Resolución: 08719/2021 - Fecha: 24/10/2022
Calificación: Doctrina	Unidad resolutoria: TEAC

Referencias normativas: RDLeg 3/2004 Texto Refundido Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF: 17.2.c)
Ley 35/2006 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF DT.12




En Madrid , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio de referencia.



    PRIMERO.- Dª. X (en adelante también "la Sra. X" o simplemente "la obligado" o "la parte") presentó en plazo y en régimen de "declaración individual" la declaración-autoliquidación atinente a su tributación por el I.R.P.F. del año 2017, en la que declaró como rendimientos del trabajo un importe de 15.354,75 euros, importe recibido por el rescate de un Plan de pensiones que tenía en VIDACAIXA con ese capital; importe al que le practicó una reducción de 5.895,77 euros al haberlo percibido como una pago único y corresponder en la cuantía correspondiente a aportaciones efectuadas antes del 31/12/2006.

    El 03/12/2018 el Administrador de la Administración de la A.E.A.T. notificó a la obligado el inicio de un procedimiento de comprobación limitada:  



    Tras instruir ese procedimiento, instrucción durante la que la obligado formuló las alegaciones que tuvo a bien, el 26/02/2019 el Administrador de la AEAT notificó a la Sra. X. una resolución con liquidación provisional con un importe a ingresar de 2.847,08 euros; liquidación provisional con la que regularizó el único concepto siguiente:  



    SEGUNDO.- Frente a ese acuerdo y liquidación provisional, la obligado interpuso el 22/03/2019 una reclamación económico-administrativa ante el T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana (reclamación nº. 46/03396/2019); reclamación en cuyo escrito de interposición planteó ya la alegación -única- siguiente:  



    Reclamación nº. 46/03396/20169 que el T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana estimó, mediante una resolución de 29/04/2021 en la que consideró que:  



    TERCERO.- Frente a dicha resolución del T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana, y mediante un escrito dirigido a ese T.E.A.R., el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la A.E.A.T. interpuso el presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

    Recurso en el que el Director recurrente formuló más tarde las alegaciones siguientes:  



    CUARTO.- El T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana dio traslado del presente recurso a la Sra. X que en su día ostentó ante el mismo la condición de interesada, y cuya situación jurídica particular en ningún caso va a resultar afectada por la resolución que se dicte en el presente recurso, como lo dispone el art. 242.3 de la Ley 58/2003, a fin de que en el plazo de un mes pudiera alegar lo que estimara procedente.

    Trámite en el que la Sra. X presentó un escrito con el que se limitó a reiterarse en las alegaciones que ella había presentado al T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana, y a manifestar que compartía el criterio que ese T.E.A.R. había incorporado a su resolución.



    PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite del presente recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT). .

    SEGUNDO.- El Director recurrente ha acotado la cuestión que se debate en el presente recurso en los términos siguientes:  

    « La cuestión controvertida en el presente recurso es determinar si un contribuyente, titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 2007, puede beneficiarse, en más de un ejercicio fiscal, de la reducción prevista en el artículo 17.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por el Real Decreto-legislativo 3/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLIRPF), por aplicación del régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (en adelante, LIRPF). »  

    Cuestión respecto de la que pretende que este Tribunal fije el criterio de que:  

    « la reducción prevista en el artículo 17.2.c) TRLIRPF, por aplicación del régimen transitorio de la disposición transitoria duodécima de la LIRPF, solo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un único año, a elección del contribuyente. El resto de cantidades percibidas en otros años, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su totalidad sin aplicación de la reducción del 40 por 100. »  

    Lo que supone que considera erróneo que el T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana resolviera que la Sra. X tenía derecho a aplicar esa reducción a una parte de lo que percibió como pago único en 2017 al rescatar un Plan de Pensiones que tenía en VIDACAIXA, puesto que ya había aplicado esa reducción en 2016 al rescatar, también con un pago único, otro Plan de Pensiones que tenía en la entidad WINTERTHUR.

       La cuestión que se somete a este Tribunal alcanza a determinar la correcta tributación de las prestaciones recibidas de los planes de pensiones en forma de capital.

La actual Ley del I.R.P.F., la Ley 35/2006, eliminó la posibilidad de aplicar a partir del 01/01/2007 la reducción del 40 por 100 a las cantidades percibidas como pago único por los beneficiarios de los Planes de Pensiones; posibilidad que hasta entonces sí que existía; y como esa posibilidad hasta entonces existente había generado en los obligados que tuviesen ya de antes derechos consolidados en algún Plan "un auténtico derecho subjetivo" a poder disfrutar de tal reducción, la Ley 35/2006 incluyó una D.T., la duodécima, del siguiente tenor:




  Por tanto, la Ley 35/2006 eliminó la posibilidad de aplicar esa reducción del 40 por 100 a partir del 01/01/2007, pero la mantuvo para las prestaciones percibidas a partir de esa fecha siempre que trajeran causa de aportaciones efectuadas antes de ese 01/01/2007 (hasta el 31/12/2006).

    Lo que nos obliga a examinar los regímenes fiscales vigentes antes de esa fecha bajo los que podrían haberse producido tales aportaciones efectuadas antes del 01/01/2007.

    TERCERO.- La situación inicial.

    Los Planes de Pensiones se incorporaron a las instituciones de previsión social en España con la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Ley P.y F.P.), que los reguló tanto en sus aspectos substantivos de todo orden, como en los fiscales, como puede leerse en los arts. 1, 4, 5, 8, 27 y 28 de dicha ley:  




    Un tratamiento fiscal que se incardinó, sin incluirse en el mismo, en el general de la entonces todavía vigente Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que, sin perjuicio de había sido modificada en múltiples y relevantes aspectos por la Ley 48/1985, de 27 de diciembre, y por otras muchas, seguía estando entonces todavía vigente.

    Y al hilo de eso que decía el art. 28.2 de la Ley 8/1987 de que:


Recordamos que entonces -en junio de 1987- la Ley 44/1978 del I.R.P.F. disponía en su art. 27 que:



    Y un régimen financiero y fiscal que se completaba con lo que recogía el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (R.D. 1307/1988, de 30 de septiembre) en sus arts. 16, 66 y 67:



    Una regulación que suponía un tratamiento de sobra conocido, caracterizado por los siguientes rasgos principales:  

    I.- Podían hacer aportaciones tanto los promotores como los propios partícipes; con un límite de lo aportado e imputado por unidad familiar de 750.000 ptas. anuales (art. 5.3 de la Ley 8/1987).

    II.- Para que las aportaciones de los promotores fueran para ellos deducibles en su imposición directa (generalmente en el I. s/ Soc. si se trataba de empresas), tenían que imputarse fiscalmente a los beneficiarios; imputación que para los partícipes beneficiarios suponía para ellos una renta.

    III.- Aunque luego los partícipes beneficiarios podían practicarse por lo que se les hubiera imputado más por sus propias aportaciones una reducción en su Base imponible con determinados límites: uno porcentual del 15% de sus rendimientos netos del trabajo, empresariales, profesionales o artísticos, según correspondiera, y uno absoluto de 500.000 pesetas anuales; admitiéndose la practica de una deducción por el exceso.

    Estos límites del 15% de sus rendimientos netos y de 500.000 pesetas anuales, eran unos límites que topaban las reducciones con causa en las aportaciones e imputaciones del año a todos los planes de pensiones del sujeto concernido, y el segundo -las 500.000 pesetas anuales- no sólo las de él sino las de todos los miembros de la unidad familiar (art. 27.a de la Ley 8/1987 in fine).

    Esas aportaciones e imputaciones, y las rentabilidades de lo acumulado, iban generando los "derechos consolidados" de los partícipes (art. 8.8 de la Ley 8/1987), que podían movilizarlos de unos Planes a otros, salvo den los de empleo mientras subsistiese la relación laboral con el Promotor.

    IV.- Mientras que las prestaciones podían ser -ex. art. 8.5 de la Ley 8/1987- en forma de rentas -temporales o vitalicias-, de capital -percepción única-, o mixtas (parte como rentas y parte como capital).

    Las prestaciones en forma de capital -percepciones únicas- se contemplaban como una única prestación a percibir cuando se produjera la contingencia de que se tratara de las de los arts. 8.6 de la Ley 8/1987 y 16 del Reglamento de F.yP.P.

    V.- Las prestaciones recibidas tributaban en sede de los beneficiarios como rendimientos del trabajo; si lo percibido era una renta como rendimiento del trabajo de cada año por lo percibido ese año; y si lo percibido era en forma de capital -percepciones únicas- como una renta irregular, en los términos del art. 67.1.a) del Reglamento de P.yF.P., que replicaba lo que disponía el art. 27.2 de la Ley 44/1978, del I.R.P.F.

    VI.- Por tanto, si las prestaciones se recibieran como rentas se tributaría por todo lo que no se había tributado en su día.

    Mientras que si las prestaciones se recibiesen como capital -percepciones únicas- habría una reducción; pero no específica para los planes de pensiones, sino la aplicable a todos los supuestos de acumulación de rentas que habiéndose devengado en varios períodos se terminaran percibiéndose en un único momento; con una finalidad diáfana, atenuar la progresividad del impuesto para las rentas con esas características: devengadas en varios períodos y percibidas íntegramente en uno determinado.

    El régimen fiscal que se acaba de exponer, determina que los planes de pensiones eran un régimen de mero diferimiento de la tributación, pues ni incorporaban beneficio fiscal alguno ni suponían ningún tipo de privilegio fiscal específico; algo que ya se decía en el preámbulo de la Ley 8/1987:  



    VII.- Por otra parte, y de cara a lo que aquí nos interesa, en esa normativa que acabamos de citar nada se decía en contra de que un participe pudiera participar en dos o más planes, y de hecho era harto frecuente que hubiera personas que eran partícipes en un Plan de empleo, promovido por la entidad en la que trabajan, y además en otro Plan individual promovido por una entidad financiera y en el que esa persona hacía aportaciones particulares; y no sólo eso, pues un mismo sujeto podía ser partícipe de dos o más Planes de empleo promovidos por las empresas en las que hubiera trabajado sucesivamente; y de la misma manera un mismo sujeto podía ser partícipe de dos o más Planes individuales, porque así le hubiera interesado  

    VIII.- Además, y al hilo de lo anterior, y para el caso de un sujeto que fuera partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital -percepción única-, en esa normativa que acabamos de citar nada se decía en contra de que todas esas percepciones pudieran recibir el tratamiento de rentas irregulares.

    Aunque, eso sí, lo entonces previsto eran que todos esos derechos consolidados correspondientes a planes distintos se percibiesen en un único año, el año en que ocurriera la contingencia concernida en los términos antes expuestos en el número IV (arts. 8.6 de la Ley 8/1987 y 16 del Reglamento de P.y F.P.).

    IX.- Finalmente, debe repararse que el tratamiento fiscal sería exactamente el mismo si el partícipe beneficiario participaba en un único Plan como si lo hacía en varios; porque a la hora de las aportaciones los límites eran conjuntos para las aportaciones (propias o por imputación de los promotores) a todos ellos, como se ha explicado en el número III; y a la hora de las percepciones se acumularían todas ellas, tanto si se percibieran como rentas, como si se percibiesen como capital -pagos únicos-, pues en este último casos todos esos pagos únicos deberían percibirse en el ejercicio en que ocurriera la contingencia, en los términos explicados en el número VIII.

    Y este Tribunal no desconoce que podía haber casos en que llegada la contingencia -piénsese en la jubilación- de un partícipe que tuviera dos o más Planes y que quisiera percibirlos como capital, que éste pudiera terminar percibiendo efectivamente las prestaciones de uno y otro (s) de esos Planes en dos años o ejercicios distintos, buscando atenuar la progresividad del impuesto; pero si así lo hubiera conseguido hacer, ello supondría que no lo habría hecho con arreglo a Derecho, lo que podría dar a la pertinente regularización por parte de la Administración, pues de cobrarse en forma de capital -pago único- lo establecido era que los derechos consolidados se imputasen fiscalmente al año y ejercicio en que se produjera la contingencia, que era en el que según la normativa expuesta deberían haberse percibido, si la prestación se hubiese recibido en forma de capital.

    Y hasta aquí, ése es el régimen con esa normativa llamémosla inicial.

    Antes de abordar la normativa posterior, este Tribunal hace ver que seguro que hay personas que, bajo esa normativa llamémosla inicial, hicieron aportaciones o recibieron imputaciones a un (os) determinado (s) Pla (es) de Pensiones (pr. ej. en 1988), y que a día de hoy todavía no han recibido prestación alguna de los mismos porque siguen estando activos.

    La Ley 44/1978 fue derogada por la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en su redacción original incluyó ya en su articulado, incluso con algunas menciones específicas, el régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de los Planes de Pensiones.

    Por otra parte, entonces, en 1991, las normas de la Ley 8/1987 de P.yF.P. y de su Reglamento (R.D. 1307/1998) que antes hemos citado seguían disponiendo los mismo.

    Las normas de la Ley 18/1991 que regulaban la materia en su redacción original eran las siguientes:



   Visto lo cual, y repitiendo que las normas de la Ley 8/1987 de P.yP.P. seguían siendo las mismas, el tratamiento tributario era similar al anterior, y de nuevo de cara a lo que aquí nos interesa, para el caso de un sujeto que fuera partícipe en varios Planes de pensiones, y que llegada la pertinente contingencia, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital -percepción única-, tampoco en la Ley 18/1991 ni en su Reglamento, aprobado por el R.D. 1841/1991, de 30 de diciembre, nada se decía en contra de que todas esas percepciones pudieran recibir el tratamiento de rentas irregulares; y, además, el tratamiento fiscal seguiría siendo exactamente el mismo tanto si el partícipe beneficiario participaba en un único Plan como si lo hacía en varios, tanto a la hora de las aportaciones (propias o por imputación de los promotores) como a la de recibir las prestaciones.

    Lo dicho es respecto de la redacción inicial de la Ley 18/1991 del I.R.P.F. y la redacción que entonces tenía la Ley 8/1987 de P.y F.P.

    Y ahora examinemos someramente sus modificaciones; de éstas, lo primero que cabe decir en que los límites de aportación y reducción fueron subiendo en diversas ocasiones, pero sin que ello supusiese modificar el funcionamiento del sistema.

    La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Seguros Privados modificó un extremo importante, respecto de la fiscalidad de las aportaciones, pues suprimió la deducción en cuota de los excesos aportados sobre los límites máximos, lo que hizo derogando la letra c) del art. 27 de la Ley 8/1987, y además realizó una adaptación técnica de lo dispuesto en la letra b) de ese art. 27 y en el 28.3 de la Ley 8/1987 a lo que ya entonces disponía la Ley 18/1991.

    Como la supresión de esa deducción en cuota de los excesos aportados, también podría haber perjudicado algunas razonables expectativas de los obligados tributarios; más tarde, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas para 1998 añadió una nueva letra c) al art. 27 del siguiente tenor:  



    Y hasta aquí el régimen bajo la Ley 18/1991, y de nuevo hacemos ver, y con mayor razón que antes, que seguro que hay personas que bajo tal normativa, hicieron aportaciones o recibieron imputaciones a un (os) determinado (s) Pla (es) de Pensiones (pr. ej en 1992), y que a día de hoy todavía no han recibido prestación alguna de los mismos porque siguen estando activos.

    La Ley 18/1991 fue derogada por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas tributarias, que también incluyó en su articulado el régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de los planes de pensiones y además con algunas modificaciones ciertamente relevantes:  



    Ese límite financiero del art. 5.3 de la Ley 8/1987, que ya antes hemos trascrito, era de 1.000.000 ptas. hasta el 31/12/1997 y de 1.100.000 ptas. a partir del 01/01/998.

    Un régimen que se completaba con lo dispuesto en el art. 11.1 del Reglamento del Impuesto (R.D. 214/1999, de 5 de febrero):  



    Cuando aparecieron la Ley 40/1998 y el Reglamento de la misma (R.D. 214/1999, de 5 de febrero), la Ley 8/1987 de P.y F.P.y las normas del Reglamento de P.y F.P. que hemos citado seguían diciendo exactamente lo mismo que ya hemos visto antes.

    En lo esencial, el funcionamiento fiscal de los Planes seguía siendo el mismo, y de hecho como acabamos de recoger, los arts. 27 y 28 la Ley 8/1987 seguían diciendo lo mismo el día después de que entrara en vigor la Ley 40/1998 que el día anterior.

    Un régimen fiscal según el cual, en lo esencial: (I) las imputaciones del promotor eran renta para los partícipes; (II) si bien estos podían reducir de sus bases imponibles tales cantidades y las por ellos aportadas, que seguían estando topadas, con lo que por esas rentas de momento no tributaban; (III) pero esa "no tributación" no tenía carácter definitivo, sino que sólo quedaba diferida al momento en que se percibieran las prestaciones; (IV) prestaciones que debían percibirse al producirse la contingencia de que se tratase; y (V) prestaciones que podían ser en forma de renta o de capital, (V.1) si se percibían en forma de renta tributaban como renta ordinaria del año, y, (V.2) si en forma de capital, con una determinada reducción, para atenuar la progresividad del impuesto que gravaba una renta devengada en varios períodos y percibida íntegramente sólo en uno; y (V.3) una reducción aplicable incluso en los supuestos en que habiéndose empezado a cobrar en forma de renta, posteriormente el beneficiario decidiera recuperar esa renta en forma de capital.

    La novedad vino de la mano de cómo se implementaba esa reducción cuando la prestación se recibía en forma de capital (V.2).

    Y es que la Ley 40/1998 estableció un nuevo sistema liquidatorio del I.R.P.F., en el que aunque las bases imponible y liquidable tenían una parte general y otra especial, la parte especial quedaba reservada para las ganancias y pérdidas patrimoniales de más de dos años de antigüedad, con lo que todos los rendimientos, con independencia de su período de generación, formaban parte de la parte general de las bases imponible y liquidable; y entre esos rendimientos estaba según el art. 16.2.a).3ª antes trascrito:  

    "2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:  

    a) Las siguientes prestaciones:  

    3ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones".

    Y por ello la reducción para atenuar esa progresividad del impuesto en ese concreto caso que aquí nos viene ocupando, la Ley 40/1998 la incluyó en el art. 17 "Rendimiento neto del trabajo", concretamente en su apartado 2.b):  



    Con lo que, integrándolos respecto de lo que aquí nteresa, esos dos preceptos lo que disponen es que "se aplicará el 40 por 100 de reducción en el caso de las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones, que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación".

    Pues bien, de cara a lo que aquí nos ocupa, si un sujeto que fuera partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia y siempre que hubieran transcurrido más de dos años desde la primera aportación, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital, para este Tribunal resulta diáfano que esa dicción legal de la Ley 40/1998 no impide que a todas y cada una de esas percepciones se les pudiera aplicar la reducción del 40 por 100.

    Y lo decimos de entrada por la pura literalidad de las normas concernidas, la de esos arts. 16.2.a).3ª y 17.2.b) de la Ley 40/1998, que nada expresan en tal sentido.

    Pero, además, por otra razón fundamental, y es que a un partícipe en varios Planes a los que hubiera aportado -imputaciones incluidas- durante muchos años, y que alcanzara su jubilación -contingencia- en 1999 y decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital, si se le aplicara la tesis e interpretación de que la reducción del 40 por 100 sólo podría aplicarla respecto de lo percibido de sólo uno de esos Planes, eso supondría que se le estaría privando de un "auténtico derecho subjetivo", puesto que mientras que él había estado aportando (años 1998 y anteriores) eso no era así; lo que nos lleva a descartar esa tesis e interpretación.

    Esa interpretación habría sido aceptable, y además resultaría indiscutible, si la Ley 40/1998 hubiese incorporado una D.T. que regulara el tratamiento de las percepciones que trajeran causa de aportaciones -e imputaciones- de años previos a su entrada en vigor, salvaguardando los derechos adquiridos con causa en las mismas. Entonces sí. Pero sin tal D.T., esas tesis e interpretación no resultan aceptables.

    Podría apelarse a que como el art. 11.1 del Reglamento del Impuesto (R.D. 214/1999) dispone que "1. Las reducciones previstas en el artículo 17.2, letras b), c) y d) de la Ley del Impuesto, resultarán aplicables a las prestaciones en forma de capital consistentes en una percepción de pago único", que ahí sí que está la repetida tesis de que la reducción del 40 por 100 sólo podría aplicarla respecto de lo percibido de un único Plan.

    Algo que este Tribunal entiende que también hay que descartar; en primer lugar, por la pura jerarquía normativa, puesto que tal interpretación tendría a chocar frontalmente con la que entendemos que hay que hacer de los repetidos preceptos "legales" (arts. 16.2.a.3ª y 17.2.b de la Ley 40/1998); y en segundo lugar, porque, si se repara en ello, lo que dispone art. 11.1 puede interpretarse como concordante con lo que había venido disponiendo el art. 67.1.a) del Reglamento de P.yF.P. (R.D. 1307/1988), art. 67 que fue derogado precisamente por el R.D. 214/1999, que aprobó el Reglamento del Impuesto, y que hasta entonces disponía:  



    Y como antes hemos dicho, lo que disponía ese art. 67.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones no avalaba la tesis e interpretación de que la reducción del 40 por 100 sólo pudiera aplicarse respecto de lo percibido de un único Plan.

    Dos últimas reflexiones, respecto de ese régimen traído por la Ley 40/1998 que estamos examinando para lo que aquí nos ocupa.

    La primera, es que si se aceptaran las tesis e interpretación de que la reducción del 40 por 100 sólo pudiera aplicarse respecto de lo percibido de un único Plan, ello supondría hacer de peor condición a un partícipe que hubiera decidido a aportar a dos Planes individuales (pr. ej. promovidos por 2 Bancos distintos) que a otro que hubiera aportado exactamente lo mismo pero a un único Plan; un peor trato para cuya justificación no se atisba razón alguna, ni jurídica, ni económica, ni financiera, ni tributaría, que pueda tildarse de razonable. Y lo mismo supondría hacer de peor condición a un partícipe que lo fuera de dos Planes de empleo, porque hubiera trabajado en dos empresas, que a otro que sólo lo fuera en un único Plan de empleo, porque hubiera desarrollado una vida laboral similar pero en una sola empresa; una situación que si de algo podría calificarse es de discriminatoria.

    La segunda, y última, es que ese partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia y siempre que hubieran transcurrido más de dos años desde la primera aportación, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital, con la interpretación que este Tribunal entiende que debe hacerse, se libra en parte de la progresividad del impuesto, pero no totalmente, pues aunque pueda aplicar la reducción del 40 por 100 a lo percibido de cada uno de esos Planes, seguiría sufriendo la progresividad inherente a que las prestaciones de todos esos Planes debería imputarlas a un único y mismo año, en el que se produjera la contingencia; pues entonces (1998, 1999) todo seguía igual en el sentido de que -ex. arts. 8.6 de la Ley 8/1987 y 16 de su Reglamento (R.D. 1307/1988), que seguían vigentes- las prestaciones en forma de capital se percibían y debían imputarse al año y ejercicio en que se produjera la contingencia de que se tratara, que era en el que deberían haberse percibido; y recuérdese lo que hemos dejado dicho en el número IX anterior.

    Hasta aquí el régimen bajo la redacción inicial de la Ley 40/1998 del I.R.P.F. y su Reglamento (214/1999) y con lo que la Ley de P.y F.P. y su Reglamento entonces disponían.

    CUARTO.- El punto de inflexión.

    Salvo una nimia y de carácter puramente lingüístico: número por apartado, lo dispuesto en el art. 17.2.b) de la Ley 40/1998 de que:  

    "2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:  b) El 40 por 100 de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 16.2.a) de esta Ley, excluidas las previstas en el número 5.ª, que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación. El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez."  No sufrió modificación alguna desde su redacción inicial hasta que esa Ley 40/1998 fue derogada por el R.D. Leg. 1/2004.

    La que sí que se modificó fue la normativa de los Planes y Fondos de Pensiones.

    Y sufrió una primera modificación de un extraordinario interés para el tema que nos ocupa, y es que el R.D. 1589/1999, de 15 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, añadió a ese Reglamento un nuevo artículo, el 16.bis, del siguiente tenor, y ya advertimos que el resaltado es de este Tribunal:  



  Para lo que nos ocupa, la novedad incorporada en el primer párrafo de la letra a) del apartado 1 de ese nuevo art. 16.bis que hemos resaltado en negrita tiene una importancia decisiva.

    Y como ese nuevo artículo fue añadido sin especificación alguna de lo que lo dispuesto en el mismo con carácter novedoso, sólo pudiera resultar aplicable a las prestaciones que trajeran causa de aportaciones posteriores al mismo, pues resulta que eso de que, el pago único de la prestación en forma de capital podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior, resultaba aplicable a todas prestaciones en forma de capital a partir de la entrada en vigor de ese nuevo art. 16.bis.

    Con esa novedad, el régimen financiero de los planes de pensiones, regulado en la Ley y el Reglamento de P.y F.P., permitía por primera vez de manera expresa que las prestaciones en forma de capital -pagos únicos- pudiesen percibirse a voluntad del beneficiario en un momento posterior a la fecha de la contingencia; con lo que, una vez acaecida la contingencia -pongamos la llegada de su jubilación-, una persona que fuera partícipe de dos o más Planes de pensiones podía percibir las prestaciones de cada unos ellos en forma de capital en dos o más años o ejercicios distintos, pues aunque indefectiblemente tendría que percibir lo que le correspondiera de cada uno de ellos en un único pago, respecto de cada uno de esos Planes podría optar por recibir el pago del mismo de modo "inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior".

    Pues bien, estando a partir de entonces en el régimen financiero de los planes de pensiones previsto normativamente el derecho a percibir: "prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único, el pago de esta prestación podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior"; y como según los arts. 16.2.a).3ª y 17.2.b) de la Ley 40/1998, la reducción del 40 por 100 se aplicará a "las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones, que se perciban en forma de capital", ello conducía a que el que tuviera dos o más Planes de pensiones y optara por percibirlos en forma de capital en años o ejercicios distintos, iba a tener un mejor tratamiento fiscal que el que en ese misma situación (misma cuantía total de derechos consolidados) tuviera un único Plan, pues, aunque tanto el primero como el segundo podrían aplicar la reducción del art. 17.2.b) de la Ley 40/1998 a todas las prestaciones únicas que recibieran, con lo que esa reducción en términos globales sería igual para ambos, el primero tributaría con una menor progresividad, al hacerlo en dos o más períodos, cosa que no podría hacer el segundo, pues éste tiene un único Plan.

    Una situación claramente injusta, con un peor trato para los perjudicados que tienen un único Plan frente a los beneficiados porque tienen dos o más Planes; y un peor trato para cuya justificación, como ya dijimos antes en otra ocasión tampoco se atisba razón alguna, ni jurídica, ni económica, ni financiera, ni tributaría, que pueda tildarse de razonable.

    Una situación que la Dirección General de Tributos trató de atajar con una doctrina que ha plasmado en multitud de consultas, y que es como sigue:  De la Consulta 0088-01 de 18/01/2001  



    De la Consulta Vinculante V0752/2005 de 05-05-2005



  Y hemos dicho que con esa solución y doctrina la D.G.T. trató de atajar ese problema creado por ese nuevo art. 16.bis, porque de las múltiples consultas que este Tribunal ha examinado y que incorporan esa doctrina todas son posteriores a octubre de 1999.

    Una doctrina de la D.G.T. que soluciona el problema expuesto; pero que lo hace, repárese en ello, no beneficiando a los perjudicados, sino perjudicando a los beneficiados.

    Una solución y una doctrina de la D.G.T. que este Tribunal no puede compartir, pues carece de amparo normativo.

    Para la D.G.T. «los artículos 16 y 17 de la citada Ley 40/1998 determinan que ... la posible aplicación de una reducción del 40 por 100» «sólo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en un único año», y esto segundo la Ley 40/1998 no lo dice y su Reglamento tampoco, y la D.G.T. tampoco ha explicado en base a qué, o por qué, considera que debe ser así.

    Y además debe pensarse que, en los términos repetidamente expuestos, cuando ya estaba vigente ese art. 16.bis del Reglamento de P.y F.P., pongamos en el año 2000, pudo haber una persona que tuviera dos Planes de pensiones, uno de empleo y uno individual, en los que tenía derechos consolidados procedentes de imputaciones -de su empleador- y de aportaciones propias realizadas desde 1988, y que, con motivo de su jubilación a comienzos de ese año 2000, decidió percibir los derechos consolidados de unos de esos dos Planes (pongamos el de empleo) en ese mismo año 2000 en forma de capital y los del otro (el individual) también en forma de capital pero en 2001; pues bien, siendo así, en ninguna de las innumerables consultas relativas a la materia que este Tribunal ha examinado, la D.G.T. no explica ni justifica qué ocurre con los derechos adquiridos por ese partícipe mientras fue realizando aportaciones a ese plan individual bajo las Leyes 44/1978 y 18/1991 del I.R.P.F., que le reconocían a él el derecho a que, si los derechos consolidados por esas aportaciones los terminara recibiendo en forma de capital, el importe correspondiente recibiría su I.R.P.F. el tratamiento de renta irregular.

    La solución que la D.G.T. dio al problema generado por la aparición del art. 16.bis del Reglamento de F.yP.P. no es una solución válida; la solución a ese problema debió ser otra; y quizás lo más adecuado habría sido darle un remedio normativo acompañado de un determinado régimen transitorio; pero tal remedio normativo y régimen transitorio para solucionar ese problema no existieron.

    Por ello, y como esa solución y doctrina de la D.G.T. la consideramos no válida, es por lo que nuestra conclusión al respecto permanece inalterada, en el sentido de que, para el caso de un sujeto que fuera partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital -percepción única-, ni en la Ley 40/1998 ni en su Reglamento había nada que impidiera que la reducción del 40 por 100 se aplicara a lo percibido de cada uno de esos Planes, incluso si se percibían en años distintos en aplicación de lo que disponía el art. 16.bis.1 del Reglamento de P.y F.P.

    QUINTO.- La normativa posterior.

    Como para la regulación de planes y fondos de pensiones en todo orden de cosas, además de la propia Ley 8/1987, se habían ido dictando toda una serie de normas legales, algunas trasponiendo Directivas Comunitarias o influidas por otras Normas de la UE, en 2002 se dictó el R.D. Leg. 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que derogó expresamente la Ley 8/1987 así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opusieran a lo establecido en tal texto refundido.

    Ese T.R. en su redacción inicial no implicó novedad alguna respecto de lo que ya hemos visto, véase:  


    Y también se aprobó el nuevo Reglamento de P.yF.P. de 2004, por el R.D. 304/2004, de 20 de febrero, mucho más prolijo y que realizó también una importante labor compiladora de las normas reglamentarias que se habían ido dictado sobre todo para la defensa de los partícipes y para el mejor control de los fondos de pensiones; nuevo Reglamento que ya no reguló ningún aspecto fiscal de los planes de pensiones, y que tampoco trajo novedades relevantes para lo que nos ocupa:  



    Por su parte, el R.D. Leg. 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, además de otras normas legales, derogó la Ley 40/1998, que refundió.

    Y ese T.R. en su redacción inicial no trajo ninguna novedad importante respecto de lo que aquí específicamente nos ocupa:  



     Y en estas cuestiones tampoco trajo ninguna novedad relevante respecto del anterior, el nuevo Reglamento de Impuesto que trajo el R.D. 1775/2004, de 30 de julio, que se dictó poco después:  



    Y tampoco supusieron modificación alguna respecto de lo que aquí no ocupa las nimias modificaciones que se produjeron en los artículos citados de ese T.R. del R.D. Leg. 3/2004 y de su Reglamento (R.D. 1775/2004).

    Con lo que nuestra conclusión respecto de lo que nos ocupa debe mantenerse; en el sentido de que, para el caso de un sujeto que fuera partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital -percepción única-, ni en el T.R. del R.D. Leg. 3/2004 ni en su Reglamento (R.D. 1775/2004) había nada que impidiera que la reducción del 40 por 100 se aplicara a lo percibido de cada uno de esos Planes, incluso si se percibían en años distintos en aplicación de lo que disponía el art. 16.bis.1 del Reglamento de P.yF.P.

    Y ello sin perjuicio de que la D.G.T. haya sostenido en varias de sus consultas que esa solución y criterio que hemos comentado en el Fundamento de Derecho anterior también resultaban aplicables cuando las prestaciones se percibieran vigentes ese T.R. del R.D. Leg. 3/2004 y su Reglamento.

    El T.R. del R.D. Leg. 3/2004 fue derogado y sucedido por la actual Ley del Impuesto, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

    Ley 35/2006 que, respecto de lo que nos ocupa, y como ya expusimos en el Fundamento de Derecho tercero, eliminó la posibilidad de aplicar a partir del 01/01/2007 la reducción del 40 por 100 a las cantidades percibidas como pago único por los beneficiarios de los Planes de Pensiones.

    Una eliminación de esa reducción que la propia Ley 35/2006 justificó en su preámbulo como sigue:  



    Y como la posibilidad hasta entonces existente de aplicar esa reducción a tales rentas había generado en los obligados que tuviesen ya de antes derechos consolidados en algún Plan "un auténtico derecho subjetivo" a poder disfrutar de tal reducción, la Ley 35/2006 incluyó una D.T., la duodécima "Régimen transitorio aplicable a los planes de pensiones, de mutualidades de previsión social y de planes de previsión asegurados", que ya transcribimos en el Fundamento de Derecho tercero, y de la que recordamos su apartado 2:  



    Lo que supuso un momento de corte claro, de las prestaciones en forma de capital por contingencias acaecidas a partir del 01/01/2007, a la parte que trajera causa de aportaciones realizadas hasta 31/12/2006 los beneficiarios podrían aplicarle la reducción del 40 por 100 en los términos del art. 17.2.b del T.R., mientras que a la parte correspondiente a aportaciones posteriores a ese 31/12/2006 ya no podrían aplicarle tal reducción.

    Lo que, a los efectos que nos ocupan supuso a partir de entonces, que todo sujeto que fuera partícipe en varios Planes, y que llegada la pertinente contingencia, decidiera percibir los derechos consolidados de todos esos Planes en forma de capital -percepción única-, aunque la reducción del 40 por 100 podría aplicarla a lo percibido de cada uno de esos Planes, incluso si -ex. el art. 16.bis.1 del Reglamento de P.y F.P..- los percibían en años distintos, sólo podría aplicarla a lo percibido de cada uno de esos Planes que trajera causa de aportaciones realizadas hasta el 31/12/2006.

    Posibilidad de aplicación que además en principio no tenía límite temporal alguno, con lo que, el que tuviera, por ejemplo, cinco Planes de pensiones con aportaciones previas al 01/01/2007, podría aplicarla en cinco años o ejercicios, si percibía los derechos consolidados de cada uno de esos cinco Planes en forma de capital en cinco años distintos.

    A ésa, en principio, carencia de límite temporal para aplicar la reducción vino a ponerle fin la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, que incorporó un nuevo apartado -el 4- a la D.T. duodécima "Régimen transitorio aplicable a los planes de pensiones, de mutualidades de previsión social y de planes de previsión asegurados" de la Ley 35/2006 del Impuesto, apartado 4 cuyo primer párrafo redujo la posibilidad de aplicación de la reducción del 40 por 100 a 3 años o ejercicios: en el que hubiera acaecido la contingencia y los dos siguientes:



    Y además en su segundo párrafo ese apartado 4 reguló de una manera diáfana el régimen transitorio de los posibles efectos de esa modificación de la D.T. duodécima, para salvaguardar los posibles derechos adquiridos antes de que apareciera tal apartado 4, segundo párrafo que es como sigue:



    SEXTO.- La solución del presente recurso.

    Después de lo expuesto en el los Fundamentos de Derecho precedentes fácil es atisbar que este Tribunal va a desestimar el recurso del Director de Gestión que nos ocupa; y recordamos la cuestión que él suscita y la solución que pretende:  

    « La cuestión controvertida en el presente recurso es determinar si un contribuyente, titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 2007, puede beneficiarse, en más de un ejercicio fiscal, de la reducción prevista en el artículo 17.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por el Real Decreto-legislativo 3/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLIRPF), por aplicación del régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (en adelante, LIRPF). »

    Cuestión respecto de la que pretende que este Tribunal fije el criterio de que:  

    « la reducción prevista en el artículo 17.2.c) TRLIRPF, por aplicación del régimen transitorio de la disposición transitoria duodécima de la LIRPF, solo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un único año, a elección del contribuyente. El resto de cantidades percibidas en otros años, aun cuando se perciban en forma de capital, tributará en su totalidad sin aplicación de la reducción del 40 por 100. »

    Un criterio, el pretendido por el Director recurrente, que este Tribunal considera incorrecto, conclusión a la que llegamos recapitulando lo que hasta ahora hemos expuesto.

    La Ley 35/2006 eliminó la posibilidad de aplicar a partir del 01/01/2007 la reducción del 40 por 100 a las cantidades percibidas como pago único por los beneficiarios de los Planes de Pensiones; pero como la posibilidad hasta entonces existente de aplicar esa reducción a tales rentas había generado en los obligados que tuviesen ya de antes derechos consolidados en algún Plan "un auténtico derecho subjetivo" a poder disfrutar de tal reducción, la Ley 35/2006 incluyó una D.T., la duodécima, salvaguardando esos derechos anteriores, con un momento de corte claro, de suerte que de las prestaciones recibidas en forma de capital por contingencias acaecidas a partir del 01/01/2007, a la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31/12/2006 los beneficiarios podrían aplicarle la reducción del 40 por 100 en los términos del art. 17.2.b del T.R., mientras que a la parte que trajera causa de aportaciones posteriores a ese 31/12/2006 ya no podrían aplicarle tal reducción.

    Art. 17.2.b) del T.R. que contemplaba esa reducción como sigue:  



    Según el régimen financiero de los Planes de pensiones (T.R. del R.D. Leg. 1/2002 y su Reglamento, R.D. 304/2004), todo partícipe en un Plan de pensiones puede optar por percibir sus derechos consolidados en forma de capital, aunque, eso sí, esa percepción en forma de capital la recibirá necesariamente forma de un único pago, como así lo recoge en su primer inciso la letra a) del art. 10.1 de ese Reglamento:  



    Por tanto, si se percibe en forma de capital, de un Plan de pensiones sólo se puede recibir un único pago.

    El problema se inicia cuando una persona es partícipe en dos o más Planes de pensiones, pues esa letra a) del art. 10.1 del Reglamento de P.yF.P. sigue disponiendo que:



    Con lo que ese partícipe en dos o más Planes, puede que opte por percibir, y termine percibiendo efectivamente, sus derechos consolidados en esos Planes como pagos único en dos o más años o ejercicios, al percibir los derechos de cada Plan como un pago único en cada uno de esos años o ejercicios.

    Y como los arts. 16.2.a).3ª y 17.2.b) del T.R. permitían aplicar esa reducción del 40 por 100 a "las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones, que se perciban en forma de capital",

    El problema termina de manifestarse, porque si ese partícipe en dos o más Planes ha percibido efectivamente sus derechos consolidados en esos Planes como pagos único en dos o más años o ejercicios, el problema es si ese partícipe tiene derecho a aplicar esa reducción del 40 por 100 a lo percibido de cada Plan, lo que supone que va a aplicar esa reducción en dos o más años o ejercicios, o si no tiene ese derecho.

    Para el Director recurrente la respuesta a ese problema es que no, porque, a su juicio, esa reducción «solo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un único año, a elección del contribuyente», lo que entiende que es así porque:  

    « el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1175/2004, de 3 de julio, establecía como límite que la reducción prevista en el artículo 17.2.b) solo resultaría aplicable "a las prestaciones en forma de capital consistentes en una percepción de pago único" »

    Y porque:  

    « el artículo 17.2.c) TRLIRPF excluye de la aplicación de esta reducción a las prestaciones que se perciban en forma de renta. Ello, unido a la limitación de la aplicación de la reducción del artículo 11.1 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 1175/2004, nos lleva a interpretar que la intención del legislador, al prever esta reducción, era evitar la progresividad del impuesto cuando la prestación se percibía en forma de capital mediante pago único. »

    Amén de que porque se adhiere a la doctrina de la D.G.T. que hemos examinado antes.

    Un criterio del Director de Gestión que este Tribunal no puede compartir, pues: (I) carece de amparo normativo, y (II) se apoya en una doctrina de la D.G.T. que no vincula a este Tribunal , y que considera no válida en los términos ya expuestos.

    I.- Falta de amparo normativo.

    De entrada, ese criterio que el Director recurrente sostiene no está presente en lo que disponían los arts. 16.2.a).3ª y 17.2.b) del T.R. (R.D. Leg.3/2004), que delimitan el régimen de la reducción que esa D.T. duodécima vino a mantener:  



    Eso que el Director de Gestión sostiene, esos textos legales no lo decían.

    Para el Director recurrente su criterio se ampara además en lo dispuesto en el art. 11.1 de Reglamento de Impuesto (R.D. 1775/2004):  



    A los efectos que nos ocupan, este Tribunal no le da relevancia añadida alguna al hecho de que ese art. 11.1 termine hablando de "en una percepción de pago único", pues ello es algo consubstancial para todas las percepciones de capital que se perciban de un plan de pensiones, pues, como antes hemos dicho, si se percibe en forma de capital, de un Plan de pensiones sólo se puede recibir un único pago.

    Además, esa misma expresión de "en una percepción de pago único" estaba ya en el art. 11.1 del Reglamento del Impuesto del R.D. 214/1999, de 5 de febrero, cuando el problema que nos ocupa todavía ni se había suscitado, pues ese problema -recuérdese- vino de la mano del nuevo art. 16.bis del Reglamento de P.yF.P. (R.D. 1307/1988), que se incorporó a dicho Reglamento en octubre de 1999; y ésa de "en una percepción de pago único" es, además, una expresión concordante con lo que había venido disponiendo desde su redacción inicial el art. 67.1.a) del primer Reglamento de P.yF.P. (R.D. 1307/1988):  



    Y como hemos dejado dicho en el Fundamento de Derecho cuarto, lo que disponía ese art. 67.1.a) del Reglamento de P.y F.P. no avalaba la tesis e interpretación de que la reducción del 40 por 100 sólo pudiera aplicarse respecto de lo percibido de un único Plan.

    Por último, el Director recurrente ampara también su criterio en que el art. 17.2.c) del T.R. excluye la aplicación de la reducción del 40 por 100 a las prestaciones que se perciban en forma de renta; y efectivamente ese artículo así lo dice:  



    Pero lo que ocurre es que si una persona que es partícipe en dos o más Planes de pensiones, termina recibiendo sus derechos consolidados en esos Planes como pagos único en dos o más años o ejercicios, al percibir los derechos de cada Plan como un pago único en cada uno de esos años o ejercicios, de ese beneficiario no se podrá decir que ha percibido una renta, habrá percibido dos o más, los que sean, pagos únicos; pero no una renta .

    Y ello deja vacío de contenido el argumento del Director que ahora examinamos.

    II.- El Director de Gestión basa su argumentación en un criterio sostenido por la Dirección General de Tributos.

    Para apoyar la tesis que patrocina, el director recurrente esgrime que sigue la doctrina de la D.G.T. al respecto.

    Y hace bien al apoyarse en esa doctrina de la D.G.T., porque -ex art. 89.1 de la Ley 58/2003- "los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta"; pero el contar con el apoyo de un determinado criterio de la D.G.T, que es ciertamente un argumento importante, ante este Tribunal no es un argumento decisivo o concluyente, pues este Tribunal no está sometido -ex. art. 239.8 de Ley 58/2003- a esos criterios de la D.G.T.

    Por otra parte, y respecto de ese criterio de la D.G.T. al que el Director apela, este Tribunal quiere hacer una última reflexión al hilo de lo dicho por la D.G.T al responder otra consulta vinculante.

    La D.T. duodécima de la Ley 35/2006, que regula el "Régimen transitorio aplicable a los planes de pensiones, de mutualidades de previsión social y de planes de previsión asegurados", a las percepciones recibidas por los beneficiarios de esas tres figuras les da el mismo tratamiento: la posibilidad de aplicar la reducción del 40 por 100 a lo percibido con causa en aportaciones realizadas hasta el 31/12/2006.

    Sin que sea preciso extendernos en el tema, baste decir que, como recoge en su inicio el art. 43.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras: "Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, ...", mutualidades que, en cuanto a la contingencia de jubilación, vienen a funcionar en términos similares a los Planes de Pensiones.

    Y ahora pensemos en una persona que pertenece a una mutualidad de previsión social y además es partícipe de un plan de pensiones individual, y que tras jubilarse solicita y percibe las correspondientes prestaciones por jubilación en dos ejercicios distintos.

    Ni en esa D.T. duodécima ni en ninguna otra norma se dice que ese beneficiario no podrá aplicar la reducción del 40% a esas dos percepciones, recibidas en dos años distintos.

    Y como no lo dice, así vino a reconocerlo la D.G.T. en la consulta V0844-16 de 06/03/2016:  

    « En el supuesto de percibir en forma de capital prestaciones derivadas de un plan de pensiones y de una mutualidad de previsión social por la misma contingencia, la aplicación de la reducción del 40 por 100 del citado artículo 17.2.b) se referirá a la prestación del plande pensiones y a la de la mutualidad de previsión social de forma independiente.

    Adicionalmente, cabe indicar que la normativa fiscal no impone ninguna restricción a la posibilidad de cobrar en ejercicios distintos las prestaciones en forma de capital derivadas de un plan de pensiones y de una mutualidad de previsión social, respectivamente, y siendo aplicable, en su caso, la reducción del 40 por ciento. »  

    Pues bien, eso de que ni en esa D.T. duodécima ni en ninguna otra norma se dice que un beneficiario no podrá aplicar la reducción del 40% a dos percepciones recibidas en dos años distintos, ocurre igual cuando esas dos percepciones provienen de dos planes de pensiones distintos.

    Por todo lo cual, el recurso que nos ocupa debe ser desestimado.

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Aplicación en varios ejercicios la reducción del IRPF por rescatar el plan de pensiones.