Disposición adicional primera. Notificaciones y comunicaciones.

    De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio, serán aplicables a las notificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas realizadas en aplicación de dicha ley y de este reglamento, y salvo previsión en contrario de estas últimas disposiciones, las normas contenidas en el capítulo IV del título VIII del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio

    Las referencias a las solicitudes de registro de marca o a cualquier otra solicitud que se mencionan en el artículo 50.1 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, se entenderán referidas respectivamente a las solicitudes previstas en los procedimientos regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento.

Disposición adicional segunda. Representación.

    Las normas contenidas en el artículo 56 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, serán de aplicación a la representación de los interesados en cualesquiera de los procedimientos y actuaciones previstas en las normas reguladoras de las distintas modalidades de propiedad industrial, así como en otros procedimientos cuya competencia recaiga sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas. Serán también aplicables a todas modalidades de propiedad industrial las normas relativas a la acreditación de la representación a que se refieren los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 57 del mencionado Reglamento.

NOTA: Redacción modificada por el RD 1431/2008, de 29 de Agosto..

Disposición adicional tercera. Cumplimiento de trámites y cómputo de plazos.

    Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los plazos establecidos en este reglamento se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.