STS 3200/2022 - Fecha: 26/07/2022
Nº Resolución: 1091/2022 - Nº Recurso: 4762/2020	Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso - Sección: 2
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid - Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
Id Cendoj: 28079130022022100290



    En Madrid, a 26 de julio de 2022.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 4762/2020, interpuesto por Aligator Company 21, S.L., representado por la procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Pardillo Landeta, bajo la dirección letrada de doña María Teresa González Martínez, contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2020 por la Audiencia Nacional, en el recurso núm. 874/2017.

    Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda.


    PRIMERO. - Resolución recurrida en casación.

    El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de marzo de 2020, que estimó parcialmente el recurso núm. 874/2017, interpuesto por la representación procesal de Aligator Company 21, S.L contra la resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Central, de 8 de junio de 2017, estimatoria en parte de las reclamaciones formuladas contra liquidación de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Madrid, concepto Impuesto Sobre Sociedades, ejercicios 2008 y 2009, así como contra la sanción derivada de la misma.

    La liquidación y la sanción fueron cuestionadas en la instancia denunciando su improcedencia con relación a diversos aspectos, como la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria; la valoración de aportaciones no dinerarias; los intereses del préstamo; los pagos a la familia Soledad; los ajustes a reservas; los gastos de viaje y las retribuciones satisfechas a los administradores, estimándose el recurso contencioso-administrativo únicamente con relación a la deducción de los denominados gastos de viaje.

    SEGUNDO. - Tramitación del recurso de casación.

    1.- Preparación del recurso. La procuradora doña María del Carmen Pardillo Landeta, en representación de Aligator Company 21, S.L, mediante escrito de 15 de julio de 2020 preparó el recurso de casación contra la expresada sentencia de 13 de marzo de 2020.

    La Audiencia Nacional tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 2 de septiembre de 2020, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo y emplazó a los litigantes para que comparecieran ante la Sala Tercera.

    2.- Admisión del recurso. La Sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 25 de febrero de 2021, en el que aprecia un interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciado en estos literales términos:




    3.- Interposición del recurso (síntesis argumental de la parte recurrente en casación). La procuradora doña María del Carmen Pardillo Landeta, en representación de Aligator Company 21, S.L, interpuso recurso de casación mediante escrito de fecha 19 de abril de 2021, que observa los requisitos legales.

    Principia su escrito de interposición poniendo de manifiesto que la Sala de Admisión guarda silencio sobre la concurrencia o no de interés casacional respecto del resto de infracciones invocadas en su escrito de preparación, que son las siguientes: A fortiori -considera la recurrente- que la ausencia de contestación por parte del Tribunal Supremo -aunque sea para inadmitir- las cuestiones planteadas como de interés casacional por la recurrente comportarían una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE en su vertiente procesal (con doble vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos y de acceso a la jurisdicción) desde el momento en que tal proceder le impediría obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho sobre las cuestiones invocadas en su escrito de preparación.

    En definitiva, con base en todo lo que antecede, el escrito de interposición no quedaría constreñido por el auto de admisión, pudiendo recaer sentencia con aptitud abierta a examinar cuestiones no explícitamente recogidas en la determinación del concreto interés casacional en el auto de admisión, con la única condición de que fueran anunciadas en el escrito de preparación.

    A continuación, la recurrente desarrolla todas las infracciones alegadas en su escrito de preparación, fueran o no admitidas de forma expresa en el auto de admisión, sobre las cuales -entiende- ha de versar el debate casacional.

    Para fundamentar la estimación del recurso de casación y consiguiente anulación de la sentencia impugnada se centra, en primer término, en la infracción del artículo 9.3 CE, del principio de buena administración, así como los artículos 66 a) y 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ("LGT"), "BOE" núm. 302, de 18 de diciembre y del artículo 65.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo ("TRLIS"), "BOE" núm. 61, de 11 de marzo.

    Aduce que la entidad Aligator es cabecera del grupo fiscal 436/08 y que el 20 de octubre de 2012, la Administración notificó a una de las dependientes del Grupo, en concreto, a Lledó Iluminación, S.A., comunicación de inicio de actuaciones inspectoras en relación con el IS de los ejercicios 2008 y 2009, no siendo hasta el día 20 de diciembre de 2012 cuando realiza tal notificación expresa a la entidad dominante del Grupo, Aligator Company 21, S.L, la cual, sin embargo, ya había tenido conocimiento de tal inicio de actuaciones, hecho no controvertido por no haber sido discutido ni por el TEAC ni por la Audiencia Nacional.

    A estos efectos censura a la sentencia de instancia que el cómputo del inicio de actuaciones inspectoras deba entenderse producido en la fecha en que se efectuó la notificación administrativa de la comunicación dirigida a la entidad dominante -20 de diciembre de 2012- y no el 20 de octubre de 2012, fecha en la que se iniciaron las actuaciones frente a la dominada.

    Entiende que la cuestión que debe desentrañarse es qué debe entenderse por conocimiento formal a los efectos del 65.4 TRLIS y si este se constriñe de manera exclusiva y sin matices a la comunicación formal a la entidad dominante.

    En segundo lugar, considera que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en el artículo 14.1 e) del TRLIS, al confirmar el carácter de liberalidad de los gastos financieros incurridos en la operación mercantil de reducción de capital con devolución de aportaciones y en el reparto de dividendos, determinando que los mismos no están correlacionados con los ingresos.

    Frente a la tesis de la sentencia de instancia, explica que los gastos financieros soportados no pueden ser categorizados como una liberalidad prevista en el artículo 14.1, letra e) TRLIS y que constituyen: un gasto contable integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades ex artículo 10.3 TRLIS; de carácter oneroso, por cuanto el interés satisfecho constituye la contraprestación por la financiación recibida y vinculado al tráfico mercantil de la sociedad, estando tendencialmente dirigido a la obtención de beneficios, dada la situación de bloqueo en que se encontraba el Grupo Lledó.

    Considera que tampoco cabe negar la deducibilidad de los intereses por no existir correlación con los ingresos pues en general, todos los gastos en los que incurra un contribuyente con la finalidad de perseguir el lucro que le es propio se consideran como deducibles, con independencia de que en su realización no exista finalidad retributiva directa. Adicionalmente, señala que la financiación concedida tenía como único fin atender a una necesidad puntual de falta de tesorería para hacer frente al pago del dividendo, falta de liquidez que, en modo alguno, estaba motivada por la ausencia de beneficios, sino todo lo contrario, pues LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A. contaba con beneficios de importe suficiente para hacer frente al pago de dividendo.

    Recuerda que la postura que defiende ha sido ratificada por varias consultas de la Dirección General de Tributos y, además, trae a colación la sentencia del Tribunal Supremo 458/2021 , de 30 de marzo, rca. 3454/2019, ECLI:ES:TS:2021:1233 , cuya doctrina interpretativa debe proyectar sus efectos sobre el caso aquí enjuiciado, por cuanto que aquella se pronuncia sobre un supuesto en el que se discute si los gastos financieros derivados de un préstamo otorgado a una entidad para la adquisición de participaciones propias posteriormente amortizadas deben considerarse liberalidad al no tener correlación con los ingresos de la compañía.

    En tercer término, aduce que la sentencia impugnada infringe los artículos 19.1 y 19.3 del TRLIS, al haber imputado un ingreso en un periodo impositivo posterior a aquel en el que se devengó.

    Refiere que LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A. dotó contablemente en exceso la amortización del inmovilizado inmaterial correspondiente a aplicaciones informáticas en los ejercicios 2004 a 2008, por un importe total de 316.496,56 euros. Afirma que ese error contable fue detectado y corregido en las cuentas anuales de 2009, procediéndose a tal efecto a realizar un ajuste contable, incrementando el valor de dicho inmovilizado en el referido importe, siendo la contrapartida de este incremento un abono a la cuenta de reservas voluntarias.

    En virtud de lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, el ingreso correspondiente a ejercicios anteriores motivará, en el ejercicio en que se subsana el error, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará directamente y con carácter general en el patrimonio neto (en concreto, en una partida de reservas).

    Apunta que, fiscalmente, este abono a reservas no se integró en la base imponible individual de LLEDÓ ILUMINACIÓN, S.A y que, al amparo de una interpretación errónea del artículo 19 del TRLIS, la Sala de instancia concluye que el abono a reservas derivado de la corrección de un error contable conlleva consecuencias fiscales que deben ser imputadas al ejercicio en el que dicho error ha sido corregido, por lo que se debe practicar un ajuste extracontable positivo en la base imponible.

    Para la recurrente, dicha imputación temporal supone una infracción de lo dispuesto en artículos 19.1 y 19.3 del TRLIS pues el indicado ingreso debió imputarse a cada uno de los años en los que se fue generando, presentando, para ello, la correspondiente declaración complementaria al efecto de incorporar el ingreso atendiendo al criterio de devengo mediante un ajuste extracontable positivo.

    Como consecuencia del criterio mantenido por la Sala de instancia, considera que se transgrede el principio de seguridad jurídica -ex artículo 9.3 CE- y el instituto de la prescripción, regulado en el artículo 66 a) de la LGT.

    Concluye interesando de la Sala lo siguiente:




    4.- Oposición al recurso interpuesto (síntesis argumental de la parte recurrida en casación). El abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, presentó escrito de oposición de fecha 1 de junio de 2021.

    Para fundamentar la desestimación del recurso de casación, alerta de que deben quedar extramuros de este recurso de casación las dos cuestiones omitidas en el auto de admisión (prescripción de la acción para determinar la deuda por exceso de duración de las actuaciones inspectoras e imputación indebida de un ingreso en un periodo impositivo posterior a aquel en el que se devengó) que, entiende obvio, no guardan relación directa alguna con la cuestión admitida ni la parte recurrente ha intentado establecer dicha conexión, por lo que le resulta inevitable que no se tomen en consideración por esta Sala aplicando su doctrina sobre el particular.

    Sobre la cuestión de interés casacional apunta que, frente a lo alegado de contrario, la sentencia 458/2021 , de 30 de marzo, rca. 3454/2019 , no crea jurisprudencia y solicita que la Sala reconsidere la cuestión, con vuelta a la doctrina tradicional hasta ese momento sobre el tema, de modo que la respuesta a la cuestión que suscita el auto de admisión, debería partir no exclusivamente de una interpretación literal y cerrada del art.14.1.e) TRLIS {actual art.15.e) LIS 2014}, que es uno solo de los criterios interpretativos de las normas jurídicas del sino del conjunto del precepto, en relación con la regulación general del Impuesto, en una interpretación de la norma, no solo literal sino también sistemática y acorde con su finalidad ( arts.12.1 LGT y 3.1 CC) y con la doctrina tradicional de esa Sala.

    Apunta que, en el caso de los gastos deducibles del Impuesto sobre Sociedades, aunque ni la LIS 1995, ni el TRLIS, ni la LIS 2014, se refieran ya expresamente al requisito de la necesidad de los gastos para obtener los ingresos como condición para su deducibilidad que sí se recogía en la Ley 61/1978, el principio de correlación entre ingresos y gastos, se encontraría ínsito en la regulación, anterior y actual, del impuesto. Considera que el art. 14.1.e) TRLIS {actual art.15.e) LIS 2014} ha de interpretarse a la luz del citado principio de correlación de ingresos y gastos.

    En consecuencia, a juicio del abogado del Estado, cuando el precepto dice que no se consideran donativos y liberalidades los gastos que se hallen correlacionados con los ingresos (aunque jurídicamente puedan serlo), se ha de entender, a la inversa, que los gastos no correlacionados con los ingresos, a los solos efectos de su deducibilidad, que son los que regula este artículo, deben ser considerados como liberalidades, aunque jurídicamente no lo sean y, por tanto, no deducibles.

    Por ello, entiende, en casos como el que nos ocupa, de gastos financieros que, claramente constituyen la contraprestación que recibe el Banco por adelantar el capital necesario para realizar unas operaciones, la consideración como liberalidad no deducible a efectos del art. 14.1.e) TRLIS, no supondría que se esté calificando jurídicamente el contrato de préstamo con el banco, como contrato gratuito o como donación, lo que ve obvio no es. Lo que supondría es que, analizando la operación que, a partir de ese contrato, se trata de financiar, deduce que esta no tiene relación con los ingresos de la sociedad, sino que se realiza en beneficio de los socios; de aquí su calificación como liberalidad y, por ende, como gasto no deducible.

    La calificación como liberalidad se haría atendiendo a la relación entre la Sociedad y el gasto, para dilucidar si repercute o no en beneficio de esta. No se haría extensiva a la relación entre Sociedad y tercero que recibe el pago.

    A partir de lo que expone, mantiene que la sentencia de la Audiencia Nacional concluye, con acierto, a partir de su valoración de las circunstancias fácticas concurrentes en el supuesto (no revisables en casación) que la operación de compra -vía préstamo- de las propias participaciones que realizó la recurrente, así como el préstamo concedido para el pago del dividendo, fueron concebidos en beneficio de los socios y no de la Sociedad.

    Desde este punto de vista pues, los intereses que pagó la Sociedad a raíz del préstamo que pidió para financiar esas operaciones, deberían ser calificados como liberalidad de la Sociedad para con sus socios. Por tanto, los gastos financieros, pagados por la Sociedad para realizar dicha operación, no serían deducibles Insiste, por último, en que la cuestión de si el concreto gasto realizado, guarda o no correlación directa e inmediata con el ingreso empresarial, es una cuestión de hecho que debe ser valorada por los órganos judiciales "a quo" a la vista de la prueba practicada y que, por tanto, no es susceptible de ser revisada en casación.

    Solicita de esta Sala que, interpretando el artículo 14.1. letra e) y concordantes del TRLIS, a los que ha hecho mención en el escrito de oposición, siente como doctrina que:




    5.- Votación, fallo y deliberación del recurso. De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 3 de junio de 2021, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

    Por providencia de fecha 4 de mayo de 2022 se designó Magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Dimitry Berberoff Ayuda y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 12 de julio de 2022, fecha en que comenzó su deliberación.


    PRIMERO. - La controversia jurídica del recurso de casación.

    La cuestión debatida en casación es la relativa a determinar el carácter deducible de los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad recurrente, destinado al reparto de dividendos y a la adquisición de participaciones propias para su amortización en el marco de una operación realizada con la finalidad de proporcionar una restitución de aportaciones a los socios.

    SEGUNDO. - La argumentación de la sentencia de instancia sobre la cuestión de interés casacional.

    Al inicio de su Fundamento de Derecho Quinto, la sentencia de instancia expone el planteamiento de la recurrente con relación a los gastos financieros relacionados con la operación mercantil de reducción de capital con devolución de aportaciones y reparto de dividendos:




    A partir de aquí, la sentencia se limita a copiar parte de la resolución del TEAC para pasar, luego, a despachar el planteamiento descrito en estos términos:




    TERCERO.- Remisión a nuestra jurisprudencia.

    Recientemente, en nuestra sentencia 1088/2022, de 21 de julio, rca. 5309/2020 hemos tenido la oportunidad de abordar una cuestión que presenta una evidente similitud con la que aquí presenta interés casacional y que no es otra que la relativa al carácter o no deducible de los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad recurrente, destinado al reparto de dividendos y a la adquisición de participaciones propias para su amortización.

    En aquel recurso -como en el que ahora concita nuestra atención-, la Administración fundamentaba su decisión de rechazar el carácter deducible de los gastos financieros devengados por razón del préstamo en la circunstancia de considerar que se trataban de donativos o liberalidades del art. 14.1.e) TRLIS al no apreciar una correlación entre tales gastos y los ingresos u operaciones de la sociedad.

    Dada la similitud entre ambos recursos y ante la circunstancia de que, en uno y en otro caso, nos encontramos ante gastos contables, realizados en el ejercicio propio de la actividad empresarial, razones de seguridad jurídica y de unidad de doctrina nos conducen a reproducir la argumentación que, en aquella sentencia, justificó la estimación del recurso de casación y, en definitiva, la declaración de deducibles de los intereses del préstamo:




    CUARTO. - Contenido interpretativo de esta sentencia.

    De conformidad con el artículo 93.1 LJCA, remitiéndonos a lo expresado en el Fundamento de Derecho Octavo de nuestra sentencia 458/2021 , de 30 de marzo, rca. 3454/2019 , procede declarar lo siguiente: La respuesta a la cuestión de interés casacional, en lo relativo a la interpretación del art. 14.1.e) TRLIS requiere la remisión a la doctrina jurisprudencial fijada en la STS de 30 de marzo de 2021, cit., en la que se dijo que "{...} el art. 14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004, debe interpretarse en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título gratuito; serán, sin embargo deducibles, aquellas disposiciones -que conceptualmente tengan la consideración de gasto contable y contabilizado- a título gratuito realizadas por relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que, no comprendidas expresamente en esta enumeración, respondan a la misma estructura y estén correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes {...}".

    Y esta doctrina, debe complementarse, en el presente litigio, en el sentido de que en un caso como el enjuiciado, los gastos financieros devengados por un préstamo que está relacionado de forma directa e inmediata con el ejercicio de la actividad empresarial de la sociedad, aunque no con un concreto ingreso u operación, no constituyen un donativo o liberalidad pues tienen causa onerosa al igual que el préstamo a cuyo cumplimiento responden, y serán fiscalmente deducibles a efectos de determinar la base imponible del Impuesto de Sociedades siempre que cumplan con los requisitos generales de deducibilidad del gasto, esto es, inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, y justificación documental.

    QUINTO. - Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

    La sentencia impugnada en casación debe ser casada y anulada en la parte que resulta contraria a la anterior doctrina, esto es, al considerar -indebidamente- como no deducibles, los gastos correspondientes a los intereses del préstamo otorgado a la recurrente.

    En efecto, la sentencia de instancia avala la posición de la Inspección tributaria, que consideró que los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad destinado al reparto de dividendos y a la compra de participaciones propias para su amortización y consiguiente reducción del capital social, en el marco de una operación realizada con la finalidad de proporcionar una restitución de aportaciones a los socios, no podían constituir un gasto deducible, por no hallarse correlacionados con los ingresos, calificándolos de mera liberalidad.

    Sin embargo, conforme a lo expresado, no cabe calificar estos gastos como donativos o liberalidades no deducibles, por no ser de aplicación el art. 14.1.e) TRLIS, así como, en las circunstancias del caso, tampoco pueden ser considerados como una retribución de fondos propios que hubiera de quedar excluida de la condición de gastos deducibles por aplicación del art. 14.1.a) TRLIS.

    
    Hasta aquí debe alcanzar nuestro pronunciamiento pese a que la recurrente despliega en su escrito de interposición otras dos cuestiones, la una, relativa a la prescripción de los ejercicios 2008 y 2009, que reclama la interpretación del artículo 65.4 del TRLIS ( artículo 56.4 de la LIS actualmente vigente); y, la otra, relativa a la imputación de un ingreso registrado contablemente en un ejercicio posterior al de su devengo en la cuenta de reservas a cuyo efecto propugna la interpretación conjunta de los artículos 19.1 y 19.3 del TRLIS (actuales arts. 11.1 y 11.3.1º segundo inciso de la LIS.) Entiende la recurrente que estas otras dos cuestiones -sobre las que el auto de admisión "guarda silencio"- fueron enunciadas en el escrito de preparación y reproducidas en el de interposición y que, por tanto, pueden ser resueltas por la Sección de enjuiciamiento.

    A estos efectos, arguye que nada impide que el recurrente con apoyo en el artículo 92.3.a) de la LJCA alegue en su escrito de interposición aquellas infracciones sobre las que guardó silencio la Sección de Admisión, de modo que será la Sección de Enjuiciamiento, por mor del artículo 90.4 de la LJCA, la que se pronuncie en la sentencia sobre las cuestiones que no han sido explícitamente recogidas en el auto de admisión pero que tampoco han sido explícitamente rechazadas.

    Entiende que, a fortiori, la ausencia de contestación -aunque sea para inadmitir- las cuestiones planteadas como de interés casacional por la recurrente comportarían una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE en su vertiente procesal (con doble vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos y de acceso a la jurisdicción) desde el momento en que tal proceder le impediría obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho sobre las cuestiones invocadas en su escrito de preparación.

    En definitiva, postula que el escrito de interposición no queda constreñido por el auto de admisión, pudiendo recaer sentencia con "aptitud abierta a examinar cuestiones no explícitamente recogidas en la determinación del concreto interés casacional en el auto de admisión, con la única condición de que fueran anunciadas en el escrito de preparación".

    No se admiten estos alegatos.

    En primer lugar, la aducida vulneración del derecho a la tutela judicial resulta inexistente desde el momento que el auto de admisión contiene, precisamente, una respuesta motivada y fundada en Derecho con relación al escrito de preparación. Y, tanto es así, que esa respuesta fue la de admisión a trámite del recurso de casación.

    En segundo lugar, el planteamiento de la recurrente destila una cierta confusión en torno a la naturaleza del recurso de casación introducido por la Ley Orgánica 7/2015. El régimen casacional vigente no se funda en la posible apreciación de un crisol de eventuales motivos autónomos, aducidos por la parte frente a la sentencia, sino que, como se infiere sin dificultad del artículo 88.1 LJCA, el recurso "podrá ser admitido a trámite" cuando se estime que "presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia." Por tanto, ese es el único motivo que puede justificar la admisión del recurso de casación, esto es, la apreciación "del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia" que, en este caso, se ha apreciado y concretado a los efectos de determinar el carácter deducible de los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad recurrente, destinado al reparto de dividendos y a la adquisición de participaciones propias para su amortización en el marco de una operación realizada con la finalidad de proporcionar una restitución de aportaciones a los socios.

    Esa y solo esa es la cuestión de interés casacional que esta Sala advirtió en el auto de admisión y que ha permitido a la recurrente franquear el acceso para el enjuiciamiento del recurso.

    El pronunciamiento del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 3 de noviembre de 2021 corrobora la posibilidad de que el auto de admisión afirme el interés casacional solamente respecto de alguna de las cuestiones anunciadas en el escrito de preparación, sin pronunciarse explícitamente sobre otras que, eventualmente, contenga el escrito de preparación sin que ello suponga "descartar o excluir las demás anunciadas en la preparación sobre las que el propio auto de admisión no afirma positivamente tal interés" y sin que resulte posible "declarar la admisibilidad parcial del recurso" dado que "el auto de admisión no puede ni debe hacer pronunciamientos formales de admisión/inadmisión parcial. El recurso se admite o se inadmite, pero no se admite o inadmite de manera parcial."

    En tercer lugar, da la impresión de que la parte recurrente mantiene que por el simple hecho de aducir una determinada cuestión en el escrito de preparación y reproducirla en el escrito de interposición, la Sección de enjuiciamiento está obligada a pronunciarse sobre ella, con independencia de que la recoja o no el auto de admisión.

    Desmiente dicha interpretación el artículo 93.1 LJCA y, nuevamente, el referido Pleno no jurisdiccional de 3 de noviembre de 2021 en el que pusimos de manifiesto que "{l}a sentencia de casación debe limitar su examen a las infracciones jurídicas planteadas en el escrito de interposición sobre las que previamente se ha apreciado el interés casacional en el auto de admisión, pero puede extenderse a otras infracciones jurídicas asimismo planteadas en el escrito de interposición (y antes anunciadas en el de preparación) siempre y cuando guarden relación de conexidad lógico-jurídica con las identificadas en el auto de admisión como dotadas de interés casacional." En el presente caso, la sociedad recurrente impugnó la liquidación y la sanción denunciando una serie de infracciones -respecto de la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria; de la valoración de aportaciones no dinerarias; de los intereses del préstamo; de los pagos a la familia Soledad ; de los ajustes a reservas; de los gastos de viaje y de las retribuciones satisfechas a los administradoresrecayendo el pronunciamiento anulatorio de la sentencia, únicamente, respecto a los gastos de viaje cuya deducción había sido rechazada por la Administración, frente a lo que la sentencia impugnada en su Fundamento de Derecho Octavo "estima el motivo".

    Pretender, ahora, que la Sala se pronuncie sobre algunas de esas otras cuestiones que nada tienen que ver con la única cuestión de interés casacional que motivó la admisión comporta una desnaturalización de los fundamentos y finalidad del recurso de casación.

    En efecto, no resulta posible apreciar que tales cuestiones mantengan o guarden una relación de conexidad lógico-jurídica con la identificada en el auto de admisión. Todas esas infracciones se encuentran perfectamente delimitadas y diferenciadas las unas de las otras tanto por su propia naturaleza como por la sistemática empleada por la Administración y por el tribunal de instancia a la hora de analizarlas. En definitiva, la delimitación entre ellas aparece como una constante, nítidamente establecida, en vía económicaadministrativa como jurisdiccional.

    Por lo demás, en ningún momento el escrito de interposición demuestra o justifica en qué medida dicha relación o conexidad resultaría apreciable y permitiría entrar a analizar tales cuestiones.

    En consecuencia, consideramos que la sentencia recurrida debe ser anulada, únicamente, en la parte que aplica un criterio contrario a la doctrina jurisprudencial, enunciada en el Fundamento de Derecho anterior; y, conforme a lo expuesto, procederá estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Aligator Company 21, S.L contra la resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Central, de 8 de junio de 2017, resolución que anulamos, así como las resoluciones de las que trae causa, en particular, la liquidación y sanción, únicamente en la parte en que ambas no reconocen el carácter deducible de los intereses del préstamo otorgado a la recurrente, manteniendo, íntegramente, el resto de sus pronunciamientos, con excepción del ya anulado por la sentencia de instancia relativo a la deducción de los gastos de viaje.

    SEXTO.- Costas.

    De conformidad con el artículo 93.4 LJCA no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. En cuanto a las costas de la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.


    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    1.- Declarar la doctrina del presente recurso, expresada al Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia, por remisión al Fundamento de Derecho Octavo de nuestra sentencia 458/2021, de 30 de marzo, rca. 3454/2019.

    2.- Estimar en parte el recurso de casación 4762/2020 interpuesto por la representación procesal de Aligator Company 21, S.L contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de marzo de 2020, sentencia que se casa y anula en la parte que resulta contraria a la anterior doctrina, esto es, al considerar -indebidamente- como no deducibles, los gastos correspondientes a los intereses del préstamo otorgado a la recurrente.

    3.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo núm. 874/2017, interpuesto por la representación procesal de Aligator Company 21, S.L contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 8 de junio de 2017, resolución que anulamos, así como las resoluciones de las que trae causa, en particular, la liquidación y sanción, únicamente en la parte en que ambas no reconocen el carácter deducible de los intereses del préstamo otorgado a la recurrente, manteniendo, íntegramente, el resto de sus pronunciamientos, con excepción del ya anulado por la sentencia de instancia relativo a la deducción de los gastos de viaje.

    4.- No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación ni sobre las de la instancia.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma