Resolución: 568/2024 - Nº Recurso: 9079/2022	Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso - Sección: 2
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid - Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
ECLI: ES:TS:2024:1887 - Id Cendoj: 28079130022024100100


    En Madrid, a 8 de abril de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 9079/2022, interpuesto por AGRANTIA, S.L.U., representada por el procurador de los Tribunales don Eduardo José Manzanos Llorente, bajo la dirección letrada de don Jorge Ajuria Fernández, contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2022 por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (" TSJM"), en el recurso núm. 462/2020.

    Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda


    PRIMERO. - Resolución recurrida en casación El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM núm. 449/2022 de 19 de octubre, que desestimó el recurso núm. 462/2020, interpuesto por la representación procesal de AGRANTIA, S.L.U. contra la resolución de 25 de abril de 2019, del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, desestimatoria de la reclamación económicoadministrativa 28/23345/2015, frente a acuerdo sancionador de la Dependencia Regional de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid por la comisión de una infracción tributaria, tipificada en el art. 203.1 LGT, de resistencia, obstrucción, excusa a las actuaciones de la administración tributaria, ejercicio 2015, importe 15.000 euros.

    SEGUNDO. - Tramitación del recurso de casación

    1.- Preparación del recurso. El procurador don Eduardo José Manzanos Llorente, en representación de AGRANTIA, S.L.U., mediante escrito de 7 de diciembre de 2022 preparó el recurso de casación contra la expresada sentencia de19 de octubre de 2022.

    El TSJM tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 16 de diciembre de 2022, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo y emplazó a los litigantes para que comparecieran ante la Sala Tercera.

    2.- Admisión del recurso.

    La Sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 28 de junio de 2023, en el que aprecia un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciado en estos literales términos:



    3.- Interposición del recurso (síntesis argumental de la parte recurrente en casación).

    El procurador don Eduardo José Manzanos Llorente, en representación de AGRANTIA, S.L.U., interpuso recurso de casación mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2023, que observa los requisitos legales.

    Para fundamentar la estimación del recurso de casación y consiguiente anulación de la sentencia impugnada, argumenta que esta ha infringido el ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación de los artículos 46.1, 142.3, 178, 183.1 y 203.1.c) de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre ("LGT"), "BOE" núm. 302, de 18 de diciembre, en concordancia con el art. 25.1 de la Constitución Española ("CE"), "BOE" núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

    En su opinión, el tenor literal del art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT solo permite a la inspección de los tributos imponer coactivamente la comparecencia personal de las personas físicas, pero no de los administradores de las personas jurídicas.

    En definitiva, a su parecer, la sentencia impugnada sostiene que el art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT obliga a comparecer personalmente a los representantes legales de las entidades jurídicas investigadas cuando sean requeridas para ello. Amplía así el ámbito de la "comparecencia personal del obligado tributario" a la comparecencia personal del administrador del obligado tributario persona jurídica.

    El art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT -prosigue-, constituye una excepción a la regla general contenida en el art. 46.1 de la LGT, que permite a los obligados tributarios comparecer ante cualquier órgano de la Administración tributaria por medio de representante.

    Invoca el Diccionario panhispánico del español jurídico, elaborado por la Real Academia Española, que define la "comparecencia personal" como la "obligaciónque puede imponerse al reo condenado a una pena privativa de libertad cuya ejecución ha sido suspendida, de presentarse personalmente con la periodicidad que se determine en la sentencia", limitando, por tanto, el concepto al exclusivo ámbito de las personas físicas, pues solo una persona física puede comparecer personalmente, mientras que la persona jurídica habrá de hacerlo forzosamente representada, bien por su representante legal o bien por un representante voluntario, pero no podrá comparecer "personalmente".

    Estima que comparecer e intervenir son dos conceptos jurídicos diferentes, por lo que no cabe equiparar la comparecencia de una persona jurídica con la intervención en nombre y representación de la misma, papel que el art. 45.2 de la LGT sí otorga al representante legal que a este respecto dispone que "por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten (...) la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación (...)".

    Por lo tanto, la "comparecencia personal" de las personas jurídicas no es un concepto jurídico contemplado como tal por el art. 45 de la LGT, como de contrario concluye la sentencia recurrida.

    En esta misma línea, aduce que con relación a la "documentación de las actuaciones de la inspección", tomando como ejemplo cualquiera de las diligencias obrantes en el expediente administrativo, se puede constatar que, en todas ellas sin excepción, la figura del compareciente resulta ser la persona física que está presente en el desarrollo de las actuaciones y con la que en ese momento se entienden las mismas, y nunca resulta ser la persona jurídica objeto de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación.

    Y la conclusión inequívoca que extrae de lo anterior es que, en el ámbito tributario, el compareciente no es ni puede ser nunca una persona jurídica.

    Por otro lado, teniendo en cuenta que el art. 203.1.c) de la LGT delimita la "infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria" en los siguientes términos:

    "c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado", en su opinión, no ha existido una verdadera incomparecencia de la entidad recurrente sancionada, pues sí ha comparecido en el lugar y tiempo señalados, solo que no lo ha hecho a través de su representante legal, sino a través de un representante voluntario.

    Entiende que en el ámbito sancionador administrativo no cabe llegar a la "solución práctica" de considerar que la falta de comparecencia personal del administrador de la sociedad infractora equivale -de hecho y de derecho- a la incomparecencia de la sociedad infractora y que, por tanto, ambas conductas producen los mismos efectos jurídicos y ambas conductas pueden resultar sancionadas como una "incomparecencia" de la sociedad infractora.

    Apunta que no existe ningún apoyo legal ni jurisprudencial que equipare ambas conductas. A este respecto, el tenor literal del art. 203.1.c) es claro y no se presta a equívocos -sancionando la "incomparecencia" del obligado tributario en el lugar y tiempo que se hubiera señalado- por lo que la aplicación de este precepto en el presente caso supone una aplicación analógica "in malam partem" de la normativa administrativa sancionadora y contraviene abiertamente el principio de tipicidad ("nulla poena sine lege") consagrado en el art. 25.1 de la Constitución Española y en los arts. 178 y 183.1 de la LGT.

    La pretensión que deduce en el presente recurso de casación es la siguiente:

    - Que se declare y forme jurisprudencia sobre el alcance de la facultad excepcional de la inspección de los tributos prevista en el art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT, según la cual, este precepto solo resulta de aplicación cuando el obligado tributario investigado, objeto de las actuaciones inspectoras, es una persona física; pero no resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que -como sucede en el presente recurso- el obligado tributario investigado, objeto de las actuaciones inspectoras, es una persona jurídica, y ello por cuanto las personas jurídicas no pueden comparecer personalmente.

    - Que se declare y forme jurisprudencia sobre la repercusión que, en el ámbito administrativo sancionador, debe tener la falta de comparecencia personal del obligado tributario cuando el obligado tributario sí comparece, pero no personalmente, sino debidamente representado, y en concreto, que no resulta de aplicación en el supuesto objeto del presente recurso el tipo infractor previsto en el art. 201.3.c) de la LGT, que sanciona exclusivamente la incomparecencia del obligado tributario.

    4.- Oposición al recurso interpuesto (síntesis argumental de la parte recurrida en casación).

    La abogada del Estado, en representación de la Administración General del Estado, presentó escrito de oposición de fecha 18 de octubre de 2023.

    Para fundamentar la desestimación del recurso de casación, argumenta, en síntesis, que, a la hora de resolver, el TSJM tuvo muy presente las peculiares circunstancias que concurrían en este caso. La sentencia recurrida no afirma que siempre y en todo caso la inspección tributaria haya de entender sus actuaciones únicamente con el representante legal de una sociedad, cuando el obligado tributario sea una persona jurídica.

    Entiende que la dificultad de interpretación del art. 142.3 LGT deriva de que regula la cuestión sin distinguir la naturaleza, física o jurídica, de la persona del obligado tributario.

    Su dicción se compadece bien -afirma-, y no ofrece gran dificultad, cuando este sea una persona física: la regla general es que puede comparecer su representante, la excepción que se requiera su comparecencia personal.

    Sucede, a su parecer, que, si el obligado tributario es una persona jurídica, la naturaleza de esta da lugar a que su comparecencia será siempre por medio de representante. De modo que de lo que se trata es de esclarecer el carácter que ese representante puede o debe tener: si ha de ser necesariamente el representante legal (en el caso, el titular del órgano de administración) o si puede ser un representante personal (un apoderado).

    El art. 142. 3 LGT muestra, a su parecer, su completo sentido si se parte de la regla general de como relacionarse con la Administración pública.

    Dicha regla, apunta, se contiene en el art. 5 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ("LPAC"), "BOE" núm. 236, de 2 de octubre, que reconoce el derecho de todo ciudadano de poder relacionarse con la Administración por medio de un representante.

    No ve pues obligación de relacionarse directa y personalmente con la Administración.

    Por otra parte, el art. 19.1 del mismo texto legal dispone que "La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley." Un ejemplo sectorial de esta excepción sería precisamente el art. 142.3 LGT.

    En cuanto a qué debe entenderse por "actuación del "obligado tributario" cuando se trata de personas jurídicas societarias, afirma que la LGT no lo explicita. Pero parece, de un lado, que el precepto quiere diferenciar entre dos sujetos o figuras: el representante y el dominus negotii o representado. Esta distinción normalmente excluiría de reunir la identidad de "obligado tributario", por ejemplo, a la persona del profesional experto externo que habitualmente actúa como mandatario representante de terceros ante la Administración.

    De otro lado, tratándose de sociedades de capital la propia Ley de Sociedades de Capital (art. 233.1) ofrece una vía para identificar quien puede reencarnar o constituirse en el alter ego de una sociedad mercantil en el tráfico jurídico y negocial: uno de estos es el administrador de la sociedad ( art. 233.2.a) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), "BOE" núm. 161, de 3 de julio).

    Por tanto, a su entender, en el caso que se enjuicia, fue ajustado a Derecho que la Inspección exigiera la comparecencia en persona, en la condición de obligado tributario, del órgano-administrador-representante legal de la sociedad afectada.

    Se refiere también a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ("LEC"), "BOE" núm. 7, de 8 de enero (artículo 309), que habilita, en el interrogatorio de la persona jurídica, a declarar o ser interrogado con tal condición, a cualquier persona que intervino en nombre de la persona jurídica en los hechos, la cual solo tendrá la condición de testigo (es decir, de tercero y no de persona jurídica) si ya "no formara parte de la persona jurídica o ente sin personalidad" al tiempo de tener que declarar.

    Considera cierto que "el art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT reviste un carácter excepcional en cuanto limita o merma el derecho de cualquier obligado tributario a ser representado ante la Administración Tributaria", pero ello es así tanto para las personas físicas como para las jurídicas.

    Entiende que puede darse el caso en que la Inspección Tributaria considere que el representante voluntario de una persona jurídica pueda contestar a las preguntas que desea formularle. Pero en el caso concreto que examinó el TSJM lo relevante era la presencia del administrador de la sociedad, sin que corresponda a la persona jurídica, en estos supuestos excepcionales, decidir si comparece a través de su representante legal o de su representante voluntario, estando facultada la Inspección para exigir la comparecencia del representante legal si lo considera necesario para dotar de eficacia al procedimiento sancionador.

    Sobre el elemento objetivo de la infracción tipificada en el art. 203.1.c) de la LGT, entiende que la alegación impugnatoria pretende que se dilucide si la incomparecencia del administrador es constitutiva del hecho típico de la infracción descrita en el art. 203.1 LGT.

    Postula la siguiente respuesta para la cuestión de interés casacional: La facultad excepcional de la inspección de los tributos de requerir la comparecencia personal del obligado tributario, cuando se trate de una persona jurídica, puede referirse a su representante legal cuando la inspección de forma motivada lo requiera por exigirlo la naturaleza de las actuaciones a realizar. La incomparecencia de quien haya sido citado es constitutiva del hecho típico de la infracción descrita en el artículo 203.1 LGT.

    5.- Deliberación, votación y fallo del recurso.

    De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 20 de octubre de 2023, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

    Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2023 se designó Magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 19 de marzo de 2024, fecha en que comenzó su deliberación.


    PRIMERO. - La delimitación de la controversia jurídica

    En el curso de unas actuaciones de regularización tributaria, la sociedad limitada unipersonal, aquí recurrente, fue sancionada como consecuencia de la incomparecencia, reiterada, de su socio único y administrador solidario, a requerimiento de la Inspección, lo que determina la necesidad de interpretar el art. 142.3 LGT y el art. 203.1 LGT El artículo 142.3 LGT estipula lo siguiente:

    Por otro lado, el artículo 203.1 LGT tipifica esta infracción tributaria:


    SEGUNDO. - Los antecedentes en la vía administrativa A partir del auto de Admisión, de las actuaciones judiciales y de las alegaciones de las partes, cabe destacar como circunstancias que han de ser tenidas en cuenta las siguientes:

    1.- En el curso de unas actuaciones inspectoras que se estaban desarrollando con la entidad hoy recurrente, cuyo socio único y administrador solidario era don Constantino , la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) solicitó la presencia del citado administrador de la sociedad en la visita que iba a realizarse a la clínica situada en la Carretera de Humera, núm. 6, de Madrid, lugar donde se desarrollaban las actividades de la sociedad, a efectos de conocer su funcionamiento.

    2.- En concreto, en la diligencia núm. 4, de 3 de marzo de 2.015, extendida en las oficinas de la Inspección, se hizo constar lo siguiente:


    3.- En diligencia núm. 5, de 12 de marzo de 2.015, extendida en las oficinas de la Inspección, se hizo constar lo siguiente:



    4.- Finalmente, la citada visita se acordó celebrar el 25 de marzo de 2015, fecha en la que la entidad indicó, mediante correo electrónico, que no estaría presente el Sr. Constantino :



    5.- En respuesta al mismo, la Inspección remitió otro mensaje por la misma vía en el que se manifestaba cuanto sigue:



    6.- La Inspección se personó en el local de actividad de la sociedad el miércoles 25 de marzo de 2015 por la tarde, sin que en esta visita estuviera presente su representante legal, tal y como se hizo constar en la diligencia incoada en esa fecha (diligencia núm. 7) de 25 de marzo de 2.015, extendida en la sede de la actividad de la empresa:

    7.- El 26 de marzo de 2015, a las 14:50 horas, la Inspección recibe un correo del representante autorizado del obligado tributario en el que se informa que el Sr. Constantino tampoco atendería a la Inspección esa misma tarde:


    8.- Con fecha 9 de abril de 2.015 se notificó a la entidad AGRANTIA, S.L.U. propuesta de imposición de sanción por el procedimiento abreviado con número de referencia A07/70505705, por el concepto de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria, previsto en el art. 203.1.c) de la LGT, y más en concreto, por la incomparecencia del obligado tributario.

    9.- Con fecha 16 de septiembre de 2.015, la Oficina Técnica de Inspección dictó resolución del procedimiento sancionador, confirmando la propuesta de imposición de sanción por un importe de 15.000 euros.

    TERCERO. - La argumentación de la sentencia de instancia Tras la vía económico-administrativa, la entidad sancionada interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAR de Madrid, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, que en sentencia de 19 de octubre de 2022 razona en los Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, en lo relativo a la cuestión controvertida, lo siguiente:

CUARTO. - El juicio de la Sala Los alegatos del recurso de casación no desvirtúan la acertada argumentación contenida en la sentencia de instancia.

    1.- Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar ante la Administración tributaria por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario puedan actuar por medio de representante ( art 46.1 LGT) o podrán intervenir por sí mismos.

    2.- En el caso de las personas jurídicas, actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado ( art 45.2 LGT).

    3.- No se cuestiona que, en el caso de la persona jurídica, pueda comparecer representada, bien por su representante orgánico ( art.45.2 LGT), bien a través de un representante voluntario ( art 46 LGT).

    4.- Lo que determina la controversia en este caso, es que la Inspección reclamó la comparecencia personal del obligado tributario (sociedad limitada unipersonal), al entender que la naturaleza de las actuaciones así lo exigía.

    5.- El último párrafo del artículo 142.3 LGT, anteriormente transcrito, habilita a la Inspección a requerir, excepcionalmente, y de forma motivada, la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar lo exija, de modo que, como matiza el acuerdo sancionador, sin perjuicio de que el mismo pueda acudir acompañado de un representante o de las personas que estime conveniente, a tenor de dicho precepto, el obligado tributario habrá de estar presente en las actuaciones inspectoras cuando lo reclame la Administración.

    6.- Ha de enfatizarse que esa presencia personal solo estará justificada de forma excepcional y cuando las circunstancias del caso lo avalen, como cuando aquí acontece, la Inspección lo precisara de forma motivada para la obtención de determinada información.

    La sentencia de instancia reproduce en su Fundamento de Derecho Quinto el acuerdo de imposición de sanción y corrobora la motivación y la necesidad de que se produjera la comparecencia del administrador, representante orgánico del obligado tributario:

    7.- No cabe aceptar la tesis de la parte recurrente, relativa a que el art. 142.3, tercer párrafo, de la LGT sólo permite a la Inspección de los tributos, reclamar la comparecencia personal de las personas físicas.

    De entrada, el precepto no distingue, pues dicho tercer párrafo se refiere al supuesto excepcional de obligar a una comparecencia personal al obligado tributario y obligado tributario son las personas físicas, las jurídicas, así como las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias ( art 35 LGT).

    Nadie niega que, en el curso de las actuaciones inspectoras, la sociedad recurrente compareció a través de un representante voluntario. Sin embargo, no lo hizo el representante orgánico, cuya presencia era necesaria en un día y hora precisas para entender cumplimentado el requerimiento de la Administración a los efectos del art 142.3 LGT y del art. 203.1 c) LGT, momento temporal, por lo demás, perfectamente acotado.

    8.- Debe enfatizarse, además, como oportunamente señala el abogado del Estado, que no corresponde al obligado tributario decidir si su presencia es necesaria o no a los efectos de las actuaciones de regularización, sino que es la Administración la que debe así justificarlo, cuya motivación y necesidad ha quedado ampliamente corroborada por la sentencia de instancia.

    9.- A los efectos de la excepcional comparecencia personal del obligado tributario del artículo art. 142.3 LGT, al tratarse de una persona jurídica, la presencia de la recurrente exigía -de acuerdo con el citado apartado 2 del artículo 45 LGT- que hubiera comparecido quien ostentaba la titularidad del órgano, es decir, su representante orgánico.

    Pues bien, la parte recurrente no niega que la representación orgánica correspondía a don Constantino , condición que, por otra parte, al ser socio único y administrador solidario, resulta con absoluta nitidez del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("TRLSC"), "BOE" núm. 161, de 3 de julio), cuyo art. 233, referido a la atribución del poder de representación, expresa en su apartado primero, que "{e}n la sociedad de capital la representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada por los estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente", administradores cuyo ámbito de facultades se extiende por ley a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, quedando incluso la sociedad obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que sus actos no están comprendidos en el objeto social ( art. 234 LSC).

    10.- La recurrente aduce que la sentencia recurrida vulnera el art. 203.1.c) de la LGT, en concordancia con los arts. 178 y 183.1 de la LGT y el art. 25.1 de la CE, sobre el principio de tipicidad, así como la jurisprudencia que lo interpreta.

    El alegato, por el que denuncia que la sentencia de instancia desarrolla una interpretación analógica in malam partem y contra el principio de lex certa o taxatividad, debe rechazarse, pues AGRANTIA, S.L.U. incurrió en la infracción tributaria consistente en resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

    AGRANTIA, S.L.U., es sujeto infractor por cuanto, siendo debidamente notificada al efecto, realizó actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

    Por lo demás, el tipo del art. 203.1.c) LGT no se refiere a cualquier "incomparecencia" del infractor con carácter general o indiferenciado, sino a la incomparecencia en el lugar y tiempo que se hubiera señalado, habiendo justificado la Inspección de forma motivada que, en un momento temporal perfectamente acotado, se requería la presencia del órgano de representación -esto es, del administrador solidario- cuya incomparecencia injustificada determinó, en este caso, la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria por parte de la entidad recurrente al no poder considerarse colmada la exigencia, efectuada sobre la base del art 147.3LGT, mediante la presencia de un eventual representante voluntario.

    No es cierto que -según denuncia la recurrente- no existe ningún apoyo legal ni jurisprudencial que equipare la falta de comparecencia personal del administrador de la sociedad infractora con la incomparecencia de la sociedad infractora. La normativa anteriormente expresada desmiente esta conclusión.

    Es más, la infracción se está imputado a la sociedad recurrente por cuanto, a todos los efectos, el administrador solidario ostentaba la representación orgánica de la misma y, de acuerdo con la vía excepcional y motivada del art. 142.3LGT, la presencia de la sociedad se exigió, precisamente, a través del administrador.

    QUINTO. - Contenido interpretativo de esta sentencia y resolución de las pretensiones deducidas en el proceso De conformidad con el artículo 93.1 LJCA, en función de lo razonado precedentemente, procede declarar lo siguiente:



    A la vista de que la sentencia de instancia resulta conforme con la anterior doctrina , el recurso de casación debe ser desestimado.

    SEXTO. - Costas De conformidad con el artículo 93.4 LJCA, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación.


    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    1.- Fijar como criterio interpretativo de esta sentencia el expresado al Fundamento de Derecho Quinto.

    2.- Declarar no haber lugar al recurso de casación 9079/2022, interpuesto por la representación procesal de AGRANTIA, S.L.U., contra la sentencia de 19 de octubre de 2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso núm. 462/2020.

    3.- Sin costas.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma