STS 174/2024 - Fecha: 22/01/2024
Nº Resolución: 84/2024 - Nº Recurso: 4911/2022	Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso - Sección: 2
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid - Ponente: : ISAAC MERINO JARA
ECLI: ES:TS:2024:174 - Id Cendoj: 28079130022024100011


    En Madrid, a 22 de enero de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 4911/2022, interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, representado y defendido por la letrada de sus servicios jurídicos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 23 de Madrid, el 5 de abril de 2022, en el recurso núm. 389/2021 en materia de embargo sobre cuentas para el cobro en vía ejecutiva de multas en materia de circulación y seguridad vial.

    Ha comparecido, como parte recurrida, don Salvador , representado por la procuradora de los tribunales, doña Rosalía Rosique Samper.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.


    PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

    El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada el 5 de abril de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 23 de Madrid, que estimó el recurso núm. 389/2021 promovido por don Salvador , contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid de 22 de octubre de 2021 que, por su parte, había desestimado la reclamación económico-administrativa frente a la desestimación del recurso de reposición contra la diligencia de embargo de cuenta corriente ordenado para cobrar, por vía ejecutiva, las deudas correspondientes a 22 sanciones de multa interpuestas en materia de circulación y seguridad vial.

    SEGUNDO.- Hechos relevantes.

    1º.- Procedimiento de apremio y diligencia de embargo de cuenta bancaria En el seno del procedimiento de apremio seguido por la Agencia Tributaria de Madrid contra don Salvador respecto de 22 deudas correspondientes a sanciones por infracciones en materia de circulación y seguridad vial, la Administración municipal dictó, el 8 de abril de 2019, diligencia de embargo de cuenta corriente.

    Dicha diligencia de embargo contemplaba la traba de 2.028,06 euros en una cuenta del deudor abierta en una sucursal de la entidad financiera Liberbank, S.A. (luego absorbida por Unicaja Banco, S.A.) radicada en Toledo, esto es, fuera del término municipal de la Administración actuante.

    2º.- Recurso de reposición y reclamación económico-administrativa Con fecha 24 de abril de 2019 se notificó la diligencia de embargo al señor Salvador quien, contra la misma, interpuso recurso de reposición. El 21 de noviembre de 2019; no habiendo obtenido resolución expresa, interpuso reclamación económico-administrativa contra la desestimación por silencio administrativo del recurso en la que, entre otras cuestiones, alegó la infracción de las normas reguladoras de la práctica de los embargos por vulneración de lo previsto en el artículo 8.3 del del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El día siguiente, 22 de noviembre de 2019, la Dirección de la Agencia Tributaria de Madrid dictó resolución desestimatoria del recurso de reposición que se entendió notificada por medio de anuncio en el boletín oficial correspondiente el 6 de marzo de 2020.

    La reclamación económico-administrativa fue tramitada bajo el número NUM003 ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Municipal de Madrid que, finalmente, la desestimó mediante resolución de 25 de octubre de 2021. La resolución económico-administrativa indicó lo siguiente en relación con el motivo de impugnación anteriormente señalado (FJ 7º): "{...} De acuerdo con este último precepto { artículo 79 del Reglamento General de Recaudación}, que prevé que la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito, pueda ser convenida, con carácter general, entre éstas y las Administraciones actuantes, aquéllas han definido y aplican -a través de sus respectivas asociaciones (como la Confederación Española de Cajas de Ahorros -CECA- de la que es miembro la entidad de crédito -Liberbank, S.A., luego absorbida por Unicaja Banco, S.A.- en la que el reclamante tenía abierta cuenta)- un "Procedimiento centralizado de información y ejecución de embargos de dinero en cuentas abiertas a la vista en Entidades de Depósito por deudas tributarias y otras de derecho público" (comúnmente conocido como "Cuaderno 63") {...} Así, pues, como para emitir e introducir por el referido sistema centralizado un requerimiento de información y embargo del dinero existente en las cuentas de titularidad de un deudor, dictando la correspondiente diligencia de embargo, el Ayuntamiento no necesitaba realizar ni realizó actuación alguna fuera de su término municipal, la alegación de haberse excedido territorialmente en el ejercicio de su competencia resulta infundada y no puede ser acogida.

    Otro sería el caso si, por no existir un procedimiento centralizado convencionalmente admitido y aplicado, como el descrito, el Ayuntamiento hubiera tenido que personarse formalmente en la oficina {...} Dicho lo anterior, no parece inoportuno recordar, en fin, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que por el hecho de que los bienes sobre los que se proyecta el embargo radiquen fuera del término municipal no queda el Ayuntamiento completamente desapoderado, para ordenarlo, habiéndose establecido como doctrina legal, por Sentencia de 16 de marzo de 2011 (ES:TS:2011:1744), que "El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal". Y si un Ayuntamiento puede ordenar el embargo de un bien inmueble ubicado fuera de su territorio, con mayor razón debe reconocerse su capacidad para ordenar el embargo del dinero existente en una cuenta abierta en una entidad de crédito cuando ésta opera en todo el territorio nacional-y por tanto también en el propio término municipal- y dicho dinero, por la propia naturaleza de las cuentas abiertas en las entidades de crédito, carece de una localización física determinada.

    Por los motivos señalados, pues, no podemos acoger la alegación del reclamante y debemos desestimar la reclamación".

    3º.- Recurso contencioso-administrativo.

    Frente a la anterior resolución, el señor Salvador interpuso recurso contencioso-administrativo que se tramitó con el número 389/2021 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 23 de Madrid y fue estimado por sentencia de 5 de abril de 2022.

    TERCERO.- La sentencia de instancia.

    La ratio decidendi de la sentencia sobre particular el controvertido se contiene en el fundamento jurídico segundo, con el siguiente tenor literal:


    En el caso examinado la Administración tributaria del Ayuntamiento demandado embargó un saldo en la cuenta corriente de una sucursal bancaria de la ciudad de Toledo; en palabras de la recurrente, el efecto jurídico del embargo se produce fuera del término municipal de Madrid, y si tales efectos se producen en Toledo es porque los bienes embargados allí estaban, es decir, fuera de su competencia territorial".

    La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

    CUARTO.- Tramitación del recurso de casación.

    1.- Preparación. La letrada del Ayuntamiento de Madrid, en la representación que le es propia, presentó escrito, el 20 de mayo de 2022, preparando recurso de casación contra la sentencia dictada.

    Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringido, el artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 9 de marzo) {"TRLRHL"}.

    La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 23 de mayo de 2022.

    2.- Admisión. La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 25 de enero de 2023, en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:



    3.- Interposición. La letrada del Ayuntamiento interpuso recurso de casación mediante escrito de 15 de marzo de 2023.

    Concluye el escrito de interposición solicitando de este tribunal que:



    4.- Oposición al recurso interpuesto. La representación procesal de don Salvador , presentó escrito, el 9 de mayo de 2023, oponiéndose al presente recurso, en el cual concluye, en contra de las pretensiones de la parte actora: "La Administración municipal NO puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera del término municipal del Ayuntamiento embargante, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de la Administración local, siendo necesario en estos casos instar, conforme al artículo 8.3 del TRLHL, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente Comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, según corresponda".

    5.- Votación, fallo y deliberación del recurso. De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 16 de mayo de 2023, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

    Por providencia de fecha 7 de julio de 2023 se designó como Magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 28 de noviembre de 2023, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.


    PRIMERO. - Objeto del presente recurso contencioso administrativo

    Lo que se suscita en el presente recurso es si una entidad local, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, puede o no practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas corrientes abiertas en sucursales de una entidad financiera radicada fuera de su término municipal, concretamente en Toledo, cuando dicha actuación, realizada en el marco de un procedimiento de apremio, no requiere, materialmente, la realización de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de sus órganos de recaudación.

    SEGUNDO. - Alegaciones de las partes.

    Comienza su escrito de alegaciones el Ayuntamiento reproduciendo diversos preceptos legales y reglamentarios en los que, a su juicio, se inscribe el presente recurso.

    En particular, reproduce el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (en lo sucesivo, RGR), que prevé la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.

    En base a él afirma que las diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito, puede ser convenida,

    Mantiene que sería diferente el caso si no existiera un procedimiento centralizado convencionalmente admitido y aplicado, como el descrito, y el Ayuntamiento hubiera tenido que personarse formalmente en la oficina donde estuviera abierta la cuenta para exigir a sus responsables que retuvieran el importe embargado. Entonces sí, asegura, el Ayuntamiento no tendría legalmente otro remedio que recurrir a los mecanismos de colaboración interadministrativa previstos en el artículo 8.3 del TRLRHL, mecanismos de los que, sostiene,

    Sostiene, que por el hecho de que los bienes sobre los que se proyecta el embargo radiquen fuera del término municipal, no queda el Ayuntamiento completamente desapoderado para ordenar el embargo, habiéndose establecido como doctrina legal, por STS, sección 4ª, de 16 de marzo de 2011, RC 53/2009, que: "El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal". Siendo eso así, dice, "si un Ayuntamiento puede ordenar el embargo de un bien inmueble ubicado fuera de su territorio, con mayor razón debe reconocerse su capacidad para ordenar el embargo del dinero existente en una cuenta abierta en una entidad de crédito cuando ésta opera en todo el territorio nacional -y por tanto también en el propio término municipal- y dicho dinero, por la propia naturaleza de las cuentas abiertas en las entidades de crédito, carece de una localización física determinada".

    El Ayuntamiento resume los argumentos de dicha sentencia señalando, en síntesis, que:

    (i) la LGT no exige que la diligencia de embargo de un bien inmueble se realice en el lugar donde se ubica físicamente el mismo; (ii) lo que no pueden realizar los municipios son "actuaciones ejecutivas" o "actuaciones en fase ejecutiva" o "coactivas" o "el procedimiento de ejecución forzosa".

    El Sr. Salvador , en su escrito de oposición, comienza manifestando que el término municipal es el ámbito territorial en el que las entidades locales pueden ejercer sus competencias, según establece el artículo 12 Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local ( LRBRL). Seguidamente reproduce el artículo 8.3 TRLRHL, que regula el supuesto de actuaciones ejecutivas fuera del término municipal.

    Advierte que es significativo el título del artículo, "Colaboración", término que excluye que el Ayuntamiento pueda por sí mismo y de forma independiente realizar actuaciones de recaudación ejecutiva fuera de su término municipal.

    Defiende que el apartado 3 de dicho artículo concreta aún más sobre esa colaboración, identificando quién han de realizar estas actuaciones de recaudación ejecutiva, y quién ha de solicitar la colaboración En su opinión, es claro que de ese precepto se desprende que se excluye de la potestad del Ayuntamiento la realización, por sí mismo y de forma independiente, de actuaciones de recaudación ejecutiva fuera de su propio término municipal y también lo está que esa colaboración no es otra que la colaboración entre administraciones públicas.

    No parece que, como pretende el Ayuntamiento, pueda interpretarse que, al amparo del citado artículo 8.3 TRLRHL, el Ayuntamiento de Madrid pueda ejecutar una diligencia de embargo y apropiarse del saldo que se encuentra depositado en una cuenta corriente de una sucursal bancaria ubicada fuera del término municipal de Madrid (concretamente en la ciudad de Toledo en este caso). No comparte que el Ayuntamiento pueda realizar cualquier acto de ejecución recaudatoria sobre cualquier bien ubicado fuera del término municipal de Madrid siempre que no fuera necesario desplazar físicamente a un funcionario municipal El rechazo a las tesis del Ayuntamiento se basa en que:

    (i) el artículo 8.3 TRLRHL no habla de " actuaciones materiales o físicas" de inspección o recaudación, sino que habla de " actuaciones en materia de ... recaudación" por lo tanto, el precepto legal incluye tanto los actos administrativos de recaudación, como los actos materiales de recaudación, que en ambos casos son actos de ejecución en materia recaudatoria.

    (ii) el elemento que determina que un Ayuntamiento haya de valerse de las formas de colaboración previstas en el artículo 8.3 TRLRHL, no es el desplazamiento del funcionario fuera del término municipal, sino que el bien sobre el que recae la actuación recaudatoria se encuentre fuera del término municipal del Ayuntamiento que ejercita la potestad recaudatoria.

    De manera que si el bien sobre el que recae la potestad recaudatoria se encuentra fuera del término municipal del Ayuntamiento que la ejercita, "es cuando el art. 8.3 TRLHL impide que el Ayuntamiento recaudador actúe por su cuenta, porque el Legislador sabe que, de hacerlo, se estaría actuando en materia recaudatoria fuera del término municipal que es el que constituye el ámbito territorial de la competencia de los ayuntamientos, y es por ello que el Legislador impone la exigencia de colaboración mutua entre Administraciones, precisamente como forma de articular de una manera compatible las actuaciones recaudatorias fuera del municipio con respeto a los respectivos ámbitos territoriales de competencia".

    (iii) el embargo del saldo de una cuenta corriente de una sucursal bancaria de la ciudad de Toledo, ha constituido una actuación en materia recaudatoria mediante la que el Ayuntamiento de Madrid se ha apropiado materialmente de un dinero que estaba fuera de su municipio, lo que equivale a practicar directamente una actuación en materia recaudatoria fuera del término municipal de Madrid, con vulneración del artículo 8.3 TRLRHL pues hubiera necesitado de alguna de las formas de colaboración previstas en el mismo.

    Sostiene después que el artículo 171.1 LGT también limita el embargo de cuentas corrientes al ámbito competencial de la administración ordenante del embargo, que en el caso de los municipios no es otro que el de su término municipal, pues en ese artículo se contienen las reglas específicas sobre el embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito, y que también, en la misma línea que el artículo 8.3 TRLRHL, limita la extensión de dichos tipos de embargo a la competencia territorial de la Administración embargante.

    Lo que subyace tanto en el artículo 8.3 TRLRHL como en el 171.1 LGT, "no es más que el respeto a la premisa básica del ámbito territorial en el que las Administraciones Públicas pueden y deben ejercer sus competencias", de suerte que "el impedimento a que los Ayuntamientos puedan ejercitar por sí mismos sus competencias más allá del su término municipal no constituye un impedimento absoluto para la recuperación de sus propios ingresos públicos, pues precisamente para ello el Legislador tiene previsto en el art. 8.3 TRLHL las fórmulas de colaboración entre Administraciones Públicas que puede utilizar cualquier Ayuntamiento".

    Asevera que la coherencia jurídica que guarda el artículo 8.3 TRLRHL con el artículo 171.1 LGT, se ve complementada con lo que establece el artículo 170.3 c) LGT, que recoge como motivo de oposición y nulidad de la diligencia de embargo el incumplimiento de " las normas reguladoras del embargo" contenidas en la LGT, y no es dudoso que ordenar y ejecutar un embargo del saldo de una cuenta corriente sita fuera del término municipal del ayuntamiento ordenante, sin utilizar las fórmulas de colaboración previstas en el artículo 8.3 TRLRHL y/o extendiendo el embargo más allá de lo que permite el artículo 171.1 LGT, implica incumplir las normas reguladoras del embargo.

    No admite el Sr. Salvador que el artículo 79 RGR refuerce la tesis del Ayuntamiento de Madrid sobre la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades de crédito, dado que "una cuestión es lo que se haya convenido o pactado para la presentación telemática de diligencias de embargo y otra muy distinta que tales pactos o convenios puedan amparar, en contra de lo establecido en la Ley, una extensión de actuaciones en materia recaudatoria más allá del ámbito territorial de competencias del Ayuntamiento embargante".

    En el caso concreto que nos ocupa, concluye, antes de analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 8.3 del TRLRHL, que "constando que el Ayuntamiento de Madrid no tiene, al amparo del art. 8.3 TRLHL, ni ha hecho solicitud alguna ni tiene convenio alguno de colaboración con órganos administrativos autonómicos o provinciales competentes de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni tampoco locales como lo sería el Ayuntamiento de Toledo que pudieran permitir una actuación recaudatoria en la ciudad de Toledo, el denominado "Cuaderno 63" que se dice tener suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de ningún modo puede sustituir a la legislación vigente o los acuerdos de colaboración del art. 8.3. TRLHL".

    El Sr. Salvador también examina nuestra sentencia de 16 de marzo de 2011, RC 53/2009, concluyendo, tras su análisis, que de ella no puede extraerse un respaldo favorable a la tesis del Ayuntamiento pues, si bien es cierto que dicha sentencia admite la posibilidad de que una administración local anote un embargo, como traba cautelar, sobre un bien inmueble situado fuera de término municipal del ayuntamiento embargante, no es menos cierto que la misma sentencia también afirma literalmente que: "Cuestión distinta sería el procedimiento de ejecución forzosa de un bien radicado fuera de la circunscripción municipal" es decir, asegura, deja claro que no puede ejecutarse materialmente dicho embargo del bien fuera de su jurisdicción, lo cual resulta aplicable analógicamente al caso que nos ocupa, pues reitera, el saldo embargado al recurrido estaba en una cuenta corriente abierta en una sucursal bancaria de la ciudad de Toledo, y para poder ejecutar el embargo sobre el mismo, el artículo 8.3 TRLRHL impide que el Ayuntamiento lo haga directa e independientemente, estando obligado a solicitar su práctica a "los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso".

    Esta misma línea jurisprudencial, y no la que plantea la recurrente, es, concluye, precisamente la que ha seguido la sentencia recurrida en casación, y la que entiende que ha de seguirse ahora al resolver el presente recurso

    TERCERO.- Criterio de la Sala

    Iniciamos señalando, por un lado, que las actuaciones recurridas tuvieron lugar en 2019 y, asimismo, que se trata de enjuiciar la conformidad a derecho de una diligencia de embargo de cuenta corriente ordenado por el Ayuntamiento de Madrid para cobrar por vía ejecutiva las deudas correspondientes a 22 sanciones de multa interpuestas en materia de circulación y seguridad vial.

    Es por ello por lo que ha de tenerse presente que el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 110, intitulado "cobro de multas" que:



    La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) recoge, de manera expresa, el principio de colaboración administrativa en su artículo 106. 3, atribuyendo a las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas comunidades autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las comunidades autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

    Alineado con dicho precepto se encuentra el artículo 8, relativo a la "colaboración", del TRLRHL que consta de tres apartados, siendo su redacción la siguiente:



    De momento, recordemos la sentencia del TS, sección 2ª, de 29 de noviembre de 1995, RC 704/1993, relativa a la impugnación por la Federación Catalana de Cajas de Ahorro del artículo 10 del Real Decreto 1108/1993, de 9 julio que desarrolla el régimen de delegación de competencias y colaboración entre administraciones tributarias, establecido por los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LHL), concretando, tal como se expresa en el Preámbulo de aquella disposición, el alcance territorial de las actuaciones que se verifiquen como consecuencia de ambos regímenes, estableciendo que la entidad que deba llevar a efecto tales actuaciones podrá verificarlo en todo su ámbito territorial, incluyendo las demarcaciones de aquellas entidades locales comprendidas en el mismo que no le hubiesen delegado estas facultades o que no hubiesen establecido, con la entidad que las actúa, ninguna fórmula de colaboración. Esta última precisión, en cuanto permite a las diputaciones provinciales el ejercicio de las competencias municipales en materia tributaria en territorio distinto al del ayuntamiento a quien corresponden es lo que motivó el recurso. Pues bien, en esa sentencia, el TS declara que "la prestación de colaboración entre Administraciones Públicas es un principio esencial en toda organización integrada por una variedad de entes que, por lo que se refiere a la Administración expresamente impuesta en el artículo 4º de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, sin que para ello sea preciso un acuerdo expreso para su efectividad, y sin que sea aceptable la negativa de la entidad cuya colaboración se solicita, basada en razones diferentes de la simple de atender el auxilio requerido". Acto seguido señala que "el artículo 8.2 contiene la indicación de una serie de actuaciones de colaboración que no tiene carácter exhaustivo, sino simplemente enunciativo y cuya articulación precisa de distintas condiciones. En unos casos, la existencia de un acuerdo previo entre las entidades interesadas puede ser necesaria {convenios para la intercomunicación técnica a través de los respectivos Centros de Informática, artículo 8.2, a), o para desarrollar planes de actuación conjunta o coordinada, artículo 8.2, d)}; en otros se requiere la existencia de un desarrollo reglamentario {prestación recíproca de asistencia, artículo 8.2, b) y comunicación de hechos con trascendencia tributaria que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspección tributaria, artículo 8.2, c)}; otros, en cambio, como los relativos a la facilitación mutua de toda la información que se solicite, artículo 8.2, a), no precisa para su cumplimiento sino de la petición de la entidad local que necesite de esa información".

    Después afirma, y esto es lo que más importa ahora:


    La referencia a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 30/1992, "Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas", hoy hay que entenderla realizada al artículo 141 ("Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas"), hoy vigente, que dispone:



    Específicamente, cuando las actuaciones de recaudación ejecutiva por parte de un ayuntamiento deben realizarse fuera de su territorio, dicho ente local está imposibilitado jurídicamente para ejercerlas, estando obligado, en tales casos, a acudir a lo dispuesto en el artículo 8.3 TRLRHL. En esa línea se sitúa el artículo 8 RGR, en conexión con el artículo 5.5 LGT. En particular, el primero de esos artículos, relativo a "Recaudación de la Hacienda pública de las entidades locales y de sus organismos autónomos" dispone que:


    No en vano, el artículo 12.1 LBRL dispone: "El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias". En ocasiones, como la presente, el ayuntamiento pretende el ejercicio extraterritorial de competencias, posibilidad que no es conforme a derecho.

    Ese precepto determina, sin sombra alguna de duda, que el término municipal es el ámbito territorial en el que cada municipio ejerce las competencias que le son propias, entre las que se encuentran la recaudación de tributos e ingresos de derecho público propios del ayuntamiento, en este caso, deudas derivadas de multas de tráfico.

    Por su parte, el artículo 8.3 TRLRHL regula el supuesto de actuaciones de recaudación ejecutiva por parte de entidades locales que pretendan efectuarse fuera del término municipal de la entidad que ejercita su competencia en materia a recaudatoria, precepto que no permite que, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, realice directamente el embargo de 2.028,06 euros en una cuenta del deudor abierta en una sucursal de la entidad financiera radicada en Toledo, esto es, fuera del término municipal de la administración actuante.

    Por todo esto, ya estamos en condiciones de responder a la cuestión con interés casacional, siendo, por consiguiente, la doctrina que fijamos la siguiente:



    CUARTO. - Resolución de las pretensiones deducidas en el recurso de casación.

    La pretensión del Ayuntamiento consiste en que se case la sentencia recurrida que anula la resolución de la reclamación económico-administrativa número NUM003 dictada por el Tribunal Económico-administrativo de Madrid, en fecha 22/10/2021 que, a su vez, anula la diligencia de embargo en cuenta corriente. En cambio, el Sr. Salvador solicita la desestimación del recurso de casación.

    Pues bien, en función de todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de casación, al resultar conforme la sentencia impugnada con la doctrina expuesta.

    QUINTO.- Costas De conformidad con el artículo 93.4 LJCA, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación, por lo que cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia y las comunes, por mitad.


    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    Primero. Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia.

    Segundo. Declarar no haber lugar al recurso de casación núm. 4911/2022, interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, representado y defendido por la letrada de sus servicios jurídicos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 23 de Madrid, el 5 de abril de 2022, en el recurso núm. 389/2021 en materia de embargo sobre cuentas para el cobro, en vía ejecutiva, de multas en materia de circulación y seguridad vial, sentencia cuya confirmación procede.

    Tercero. Hacer el pronunciamiento sobre costas expresado en el último fundamento de derecho.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.