Consulta número: V3265-23 - Fecha: 19/12/2023
Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Físicas

NORMATIVA:

    LIRPF. Ley 35/2006. Arts. 8.3, 14, 33-35, 88-90.



    Expropiación forzosa de una parte de una finca propiedad de la comunidad de bienes. Como consecuencia de la misma, se abona a la mencionada comunidad una cantidad que se ha repartido a cada copropietario en proporción a su porcentaje de titularidad en la citada finca.


    1º Tributación de los ingresos procedentes de la expropiación forzosa en la declaración de la renta de cada copropietario.

    2º Modo de indicación y clave en el modelo 184 de las cantidades recibidas por cada copropietario.


    Para analizar el tratamiento tributario de la indemnización percibida por una comunidad de bienes por la expropiación forzosa de un elemento común se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, que establece que "no tendrán la consideración de contribuyentes las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Las rentas correspondientes a las mismas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del título X de esta Ley".

    Dentro de esta sección 2ª, el artículo 88 dispone que las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos.

    El apartado 3º del art. 89 LIRPF establece que: "las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales".

    Conforme con lo expuesto, las rentas derivadas de la expropiación se atribuirán a cada uno de los comuneros en función de su correspondiente participación.

    Partiendo de la hipótesis de que lo que se transmite es una parte del inmueble donde los copropietarios ejercen su actividad económica, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 28.2 LIRPF, que establece:




    El artículo 33.1 de la Ley del Impuesto define las ganancias y pérdidas patrimoniales como "las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos."  De acuerdo con esta configuración, la transmisión derivada de la expropiación forzosa dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, que vendrá dada por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de la finca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la LIRPF, valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36, para las transmisiones onerosas y lucrativas respectivamente.

    El artículo 35 de la LIRPF establece lo siguiente:



    Por gastos inherentes a las operaciones de adquisición y transmisión cabe entender aquellos que correspondan a actuaciones directamente relacionadas con la compra y la expropiación del inmueble.

    Tratándose de una cuestión de hecho los comuneros habrán de poder justificar debidamente, en su momento, los citados gastos inherentes por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, ante los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, a los que corresponderá su oportuna valoración a requerimiento de los mismos.


    En cuanto a las mejoras, se debe señalar que, para el cálculo de la ganancia patrimonial conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2 de la LIRPF, en el caso de que se hubiesen efectuado mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se deberá distinguir la parte del valor de enajenación que corresponda a cada componente del mismo.

    Por otro lado, la regla general de imputación temporal de las ganancias o pérdidas patrimoniales, es la contenida en el artículo 14.1.c) de la Ley del Impuesto, según el cual "las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial".

    La alteración patrimonial en los supuestos de expropiación forzosa debe considerarse producida, salvo en los casos de expropiación por el procedimiento de urgencia, cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la consecuente ocupación del bien expropiado.

    La parte proporcional de la ganancia o pérdida patrimonial a imputar por el cobro del justiprecio se integrará en la base imponible del ahorro de cada uno de los copropietarios, en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 35/2006.

    Al tratarse de una ganancia o pérdida patrimonial derivada de la expropiación de parte de un inmueble, las cantidades percibidas por cada copropietario no estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta del impuesto.

    Respecto a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Expropiación Forzosa ("el pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos al Estado"), cabe señalar que tal exención se refiere única y exclusivamente a los impuestos que pudieran gravar el pago del precio, no haciéndose extensible a la alteración patrimonial derivada de la transmisión onerosa de elementos patrimoniales.

    En relación con la segunda cuestión planteada, el artículo 90 de la Ley del Impuesto regula las obligaciones de información de las entidades en régimen de atribución de rentas de la forma siguiente:




    A estos efectos, en relación con las obligaciones tributarias ante la AEAT, de acuerdo con el artículo 117 LGT, corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de los órganos que desarrollan las funciones de gestión tributaria, el ejercicio de las actuaciones de información y asistencia tributaria y, en concreto, en cuanto a la forma en que debe darse cumplimiento a las obligaciones formales derivadas de los impuestos correspondientes.

    Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.