STSJ LR 454/2024 - Fecha: 28/11/2024
Nº Resolución: 210/2024 - Nº Recurso: 220/2024	Procedimiento: Recurso de suplicación

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social - Sección: 1
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Logroño
Ponente: CARLOS GONZALEZ GONZALEZ
ECLI: ES:TSJLR:2024:454 - Id Cendoj: 26089340012024100177

    En Logroño, a veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

    La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y EN NOMBRE DEL REY Ha dictado la siguiente



    En el recurso de Suplicación nº 220/24 interpuesto por Dª Juliana , asistida del Abogado D. David Martínez Portillo Pellejero, contra la sentencia nº 149/24 de fecha 29 de agosto de 2024, recaída en autos nº 154/23 del Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño y siendo recurridos la empresa Enrique asistida del Abogado D. David Sáenz Gil de Gómez, y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL asistido del Abogado de FOGASA, con intervención del MINISTERIO FISCAL; ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. D. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ.



    PRIMERO.- Según consta en autos, por Dª Juliana se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño, contra la empresa Enrique y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, con intervención del MINISTERIO FISCAL, en reclamación por DESPIDO.

    SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:

    HECHOS PROBADOS:

    PRIMERO.- La demandante venía prestando sus servicios por cuenta y órdenes de la demandada con una antigüedad del 24.09.2007, categoría profesional de peón y salario bruto diario 44,36 Ç a tiempo completo, de forma fija-discontinua.

    SEGUNDO.- Corresponde esta antigüedad a la reconocida por empleador anterior DIRECCION001 ., que así se la reconoció, junto a la condición de fija-discontinua en conciliación administrativa celebrada el 8.04.2011.

    Para esta empresa prestó servicios en los siguientes períodos:

    Del 24.09.2007 al 14.06.2008 (265 días) Del 24.09.2008 al 31.05.2009 (250 días) Del 18.09.2009 al 20.05.2010 (245 días) Del 4.08.2010 al 10.06.2011 (311 días) Del 20.09.2011 al 31.12.2011 (73 días) (percibió desempleo del 1.06.2009 al 17.09.2009, del 21.05.2010 al 3.08.2010, del 11.06.2011 al 19.09.2011 y del 1.01.2012 al 12.06.2012) Del 1.01.2012 al 12.06.2012 (164 días) Del 19.09.2012 al 31.05.2013 (255 días) Del 20.09.2013 al 31.05.2014 (254 días) del 22.09.2014 al 31.05.2015 (252 días) del 21.09.2015 al 31.05.2016 (254 días) del 27.09.2016 al 31.05.2017 (247 días) del 6.10.2017 al 31.05.2018 (238 días) del 20.09.2018 al 13.03.2019 (175 días) Desde Febrero de 2012 disfrutaba de una reducción de jornada por guarda legal a 30 horas/semana.

    A su cese en DIRECCION001 accionó por despido, correspondiendo el conocimiento de esa demanda a este Juzgado de lo Social nº 3 (autos 560/19). La actora desistió de esta demanda en conciliación judicial celebrada el 26.02.2020

    TERCERO.- En fecha 23.09.2019 firmó con el demandado contrato de trabajo temporal (por obra o servicio determinado) y a tiempo parcial (6 horas/día).

    Comunicada su finalización con efectos del 13.03.2020 (vigente el contrato 112 días) accionó por despido y formuló demanda de reconocimiento de derecho, dictándose el 5.03.2021 y por el Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad (autos 178/20) sentencia que declaró el derecho de la demandante a mantener en la relación laboral con el demandado las mismas condiciones laborales que venían rigiendo con la empresa DIRECCION001., incluida su antigüedad, de carácter fijo en la modalidad de fijo discontinuo y con jornada a tiempo completo y derecho a una reducción por guarda legal de 30 horas semanales. El contenido de esta sentencia, aportada por la demandante en su ramo de prueba, se tiene aquí por reproducido (documento 24).

    Firme la anterior se celebró el 25.05.2021 ante ese mismo Juzgado (autos 152/20) conciliación judicial en el procedimiento de despido, alcanzando las partes a la vista de la misma Acuerdo por el que la empresa abonaba a la actora salarios de tramitación por el período de 23.09.2020 a 10.11.2020 (48 días) y se comprometía a su llamamiento para la siguiente campaña.

    La actora inició descanso maternal en fecha 12.11.2020, siéndole denegada prestación. Interpuesta denuncia por cotización irregular causante de esa denegación ante la ITSS en fecha 28.07.2021 se le contestó a la misma indicándole que la empresa había efectuado cotizaciones en los términos pactados en conciliación judicial y su situación en la fecha del hecho causante de la prestación era la de asimilada al alta como trabajadora fija discontinua en período entre campañas.

    Posteriormente sólo constan cotizados en su vida laboral dos días (24.08.2021 y 31.08.2021).

    El 23.08.2021 presentó a la empresa escrito indicado se acogía a una excedencia por guarda legal para cuidar a su hijo nacido el NUM000 .2020 desde el 6.09.2021. En fecha 9.12.2021 presentó nuevo escrito por el que ampliaba esa excedencia hasta el 30.11.2022 y el 19.10.2022 otro ampliando la misma hasta la siguiente campaña en 2023 señalando que, sin fechas ciertas, suele comenzar en septiembre, procediendo a incorporarse a su puesto tras comunicación escrita por la empresa del inicio de la misma. La empresa contestó al anterior mediante escrito de 26.11.2022, señalando debería reincorporarse a su puesto el próximo 1.02.2023 salvo indicación en contra de su parte y que no se procedería a realizar un nuevo llamamiento a la actividad como consecuencia de su excedencia y hasta la finalización de la misma.

    En fecha 19.01.2023 la demandante presentó escrito a la mercantil comunicando su reincorporación de esa excedencia para el 1.02.2023 con una reducción de jornada por guarda legal a 24 horas semanales en horario de lunes a a sábado de 9.00 a 13.00 horas y sábados de 7.00 a 11.00 horas.

    Todas las comunicaciones sobre esta excedencia se hicieron vía email entre el letrado de la empresa y graduada social que asumió su defensa en los procedimientos de reconocimiento de derecho y despido previo.

    En cuanto a la reducción de jornada y mediante email de 25.01.2023 se comunicó a aquella que el horario del sábado no era posible al estar la empresa abierta sólo de 9.00 a 1.00, para que modificara el horario de reducción y responderle por escrito.

    CUARTO.- La actora se reincorporó en la fecha prevista (1.02.2023).

    QUINTO.- El 6.02.2023 la empresa le comunicó su despido mediante carta del siguiente tenor literal (ante su negativa a firma la recepción se le envió por burofax):

    "Muy Sra nuestra:

    Por medio de la presente pongo en su conocimiento que, con efectos del día 6 de Febrero de 2023, queda rescindida la relación laboral que teníamos suscrita ambas partes, motivada en las graves faltas que ud ha cometido desde que se reincorporó a su puesto de trabajo el pasado día 1 de Febrero. Esta situación se ha tornado insostenible para la empresa que lamentándolo mucho ha tomado la decisión de resolver el contrato de trabajo que nos une conforme a los art. 37 d), k) y l) en relación con el art. 38 del convenio colectivo de trabajo para la actividad de Industria del Cultivo de Champiñón y otros Hongos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

    Los motivos de esta decisión se basan en los siguientes hechos:

    El día 1 de febrero de 2023 al reincorporarse a su puesto de trabajo tras la excedencia solicitada se niega a firmar la recepción de normas internas que le facilita la empresa, debiendo firmar sus compañeros D. Teofilo y D. Bernardino su negativa a firmarlo. No obstante, ud tiene conocimiento de su contenido toda vez que se le entregó copia y además le realizó una fotografía para reenviársela a un tercero.

    Posteriormente, se negó a utilizar el vestuario facilitado por la empresa debiendo adquirir varios equipamientos (hasta que no pudo rechazar la talla más grande que se pudo conseguir).

    Por último, ese mismo día 5 se niega en 5 ocasiones a realizar los cometidosque le encomienda el propietario Sr Enrique .En todas las ocasiones, el cometido era mover los palotsque ud estaba utilizando yque se encontraban llenos. Ud se niega a moverlos (actividad que siempre ha realizado) y no da motivo alguno a su negativa. Se le pide un documento que justifique su negativa a lo que contesta que no tiene que entregar nada "que no los va a mover y punto" Igualmente este mismo día se niega a utilizar la traspaleta manual que existe en las instalaciones y que siempre ha utilizado.

    Se niega a rellenar el parte de trabajo diario.

    De todos estos incumplimientos son testigos sus compañeros de trabajo.

    El siguiente día 2 de Febrero al igual que realizó el día anterior, ud se negó a cambiar el palot del champiñón, llenó la mesa entera de champiñón cortado, provocando que el mismo cayera de la mesa de corte provocando su rotura, con el consiguiente perjuicio que ocasionó a la empresa que no pudo llevarlo a la conservera.

    Por su negativa a cambiar el palot que había utilizado estuvo durante 3 horas de brazo cruzados, negándose continuamente a cambiar el palot mientras se le requería numerosas veces que lo hiciera.

    A esto se añade igualmenteque se niega a utilizar la traspaleta manual y a confeccionar el parte diario de trabajo.

    De la misma forma y ante la insistencia en que realizara su trabajo ud se negaba con actitud chulesca, amenazando al empresario de que no le daba la gana hacerle y "que aunque estuviera parada ud tenía el sueldo asegurado" De todos estos hechos son testigos sus compañeros de trabajo.

    Por último, el día 4 de Febrero nuevamente se niega a cambiar el palot que ha estado utilizando y permanece sin hacer nada desde las 8.15 hasta las 10.45 horas en que sus compañeros acuden a la sala de corte.

    Les falta al respeto y les acusa de malos compañeros, pero lo cierto es que se tienen que quedar a terminar su trabajo hasta las 11.02 porque ud deja 10 kgs de champiñón sin cortar en la mesa de corte.

    Nuevamente se niega a utilizar la traspaleta y confeccionar el parte diario de trabajo.

    Pero lo más grave sucede cuando después de abandonar su puesto de trabajo, regresa a los 5 minutos y arranca y sustrae la cámara de videovigilancia existente en la sala de corte yque se había instalado el viernes 3 de Febrero tal y como se le indicó en la carta que cuya recepción ud se negó a firmar el día 1 de febrero.

    Ud ha inutilizado el sistema de videovigilancia que se está implantando en la empresa y ha sustraído una de las cámaras de seguridad, motivo por el cual se avisó a la Guardia Civil y se ha interpuesto la correspondiente denuncia por robo y daños.

    A estos hechos son de aplicación la siguiente normativa:

    El art. 16 del Convenio Colectivo establece que "la ordenación del trabajo es facultad del empresario o persona en quien éste delegue y debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente convenio y demás normas aplicables.

    El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades, debiendo realizar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su competencia profesional.

    Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la jornada laboral, así como cumplir con todas las instrucciones referentes a la prevención de riesgos laborales".

    El art. 37 del convenio colectivo aplicable establece que tendrá la consideración de falta muy grave:

    "d. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.

    k. la disminución voluntaria y reiterada o continuada en el rendimiento normal del trabajo.

    l. la desobediencia continuada o persistentes".

    El art. 38.1.c) prevé como sanción para los citados incumplimientos la sanción con despido disciplinario que es la decisión que ha decidido la empresa.

    Por todo lo cual se procede a su despido disciplinario desde este mismo día en base a su conducta, que la empresa no pude tolerar por más tiempo, encuadrable en los art. 37 y 38 del Convenio de la Industria del Champiñón de La Rioja ".

    SEXTO.- En el momento de su reincorporación la empresa le puso a la firma comunicación que se negó a recepcionar y en la que se le informaba de un nuevo protocolo de uso interno en varios ámbitos, concretamente los que siguen:

    1.- UNIFORMIDAD Todo el personal de la empresa deberá llevar durante su jornada de trabajo la vestimenta y equipos de protección que facilite la empresa.

    Este vestuario deberá quedar al finalizar su jornada de trabajo en las instalaciones de la empresa para su lavado y limpieza diaria a cargo del empleador, sin que el mismo pueda ser llevado a su domicilio particular, salvo que conste autorización por escrito en tal sentido.

    2.- SEGURIDAD Y LIMPIEZA Cada persona será responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo, así como su equipo de protección personal, prendas, herramientas y materiales.

    Al finalizar la jornada laboral o en su caso la correspondiente tarea se deberán recoger las herramientas, equipos y materiales empleados y el lugar de trabajo deberá quedar limpio y ordenado.

    Las zonas de paso deberán mantenerse en todo momento libe de obstáculos.

    Las medidas antiincendios deben permanecer en todo momento libres de obstáculos y objetos que impidan o dificulten el acceso a las mismas o a su utilización.

    3.- PARTES DE TRABAJO Diariamente se anotarán las labores realizadas en el parte de trabajo facilitado por la empresa para el correcto control de las labores realizadas.

    Se dejará aviso por escrito al encargado de sección de la falta de material necesario para la realización de tareas.

    4.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR Es obligación del trabajador realizar el control horario de sus entradas y salidas del centro de trabajo conforme al sistema que en cada momento esté implantado en la empresa.

    Se prohíbe expresamente acceder a la zona de producción con el móvil personal del trabajador. Dicho dispositivo deberá quedar en los vestuarios y se prohíbe expresamente su uso. Cualquier comunicación con el exterior en horario de trabajo se realizará con el dispositivo que proporciona la empresa y que consta en poder del encargado presente en las instalaciones.

    5.- INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Con motivo de los numerosos robos sufridos en instalaciones colindantes así como en diferentes propiedades de la zona la empresa ha decidido instalar cámaras de videovigilancia en sus instalaciones.

    La finalidad de las mismas será evitar y disuadir que se puedan producir robos en sus instalaciones.

    El enfoque de las mismas no grabará permanente el puesto de trabajo de ningún empleado sino que se limitará a la grabación de los accesos de las instalaciones e igualmente se instalará una cámara de grabación general en cada centro de producción.

    Que no obstante lo anterior, si a través de la grabación de las mismas se pudiera observar un incumplimiento del trabajador, siguiendo los protocolos legales establecidos, las grabaciones podrán ser usadas como prueba en juicio de los incumplimientos alegados por la empresa.

    Al pie del escrito se informaba de que el incumplimiento o cumplimiento inapropiado de esas medidas se llevarían a cabo las sanciones correspondientes según la legislación aplicable.

    Ante su negativa firmaron dos testigos en prueba de esa notificación, previa información verbal por el empresario de su contenido y, expresamente, de la instalación de cámaras de videovigilancia.

    SÉPTIMO.- Acudió a su puesto de trabajo el miércoles 1, jueves 2, sábado 4 y lunes 6, firmando el correspondiente registro (el viernes 3 de febrero era festivo en DIRECCION002 ), no así el parte de trabajo que consignaba la actividad desarrollada en esas fechas (2 de febrero: Cortar champiñón 15 cajas; 4 de febrero:

    cortar 1 palot y llenar 5 puestos de la mesa), que firmaron en su lugar sus compañeros como testigos.

    El registro de jornada se lleva a cabo en un cuaderno que el empresario adecua a esta finalidad (prepara para cada trabajador una hoja con los días del mes y apartado de hora de entrada salida que se apunta por su parte y diariamente firman los trabajadores.

    En el período anterior a esta reincorporación la empresa no exigía la confección de partes de trabajo. Los que la actora se negó a firmar fueron rellenados por el empresario. Sus compañeros confeccionan los propios.

    OCTAVO. -Desde 2022 la empresa facilita a los trabajadores un buzo de trabajo.

    Los trabajadores disponen de vestuarios para cambiarse antes del inicio y finalizada la jornada.

    NOVENO.- El puesto de la demandante se ubica en nave distinta a la de cultivo y consiste en limpiar y cortar el champiñón que desde la nave de cultivo se trasporta por el empresario y sus compañeros en cajas y con una traspaleta/toro mecánico.

    El operario de corte (habitualmente la demandante en solitario) debe vaciar cada caja (10-12 kg) del champiñón que contiene a la mesa para su limpieza y corte, y lo va depositando después en un palot de 1mx1m y unos 120-130 kg de peso que, cuando está lleno, se lleva a las cámaras frigoríficas con una traspaleta manual. En la parte final de la jornada los trabajadores de cultivo pasan a la zona de corte.

    Reincorporada el 1 de febrero y cuando su compañero Bernardino acompañó al empresario a llevar champiñón para su corte, en su presencia la demandante manifestó reiteradamente su negativa a retirar las cajas y el palot sin alegar motivo alguno, limitándose a indicar que tenía el sueldo asegurado. Siguiendo las instrucciones del empresario procedieron su compañero y el empresario a realizar esas funciones.

    DÉCIMO.- El empresario encargó la instalación de dos cámaras de videovigilancia, 1 en la sala de corte y otra fuera, para enfoque la primera a la puerta de la nave y la segunda a la verja de acceso a las instalaciones, con conexión a una central de alarmas.

    El técnico acudió a realizar esa instalación el viernes 3 de febrero, que dejó inacabada (quedaba pendiente su programación y la cámara de la nave se dejó provisionalmente sobre una balda enchufada, sin conexión a internet).

    Sí se colocaron los carteles/pegatinas informativas de existencia de cámaras de videovigilancia.

    Finalizada la jornada del 4 de febrero la demandante se cambió de ropa y abandonó las instalaciones (fueron a recogerla en un vehículo) para regresar al poco y, tras entrar en la nave de corte (en la que estaban sus compañeros terminando el trabajo de corte que ella dejó pendiente), cogió la cámara (tiró de la misma y desconectó su cable) intentando salir de la nave con ella, lo que el empresario le impidió mientras le reclamaba que se la devolviera, a lo que ella se negó.

    Tanto la actora como el empresario avisaron a la Guardia Civil, quedando la actora esperando dentro de la nave y el empresario (que avisó al técnico que estaba realizando la instalación de las cámaras) y los trabajadores fuera. Tras ser trasladado el correspondiente aviso a la patrulla de servicio se personaron allí dos agentes, encontrando en las instalaciones a la demandante y su pareja junto al empresario, los trabajadores Bernardino y Teofilo , y al técnico Sergio . La demandante tenía en sus manos la cámara, que entregó a la Guardia Civil y ellos al demandado. La cámara no tenía daños aparentes, aunque no se comprobó entonces si funcionaba.

    Ambas partes anunciaron su intención de interponer denuncia contra el otro.

    Por el empresario y en fecha 6.02.2023 así se hizo en el puesto de DIRECCION002 . Por estos hechos se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Calahorra procedimiento penal (DP 86/23) en el que la demandante ha prestado declaración como investigada.

    La instalación de videocámaras se completó posteriormente, comprobándose entonces que la cámara que la demandante había arrancado tenía el conector roto lo que impedía que arrancara, procediéndose a su sustitución ante lo antieconómico de su reparación. El gasto de esta sustitución (157,11 Ç) y reinstalación (70,00 Ç) alcanzaron un total de 227,11 Ç (sin IVA).

    DECIMOPRIMERO.- En la fecha del despido la actora estaba embarazada. En la fecha de su primera visita médica (19.12.202) se encontraba en la 12+2 semana de gestación, siendo la fecha probable de parto para el 1.07.2023.

    Era ya madre de un niño (nacido en 2011) y una niña (nacida en 2016).

    El parto se produjo el NUM001 .2023.

    DECIMOSEGUNDO.- La demandada tiene concertada su actividad preventiva en la especialidad de prevención técnicas y de vigilancia de la salud con la entidad R y T.

    La evaluación de Riesgos realizada por esta empresa asocia al puesto de recolección y corte, entre otros, riesgo por manipulación anual de cargas en grado moderado, asociado a la actividad de manipular las cajas de champiñón a la zona de apilamiento para su posterior corte, lavado y conservación en las cámaras frigoríficas, estableciendo como medidas preventivas al respecto:

    - Solicitar la ayuda de uno u otro compañero cuando la carga a levantar supere los niveles reglamentarios (RD 487/97) - Es conveniente que dicha carga se lleve a cabo a través de las carretillas elevadoras o medios mecánicos que eviten sobreesfuerzos innecesarios en el operario (RD 487/97) - Uso de guantes y calzado de trabajo adecuado como equipos de protección individual (RD 773/97) - Formar e informar.

    Ese mismo riesgo y con grado tolerable se asocia a este puesto en relación al volcado de las cajas desde el palet a la mesa de corte y la manipulación de cajas para su carga y descarga y su almacenamiento, estableciendo como medidas preventivas:

    - Adopción de posturas ergonómicas para la realización de los movimientos: separar pies, doblar rodillas, acercar la carga al cuerpo, levantar gradualmente...

    - Solicitar la ayuda de uno u otro compañero cuando la carga a levantar supere los niveles reglamentarios (RD 487/97) 25 kgs para hombres, 15 kg para mujeres.

    - Es conveniente que siempre que sea posible dicha carga se lleve a cabo a través de las carretillas elevadoras o medios mecánicos que eviten sobreesfuerzos innecesarios en el operario (RD 487/64) - Uso de guantes y calzado de trabajo adecuado como equipos de protección individual (RD 773/97) - Ninguna trabajadora embarazada podrá manipular cargas.

    - Formar e informar a los trabajadores.

    DECIMOTERCERO. -El 23.04.2012 recibió de su entonces empleadora amonestación escrita por una discusión entre trabajadores por negarse a recoger el lugar de trabajo; sanción que la empresa revocó y dejó sin efecto en aras a la paz social en conciliación judicial celebrada el 10.10.2012 ante el Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad (autos 387/12) En fecha 22.10.2019 se le comunicó por el demandado una sanción (amonestación por escrito) por negarse a realizar una tarea alegando que se trataba de un trabajo de hombres y que no tenía que realizarla, aceptando finalmente hacerla, tardando en finalizar la misma 3 h y 30 m cuando sus compañeros les costaba apenas 2 y haciendo caso omiso a las indicaciones de no compactar la tierra.(esparcir tierra a lo largo de una fila de champiñones de manera que los cubriese, indicándole en repetidas ocasiones que no compactara la tierra que esparcía porque en ese caso los champiñones no pueden respirar, limitando el crecimiento). Impugnada judicialmente la empresa retiró la misma en aras a la paz social y circunstancias sobrevenidas en conciliación judicial celebrada el 2.06.2020 ante el Juzgado de lo Social nº 2 de esta ciudad (autos 628/19).

    Eses mismo 22.10.2019 se le impuso otra sanción (amonestación escrita) por no comunicar a la empresa su falta de asistencia el pasado 17 de octubre para asistencia al Tribunal Laboral y pese a conocerlo con anterioridad. Impugnada judicialmente la empresa retiró la misma en aras a la paz social y circunstancias sobrevenidas en conciliación judicial celebrada el 2.06.2020 ante el Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad (autos 615/19).

    También ese 22.10.2019 se le comunicó sanción de amonestación escrita por no haber justificado su inasistencia del 17 de octubre, aportando justificante de haber acudido al Tribunal laboral entre las 10.00 y las 10.35 horas teniendo en cuenta que su jornada laboral finalizaba a las 13.00 horas y atendida la duración del trayecto, podría haberse reincorporado sobre las 11.30. Impugnada judicialmente la empresa retiró la misma en aras a la paz social y circunstancias sobrevenidas en conciliación judicial celebrada el 2.06.2020 ante el Juzgado de lo Social nº 2 de esta ciudad (autos 629/19).

    En estas tres ocasiones se negó a firma la recepción de estas cartas de sanción, haciéndolo por tal motivo unos testigos. Seguidamente inició período de IT por contingencia de enfermedad común y diagnóstico de problemas ocupacionales del trabajo del 25.10.2019 al 12.12.2019.

    DECIMOCUARTO. -Con fecha 9 de Marzo de 2023 a las 9.30 horas se celebró el preceptivo acto de conciliación previo a la vía jurisdiccional que la actora había instado el 28.02.2022 con el resultado de INTENTADO SIN EFECTO por incomparecencia de la demandada. En Acta emitida se dejó indicado que sí constaba citada, obrando en el expediente las cédulas de citación de 1 de marzo de 2023 que fueron remitidas por correo certificado con acuse de recibo. El demandado recogió esa citación en Correos a las 12.48 horas de ese 9.03.2023.

    FALLO. -Que desestimando la demanda interpuesta por Dª Juliana contra la empresa Enrique , debo declarar y declaro procedente el despido producido con efectos del 6.02.2023, absolviendo a este demandado de las pretensiones formuladas en su contra."

    TERCERO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación por Dª Juliana , siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

    CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.



    PRIMERO.- Sentencia de instancia y motivos de impugnación

    El Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño dictó la sentencia 149/2024 con fecha 29 de agosto de 2024, en el procedimiento nº 154/2023, declarando procedente el despido disciplinario decidido por el empresario con efectos del 6.02.2023.

    El despido disciplinario, que la sentencia declara procedente, se vincula a los incumplimientos imputados a la demandante, que la sentencia da por probados, consistentes en la negativa a rellenar los partes de trabajo y a realizar, sin justificación, las tareas encomendadas, así como su conducta de tirar y desconectar una cámara de seguridad que había colocado el empresario en el lugar de trabajo, aprehendiéndola e intentando sacarla de las instalaciones, causando daños en la cámara, que tuvo que ser sustituida. Constata la sentencia, valorando la prueba testifical, tales incumplimientos, para destacar que constituía una actitud renuente y obstativa de la trabajadora a realizar sus funciones y recibir las nuevas directrices de trabajo notificadas tras su reincorporación, todo ello con lo que califica como actitud retadora, que culminó con la aprensión de la cámara de seguridad que a la postre debió ser sustituida. Concluye que se trata de incumplimientos graves y culpables que, con independencia del valor económico de esos daños, resultan merecedores de la sanción de despido aplicada.

    Descartó, asimismo, que el despido fuese nulo por discriminatorio atendida la situación de embarazo en que se encontraba la demandante al tiempo de adoptar el empresario la decisión, pero desconociendo el embarazo, o que se hubiese vulnerado la garantía de indemnidad.

    Discrepando del pronunciamiento de la anterior resolución, la actora recurre en suplicación, formalizando motivos de error en la apreciación de la prueba y motivos destinado al examen del derecho aplicado, al amparo del artículo 193.b y c de la LRJS.

    Debe aclararse que en el suplico del recurso de suplicación se solicita "la declaración de la nulidad de actuaciones y que se reponga los autos con momento anterior a la situación de indefensión",pero sin mencionar razón alguna que pueda justificar tal nulidad ni contener razonamiento sobre la pretendida indefensión, al tiempo de que no se articula motivo del recurso por infracción de las garantías y normas procesales al amparo de la letra a) del art. 193 de la LRJS, por lo que procede sin mayor razonamiento desestimar dicha nulidad de actuaciones ante las que más que evidente defectuosa formulación del recurso.

    El empresario, a través de su dirección letrada, se ha opuesto al recurso de suplicación, impugnándolo.

    SEGUNDO.-Error en la apreciación de la prueba

    1.Se articula al amparo de lo dispuesto en la letra b) del artículo 193 de la LRJS, a fin de revisar los hechos declarados probados a la vista de la prueba documental practicada.

    2.En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS - que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL-, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

    a)Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09).

    Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10).

    b)Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

    c)Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

    Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayorfuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

    d)El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

    Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.

    e)Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

    f)Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

    g)La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

    3. Se dirige el motivo de revisión probatoriaa incluir dos nuevos párrafos al hecho probado décimo de la sentencia recurrida. Se manifiesta que la pretensión revisoría encuentra apoyo en los documentos nº 55 y 49 del ramo de la parte actora, "resultante de las declaraciones del demandado ante la guardia civil y en el juzgado de instrucción"y en la factura de reparación de la cámara de seguridad de 22 de julio de 2023.

    Afirma la recurrente que la modificación resulta transcendente "puesto que se acredita que según las propias declaraciones, a la fecha de la notificación de la carta de despido, no existía rotura o desperfecto alguno en el cámara que manipuló la actora", mientras que el artículo 37.d del convenio de aplicación considera infracción muy grave "Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo".En su parecer, "De los hechos expuestos, se acredita que el desperfecto que se pretende hacer responsable, se constata en factura de 22 de julio de 2023, muy posterior a los hechos del despido".

    Añade el recurso que "Además se acredita un error en la valoración del daño, que la juez señala en "gasto de esta sustitución en 157,11Ç, cuando la realidad es que el conjunto de los trabajos de sustituir cámara estropeada conector de carga roto, programación y puesta en marcha,fueron 70,00 Ç sin que el propio técnico haya valorado por separado el valor del cable sustituido, dado su escaso valor económico, según declaró en el juicio oral".

    Solicita que el hecho probado décimo quede redactado en estos términos, con los añadidos en negrita:

    "El empresario encargó la instalación de dos cámaras de videovigilancia, 1 en la sala de corte y otra fuera, para enfoque la primera a la puerta de la nave y la segunda a la verja de acceso a las instalaciones, con conexión a una central de alarmas.

    El técnico acudió a realizar esa instalación el viernes 3 de febrero, que dejó inacabada (quedaba pendiente su programación y la cámara de la nave se dejó provisionalmente sobre una balda enchufada, sin conexión a internet).

    Sí se colocaron los carteles/pegatinas informativas de existencia de cámaras de videovigilancia.

    Finalizada la jornada del 4 de febrero la demandante se cambió de ropa y abandonó las instalaciones (fueron a recogerla en un vehículo) para regresar al poco y, tras entrar en la nave de corte (en la que estaban sus compañeros terminando el trabajo de corte que ella dejó pendiente), cogió la cámara (tiró de la misma y desconectó su cable) intentando salir de la nave con ella, lo que el empresario le impidió mientras le reclamaba que se la devolviera, a lo que ella se negó.

    Tanto la actora como el empresario avisaron a la Guardia Civil, quedando la actora esperando dentro de la nave y el empresario (que avisó al técnico que estaba realizando la instalación de las cámaras) y los trabajadores fuera.

    Tras ser trasladado el correspondiente aviso a la patrulla de servicio se personaron allí dos agentes, encontrando en las instalaciones a la demandante y su pareja junto al empresario, los trabajadores Bernardino y Teofilo , y al técnico Sergio . La demandante tenía en sus manos la cámara, que entregó a la Guardia Civil y ellos al demandado. La cámara no tenía daños aparentes, aunque no se comprobó entonces si funcionaba. Ambas partes anunciaron su intención de interponer denuncia contra el otro.

    Por el empresario y en fecha 6.02.2023 así se hizo en el puesto de DIRECCION002. Consta en la denuncia interpuesta que el demandado a preguntas para que diga si la cámara de seguridad ha sufrido daños, el demandado manifestó que no, que solo fue sacada de su base, sin producir daños.

    Por estos hechos se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Calahorra procedimiento penal (DP 86/23) en el que la demandante ha prestado declaración como investigada.

    La instalación de videocámaras se completó posteriormente, según consta factura del técnico instalador de 22 de julio de 2023,comprobándose entonces que la cámara que la demandante había arrancado tenía el conector roto lo que impedía que arrancara, procediéndose a su sustitución ante lo antieconómico de su reparación. El gasto de "trabajos de sustituir cámara estropeada conector de carga roto, programación y puesta en marcha (70,00 Ç) alcanzaron un total de 227,11 Ç (sin IVA).

    4. Debe desestimarse el motivoporque, por una parte, se funda en unas declaraciones del empresario expresadas en la denuncia penal que no constituyen en realidad prueba documental a efectos revisorios y, por otra, ya fueron valoradas por la magistrada, además de carecer de la necesaria literosuficiencia si se tiene en cuenta que la sentencia valora como prueba esencial la testifical practicada en el juicio,que no puede ser objeto de revisión en suplicación, razonando que el testimonio del técnico acreditó que la cámara de seguridad que la trabajadora arrancó sí resultó dañada a consecuencia de su acción y tuvo que ser sustituida, indicando al mismo tiempo el importe que el empresario tuvo que abonar para su sustitución, valorando también a estos efectos el documento consistente en la factura aportada a los autos, de cuyo contenido tampoco cabe apreciar ningún error por parte de la magistrada que deba ser aquí corregido.

    Destaca la sentencia, en efecto, que declaró en el juicio el técnico que realizó la instalación del sistema de videovigilancia y que revisó el estado de la cámara, confirmando, "que la misma sífue dañada pese a la aparente indemnidad en el momento que fue entregada por los agentes; daños en el conector/cable de carga a la sazón concordantes con el gesto mediante el cual fue la misma cogida/arrancada por la actora".

    Valorando la declaración testifical del técnico y la factura aportada concluye la sentencia de instancia que "la instalación de videocámaras se completó posteriormente, comprobándose entonces que la cámara que la demandante había arrancado tenía el conector roto lo que impedíaque arrancara, procediéndose a su sustitución ante lo antieconómico de su reparación. El gasto de esta sustitución (157,11 Ç) y reinstalación (70,00 Ç) alcanzaron un total de 227,11 Ç (sin IVA)".

    Destacar en el mismo sentido que la propia revisión fáctica busca acreditar que los daños y desperfectos de la cámara de seguridad no fueron causados por la conducta de la trabajadora, sino en fechas posteriores al despido y tal circunstancia no resulta acreditada con la documental que cita la recurrente, fundándose el recurso en conjeturas y lecturas parciales e interesadas de la documental frente a la conjunta y objetiva valoración probatoria realizada en la instancia, incluyendo la prueba testifical practicada en el juicio, que permitió a la magistrada llegar de forma razonada a sus conclusiones en orden a dar por probado que la trabajadora fue la que arrancó la cámara de seguridad y causó los daños que exigieron su sustitución.

    Por último, la pretensión revisoría pretendida respecto del importe abonado para sustituir la cámara de seguridad resulta intranscendenteporque la valoración de la conducta de la demandante a efectos de la declaración de la procedencia del despido no se basa en la sentencia recurrida en el importe del daño causado, sino en la gravedad de la conducta realizada consistente en la negativa a rellenar los partes de trabajo y a realizar, sin justificación, las tareas encomendadas, así como la conducta de tirar y desconectar una cámara de seguridad que había colocado el empresario en el lugar de trabajo, causando daños en la cámara, que tuvo que ser sustituida.

    TERCERO.- Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia

    1.Al amparo del apartado c) del artículo 191 de la LRJS la recurrente destina el primer motivo de censura jurídica del recurso de suplicación a denunciar la infracción "de los artículos 20.3 , 20.4 , 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores , artículo 108.1 y 108.2 de la Ley de Jurisdicción Social, relativo a la improcedencia del despido y en relación a la nulidad del despido, en relación con la infracción del Artículo 7 del Convenio N . 158 de la Organización Internacional del Trabajo".

    2.En el desarrollo del motivo alega la exigibilidad en los despidos disciplinarios de la audiencia previa a la demandante de conformidad con lo establecido en el art. 7 del Convenio 158 de la OIT, que considera debe aplicar el juez al realizar el debido control de convencionalidad como regla de selección de derecho aplicable, que corresponde realizar, en cada caso concreto, a los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria ( STC 120/2021).

    Destaca también que el Convenio 158 de la OIT, de fecha 22 de junio de 1982, fue ratificada por España el 18 de febrero de 1985, y por imperativo del art. 96.1 CE y del art. 1.5 CC, se integró en nuestro ordenamiento jurídico con carácter prevalente, tal como se explicita en el art. 31 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales al disponer que "Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional".

    Considera que el art. 7.1 del Convenio 158 OIT contiene un mandato claro y concreto al disponer que "No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad".

    Cita jurisprudencia y doctrina judicial sobre la aplicación del Convenio 158 para terminar afirmando que el incumplimiento de esta garantía establecida en el art. 7 del Convenio nº 58 de la OIT ha de determinar la nulidad del despido al encontrarse embarazada la trabajadora, conforme el artículo 108.2 de la LRJS.

    3. El motivo se desestima porque el despido disciplinario cumple las exigencias formales que eran exigibles al tiempo de comunicarlo a la trabajadora conforme a lo establecido en el artículo 55.1 del ET ("Forma y efectos del despido disciplinario") y del artículo 105.2 de la LRJS al disponer el primero que "El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos", requisitos respetados en este caso.

    4. No se ha vulnerado el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT ni los preceptos que cita la recurrente ni las exigencias derivadas del control de convencionalidada la vista de la doctrina reciente del Pleno de la Sala Cuarta del Tribual Supremo, expresada en la STS 1250/2024,de fecha 18/11/2024, dictada en recurso de unificación de doctrina 4735/2023 .

    El Tribunal Supremo, es cierto que rectifica su anterior doctrina (expresada en la sentencia de contraste de 15.9.1988, en la que vino expresar que no era de aplicación directa el art. 7 del Convenio 158 de la OIT) y declara que sí resulta de aplicación directa la exigencia de la audiencia previaque impone el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT para las extinciones del contrato de trabajo por motivos relacionados con la conducta de la persona trabajadora. Todo ello en virtud de lo establecido en el art.96.1 de la CE y en el art. 23.3 de la Ley 25/2014, considerando que el artículo 7 del Convenio tiene carácter autosuficiente y debe ser aplicado de forma directa porque es "una disposición que debe calificarse de completa o aplicable en forma automática, sin precisar de normas de ejecución que deban dictarse por España ya que está suficiente y debidamente concretados sus términos", resultando aplicable "a toda situación en la que el empresario pretenda imponer al trabajador la extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario, por lo que no precisa de mayor desarrollo normativo para su cumplimiento ya que basta, simplemente, con permitir al trabajador que se defienda de los cargos sobre su conducta o trabajo".

    Nos aclara también el Alto Tribunal la finalidad de la audiencia previacomo mecanismo que ha de activarse antes o con ocasión del despido, que no es otra que la de que "el trabajador sea escuchado por el empleador antes de que éste pueda adoptar decisiones definitivas al respecto que, con ese conocimiento, a lo mejor no hubiera tomado".Destacando, respecto de la forma en que se deba articular la audiencia que "como requisito mínimo y suficiente, baste con que se le dé oportunidad al trabajador de ser oído, lo que no requiere de mayor precisión".

    Pero, al mismo tiempo, considera oportuno acotartemporalmente la aplicación de la exigencia de la audiencia previa haciendo uso de la salvedad que prevé el propio artículo 7 del Convenio 158 de la OIT,al excepcionar la necesidad de la audiencia previa en los despidos cuando no pueda pedirse razonablemente al empleador que conceda la posibilidad al trabajador de defenderse de los cargos formulados contra él. Para el Tribunal Supremo, siendo el despido acaecido bajo doctrina acuñada con anterioridad, como sucede en el caso, era razonable que el empresario no activara una exigencia que se consideraba no exigible,de modo que el cambio de doctrina sólo resulta de aplicación a los despidos disciplinarios producidos con posterioridad a la fecha de publicación de la sentencia. Advierte, eso sí, que con esta limitación en la aplicación en el tiempo de su cambio de doctrina "no estamos alterando la doctrina en relación con el alcance del cambio de jurisprudencia, estableciendo cánones de irretroactividad, propio de las leyes, sino, simplemente, aplicando la excepción de la propia norma objeto de análisis, que permiten valorar la razón por la que el empleador no ha dado audiencia previa al trabajador y que, en estos casos, se encuentra razonablemente justificada".

    La aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremoal caso presente -con despido disciplinario anterior al cambio de doctrina- determina que el primer motivo de censura jurídica debe ser desestimado.

    5. Como segundo motivo de censura jurídicase denuncia la infracción "del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 20 , 22 , 23 , 25 y 26 de la Ley 31/1955, de Prevención de Riesgos Laborales , en especial con lo dispuesto en el artículo 37.3.b) del Reglamento de los Servicios de Prevención , aprobado por el R.D. 39/1997, de 17 enero, así como el artículo 2.4ET en relación con la S.T.S. Nº 629/2021, de 15 de junio de 2021 ,que reitera doctrina del mismo tribunal, S.T.S. Nº 62/2018, de 25 de enero de (Rec. 249/2016 )".

    6. El recurso pretende relacionar los incumplimientos de las ordenes de trabajo-fundamento del despido disciplinario, junto con la acción de arrancar una cámara de seguridad, causando daños- con el estado de embarazo de la trabajadora, la ausencia de reconocimiento médico previo a su incorporación y la exigencia del empresario de que realizase tareas contraindicadas y de riesgo por su estado, lo que vendría a justificar su conducta y excluir que pudiera ser sancionada con el despido. Afirma para justificar el motivo que "Consta como hechos probados, que la actora estaba embarazada de 20 semanas, conforme el documento 27 del ramo de prueba de la actora, del Dr. Donato , entre otros, y como así señala la sentencia recurrida, fundamento derecho segundo, cuando se refiere "al momento evolutivo de su embarazo (principios de segundo semestre)".

    Añade que "La actora se incorporó a prestar servicios tras un periodo de inactividad prolongado sin que la empresa le ofreciera a realizarse el oportuno y preceptivo examen médico. La actora manifestó su imposibilidad de realizar ciertas funciones dada su situación de embarazo, como coger o manipular pesos, como vaciar cajas y mover palots cuyo peso, como se indica en la evaluación de riesgos laborales y recomendaciones de prevención descritas en el hecho probado Decimosegundo, estaban prohibidas para las trabajadoras embarazadas. Ya señala el propio protocolo que se requiera ayuda a otros trabajadores cuando se requiera manejo de pesos superiores a los reglamentarios, (15 kg para mujeres)". Consta en la carta de despido y así se admitido por esta parte, y admitió el demandado, que tuvo que traer hasta tres veces, diferentes tallas de buzo, hasta que se le ofreció la talla mayor existente, puesto que la actora en manifiesta situación de embarazo, no se negó a utilizar el buzo o vestuario facilitado, sino que no le valían dada la talla entregada, hasta que se le facilitó la talla mayor".

    Todo para concluir que "Esta situación manifiesta una clara situación de embarazo, y una negativa justificativa a poder desarrollar trabajos de empuje y manejo de pesos, por el peligro que constituye tanto a la madre como a su hijo".

    7.Relaciona la recurrente la infracción de la normativa citada con su estado de embarazada y con los riesgos de realizar ella sola las tareas encomendadas, considerando que las órdenes del empresario eran del todo abusivas y contrarias a su salud, y por ello mismo no pueden ser constitutivas de indisciplina y desobediencia, citando sentencias de otros tribunales.En concreto, señala que"No es exigible a la trabajadora dar conocimiento de su estado de salud o datos de su estado fisiológico, ya que ello vulneraría el derecho a la intimidad del trabajador, ya que tal y como se indica en el artículo 22 de la LPRL, "el acceso a la información médica es de carácter personal y se limita al personal médico y autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario u otras personas, sin el consentimiento del trabajador". Añade que"La trabajadora manifestaba su imposibilidad a realizar esas labores, debió ser llamada a instancias de la empresa demandada, a que se realizara un examen médico para que éste evaluara su aptitud para los trabajos de carga y manejo de pesos, cuestión que no se hizo por la empresa demandada, con conocimiento de la situación" y que "Además, mantenía a la actora trabajando sola en la zona de corte y a la vez se le exigía manejar pesos que superaban los límites para el personal sin limitaciones físicas. Este elemento es importante porque ya para el caso de que la actora no se encontrara limitada para el manejo de pesos, la recomendación es que se hiciera con ayuda de terceros, puesto que los pesos de manejo señalados en el hecho Noveno, superan con creces los límites para el manejo por parte de un solo trabajador, que aparecen en los protocolos del servicio de prevención, hecho decimosegundo. La conclusión es evidente puesto que el empresario buscaba aparentar la desobediencia de la actora, al no descargabar o mover los palots al regreso de los otros trabajadores de las bodegas, cuando ya le indicaba previamente que no los podía mover".

    8.Planteado en los anteriores términos este segundo motivo de censura jurídica no cabe sino su desestimación porque la recurrente hace supuesto de la cuestióny construye el motivo de espalda a los hechos declarados probados, afirmando otros hechos y circunstancias que no se declaran probadas, sin intentar pro el cauce adecuado su modificación.

    9.En efecto, contrariamente a lo afirmado en el recurso, la sentencia no admitelos hechos de la encomienda de tareas que estuvieran contraindicadas o la negativa a realizarlas por razón del embarazo de la actora o que las órdenes del empresario fuesen abusivas y contrarias a su salud o el hecho mismo de que conociera que estaba embarazada. Por el contrario, declara probado que la trabajadora se incorporó al trabajo tras largo período de excedencia, que no era preceptivo el reconocimiento médico, que al empresario no le constaba el estado de embarazo ni concurrían datos para que lo pudiera conocer (descarta la inferencia por el aspecto y volumen físico o respecto a la talla de la ropa de trabajo que precisara la trabajadora) y que incumplió las órdenes de trabajo sin dar explicación alguna.

    Razona al respecto de su conducta en el trabajo que "confirmaron sus compañeros su negativa a rellenar los partes de trabajo y acometer las tareas encomendadas"; extremo este último sobre el que abundó el Sr Bernardino corroborando que la única respuesta/explicación que daba al respecto era que tenía el sueldo asegurado (nada sobre su embarazo, según se apuntó anteriormente), siendo este testimonio plenamente creíble por su coherencia interna pese a las múltiples y variadas preguntas que al respecto se le hicieron". En el mismo sentido recoge como hecho probado noveno que "la demandante manifestó reiteradamente su negativa a retirar las cajas y el palot sin alegar motivo alguno, limitándose a indicar que tenía el sueldo asegurado".

    Añade también la sentencia respecto de los daños en la cámara de seguridad que "igualmente ha sido acreditado mediante el testimonio del citado que la actora tiró de la cámara que el día anterior había dejado en la nave de corte y desconectó la misma de la corriente, aprehendiéndola e intentando sacar la misma de las instalaciones (...)". En concordancia con el hecho probado décimo, que declara que la trabajadora "(...) cogió la cámara (tiró de la misma y desconectó su cable) intentando salir de la nave con ella, lo que el empresario le impidió mientras le reclamaba que se la devolviera, a lo que ella se negó".

    Todo ello para concluir que su negativa a cargar pesos sí puede entenderse justificada y no constitutiva de desobediencia, pero respecto de los otros incumplimientos se concluye en la sentencia que "merece considerarse constitutiva de una disminución voluntaria y reiterada delrendimiento normal de trabajo su actitud renuente y obstativa no sólo a realizar tales funciones, sino a seguir, incluso recibir las nuevas directrices notificadas tras su reincorporación, todo ello con una actitud retadora que culminó con la aprensión siquiera temporal por su parte de la cámara que a la postres debió ser sustituida; incumplimientos graves y culpables que, con independencia del valor económico de esos daños, resultan merecedores de la sanción de despido aplicada" En consecuencia, a la vista de que este motivo de censura jurídica descansa sobre hechos distintos de los declarados probados, debe correr la misma suerte porque la recurrente se limita a manifestar su discrepancia con la respuesta de la sentencia de instancia, pero no expresa la pertinencia y justificación de las infracciones denunciadas. Parte de una realidad distinta a la declarada probada, incurriendo en el defecto procesal de hacer supuesto de la cuestión, al tiempo de que omite todo razonamiento respecto de la conducta que sí ha sido probada y que ha dado lugar a que se declare el despido procedente. Las alegaciones de la recurrente son meras afirmaciones sin soporte probatorio alguno y en nada pueden incidir al resolver el recurso. por lo que no pueden ser aquí examinadas ni dar lugar a la estimación del recurso de suplicación, como tampoco puede servir a tales efectos la invocación de sentencias de suplicación de otros tribunales al no constituir jurisprudencia ( art. 1.6 CC) y no ser vinculantes.

    10.Como tercer motivo de censura jurídicase invoca "la infracción de los artículos 4.1.d ) y e ), 5.b) 54, 55 y 56 delEstatuto de los Trabajadores , artículo 108.1 y 108.2 de la Ley de Jurisdicción Social, y artículos 33 , 37 y 38 del Convenio de Aplicación ; relativo a la improcedencia del despido y en relación a la nulidad del despido, y doctrina del Tribunal Supremo, sentencias entre otras, las dictadas por SSTS de 28-8-1984, 22-51986 y 25-6-1990 ".

    Al respecto, transcribe los artículos del convenio de aplicación relativos al régimen disciplinario y a las conductas imputadas de la desobediencia reiterada, hacer desaparecer o inutilizar o destrozar material de la empresa y la disminución voluntaria y reiterada del rendimiento normal en el trabajo, que relaciona con las exigencias de culpabilidad y gravedad de los incumplimientos contractuales para justificar la sanción máxima del despido. Considera que en este contexto debe valorarse "la situación de conflictividad manifiesta vivida por la actora por parte de la empresa con respecto a sus derechos laborales, los cuales, ha tensado la situación hasta el punto en que la mayoría de las comunicaciones entre ellos, se realizaban a través de los asesores",mencionando, a continuación, los distintos antecedentes sobre el desarrollo de la relación laboral y los procedimientos judiciales tramitados con anterioridad. Todo ello para terminar apreciando contradicciones en el razonamiento de la sentencia al afirmar, por una parte, que la negativa a coger pesos no constituía desobediencia por estar contraindicados en la situación de embarazo y, por otra, afirmar que concurría disminución voluntaria del rendimiento, sin indicar siquiera cual fuera el rendimiento mínimo exigible.

    11. De nuevo el recurso hace supuesto de la cuestióny realiza en todo caso una interpretación jurídica que no se ajusta a la realidad de la conducta enjuiciada, que ha sido calificada por la sentencia de instancia de forma ajustada a derecho como grave y culpablea los efectos de merecer la sanción máxima del despido. Olvida el recurrente que la sentencia declara probados los incumplimientos que la carta de despido imputaba a la trabajadora y que constituían las faltas tipificadasen el convenio de aplicación en los apartados d), k) y l) del artículo 37 con referencia, respectivamente, a "hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo; la disminución voluntaria y reiterada o continuada en el rendimiento normal del trabajo y la desobediencia continuada o persistentes".

    No puede dejar de calificarse como constitutivas de tales infracciones laborales muy graveslas conductas en las que incurrió la trabajadora consistente, por una parte, en la reiterada "negativa a rellenar los partes de trabajo y acometer las tareas encomendadas",sin justificación alguna porque se limitaba a manifestar "como única respuesta/explicación (...) que tenía el sueldo asegurado (nada sobre su embarazo") y, por otra parte, en tirar de la cámara de seguridad y desconectarla -en los términos del relato judicial "cogió la cámara (tiró de la misma y desconectó su cable) intentando salir de la nave con ella, lo que el empresario le impidió mientras le reclamaba que se la devolviera, a lo que ella se negó")-, llegando a causar daños en el conector/cable de carga de la cámara a consecuencia de la conducta de la trabajadora al arrancarla de su soporte.

    Debe destacarse que tales comportamientos, muy graves, no guardan relación alguna con la conflictividad laboral a que se refiere la recurrente o con los otros procedimientos judiciales seguidos entre las partes,excluyendo la sentencia expresamente que el despido hubiera vulnerado la garantía de indemnidad ( art. 24.1 CE), pronunciamiento al que se ha aquietado la recurrente en esta suplicación.

    Por lo demás, no se aprecia contradicción algunaen el hecho de que la sentencia razone que no constituye desobediencia el que la trabajadora se negase a realizar tareas que implicasen carga de pesos porque su estado de embarazo lo contraindicaba, y al mismo tiempo valore como incumplimientos graves y culpables los señalados, que se incardinan en las faltas disciplinarias, tipificadas como muy graves en el convenio y para las que prevé la sanción de despido.

    La recurrente también hace otras referencias sin sustento en el relato judicial, que por lo mismo no son atendibles en el recurso de suplicación, como son las menciones a la justificación de la negativa a firmar los partes de trabajo, que contradice abiertamente lo declarado probado.

    Resulta también intranscendente la mención en el recurso a que "no existe prueba algunaque conlleve a concluir que la actora tenía el ánimo de llevársela fuera de las instalaciones",con referencia a la cámara de seguridad, cuando es más que evidente que la falta cometida es la ya señalada ("hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo").Tampoco es cierto que la trabajadora se limitase a coger la cámara con el ánimo de que la guardia civil verificara el contenido de sus grabaciones. La conducta probada, por el contrario, supuso inutilizar y causar desperfectos en la cámara de seguridad, lo que el convenio tipifica como infracción muy grave que justifica la sanción máxima del despido.

    Las demás alegaciones sobre la ausencia de constancia de la existencia de los daños en la cámara de seguridad no pueden acogerse al fundarse en una revisión fáctica que no ha prosperado, constituyendo meras afirmaciones de parte que al desconocer los hechos probados en la sentencia recurrida hace supuesto de la cuestión, lo que constituye vicio procesal que conlleva el fracaso del motivo de suplicación.

    12.Por último, la recurrente alega en la parte final del motivo tercero de censura jurídica que "Dado que se acredita la improcedencia del despido y en conocimiento de la situación de embarazo procede la nulidad del despido". Añadiendo "Además ha existido una conculcación de un derecho fundamental, por lo que según el criterio establecido por Doctrina del Tribunal Supremo ( Sentencia de la Sala Cuarta del T.S. de 29-11-2017, Recurso 7/2017 ), relacionado con los dictados legales del Real Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, debe considerarse una lesión muy grave y tal vulneración debe ser indemnizada, con una indemnización adicional de 7.501 euros, sin perjuicio de los inherentes efectos legales y económicos de la impugnación del despido.

    13.Evidentemente la alegación final debe desestimarse en la medida en que se construye defectuosamentesin citar el precepto sustantivo infringido y dando por supuesto que se ha vulnerado un derecho fundamental, sin identificarlo ni mencionar el precepto constitucional que lo reconozca y que resulte aplicable, al tiempo que tampoco combate los razonamientos de la sentencia recurrida para desestimar que el empresario hubiese vulnerado el derecho a la no discriminación por razón del embarazo de la trabajadora ( art. 14 CE) o la garantía de indemnidad ( art. 24.1 CE).

    14.Aunque se pudiera prescindir de estos graves defectos en la formulación del recurso tampoco se razona mínimamente por la recurrente en qué consiste tal vulneración o en qué hechos se funda cuando, por el contrario, la sentencia desestimó expresamente que se hubieran vulnerado los derechos fundamentales que se invocaron en la instancia.

    Argumenta la sentencia de instancia sobre este particular que "No resultan así atendibles sus planteamientos de que el demandado sabía de su embarazo porque lo debía saber o estaba en circunstancias de saberlo, omitiendo no sólo toda referencia al momento o circunstancias en que informara o mencionara su estado al empresario o a alguno de sus compañeros, sino tampoco formulando pregunta alguna al respecto a ninguno de ellos. Tal desconocimiento de sus circunstancias biológicas impide así pueda considerarse un despido nulo por discriminación en relación a su estado de embarazo, sin perjuicio de su efectividad como causa de nulidad objetiva".

    Añade que "En su demanda se mencionaba también que había planteado numerosas reclamaciones contra la empresa, lo que también pudiera ser sugestivo de una causa de nulidad por vulneración de derechos fundamentales/garantía de indemnidad. Los procedimientos en cuestión, a la sazón relacionados en relato fáctico precedente, no merecen sin embargo considerarse con valor de indicio sugestivo de tal vulneración en atención a la desvinculación temporal de su trámite/finalización con el despido habido, más aún considerando que la decisión empresarial vino precedida de una actuación/omisión por parte de la actora detonante de la misma y cuya valoración se abordará en fundamento siguiente".

    Todo ello para concluir que "Procede así, en consecuencia, desestimar la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales y la indemnizatoria accesoria de 31.000 e por el daño moral que se supondría producido".

    No atacando en debida forma la recurrente estos razonamientos de la sentencia y no constando en los hechos probados relato alguno que permita relacionar la decisión empresarial de despido con el ejercicio de los derechos fundamentales a la no discriminación por razón de sexo y a la tutela judicial efectiva -garantía de indemnidad- no cabe sino desestimar también esta alegación y motivo del recurso.

    Por las razones expuestas, el recurso se desestima, confirmando la sentencia de instancia, que no ha cometido las infracciones denunciadas.

    CUARTO. - En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS la desestimación del recurso no lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente al disfrutar la misma del beneficio de justicia gratuita.

    QUINTO. - A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

    VISTOS los artículos citados y los demás que son de general aplicación.



    1º)Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA Juliana contra la sentencia nº 149/2024 dictada con fecha 29 de agosto de 2024, en el procedimiento nº 154/2023, por el Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño.

    2º) Se confirmadicha resolución.

    Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 220 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Social, quedando en esta Secretaría los autos a su disposición para su examen. Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse del siguiente modo:

    a) Si se efectúa en una Oficina del BANCO DE SANTANDERse hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala tiene abierta con el nº 2268-0000-66-0220-24, Código de Entidad 0030 y Código de Oficina 8029.

    b) Si se efectúa a través de transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta núm.0049 3569 92 0005001274, código IBAN. ES55, y en el campo concepto: 2268-0000-66-0220-24.

    Pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, así como el depósito para recurrir de 600 euros que deberá ingresarse ante esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en la cuenta arriba indicada. Incorpórese el original, por su orden, al libro de Sentencias de esta Sala, en la aplicación informática judicial.

    Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

    E./ PUBLICACIÓN. -En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el MagistradoPonente, Ilmo. Sr. D. CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ,celebrando audiencia pública la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.

    La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

    Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.