La ejecución de las garantías exige como único requisito el requerimiento de pago al avalista para hacer efectiva la deuda del deudor principal, sin que sea necesaria la previa declaración de responsabilidad solidaria, ni el que el avalista sea parte en el procedimiento de apremio seguido contra el deudor principal dado su condición de tercero ajeno a la relación jurídico tributaria.

La obligación del avalista supone la asunción voluntaria de una obligación, porque su origen es contractual, de manera que el avalista, con precio o sin él, asume la deuda que corresponde o puede corresponder al sujeto pasivo. Las garantías que la normativa tributaria otorga al responsable principal y al subsidiario no son las mismas para quien asume voluntariamente la posición de avalista.

No concurre el motivo de oposición a la vía de apremio del artículo 167.3 de la LGT (Ley 58/2003) consistente en que la deuda estaba aplazada y suficientemente garantizada.