ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL/LA PROCURADOR/A EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECLAMACIÓN DE DEUDAS

    En casi todos los procesos judiciales para la reclamación de deudas dinerarias civiles, por regla general, y conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la LEC, "La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio".

    Es decir, y salvo en los casos previstos como excepción en el artículo 23.2 de la LEC (en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios), tanto el actor como el demandado en un procedimiento judicial; y también en los de reclamación de deudas civiles, que son lo que nos interesan, están obligados por Ley a utilizar los servicios profesionales de un Procurador/a.

    El/a Procurador/a es aquel profesional, experto titulado en derecho, que representa a las partes en el proceso judicial y que debe velar por la regularidad de los trámites del procedimiento, encargandose del cómputo de plazos, recepción de las notificaciones y presentación de los escritos ante los órganos judiciales. Se ocupa, en definitiva, de todos los aspectos formales del proceso judicial.


    Tradicionalmente la representación al Procurador/a se ha otorgado mediante una escritura pública de poder ante un Notario; escritura de poder que puede ser general o especial, según sean más o menos amplias las facultades que se conceden al Procurador/a para realizar actos en nuestro nombre.

    Pero el apoderamiento mediante escritura pública de poder tiene el inconveniente de que es necesario comparecer ante el Notario para otorgarla y, en consecuencia, abonar al Notario los honorarios de su intervención; lo cual supone un gasto añadido a los ya propios del proceso judicial, como son los honorarios del Procurador/a mismo y del Letrado, en su caso. Y es que los honorarios notariales por el otorgamiento de una escritura de poder, impuestos incluidos, suelen estar alrededor de los 50 Euros.

    Sin embargo, existe otra forma de otorgar la representación al Procurador/a igualmente eficaz y completamente gratuita, que, sin embargo, es todavía bastante desconocida. Se trata de la llamada representación "Apud Acta". Este aforismo latino, que puede traducirse como "mediante acta" o "a través de acta", hace referencia a la posibilidad de otorgar representación al Procurador/a mediante una comparecencia ante el Secretario Judicial (ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia) del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del pleito que hemos iniciado; de la cual se levantará una acta en la que el Secretario Judicial da fe de que la parte de que se trate (demandante o demandado) confiere su representación al Procurador/a, que firma dicho acta, junto con la persona que otorga la representación (el poderdante) y el Letrado de la Administración de Justicia, aceptando la referida representación.

    Se trata, en definitiva, de una forma de conferir representación al Procurador/a muy sencilla y rápida, con los mismos efectos que si la representación hubiese sido otorgada ante Notario y con la importante ventaja de que es completamente gratuita. Es por ello que nosotros recomendamos su utilización; puesto que, aunque requiere acudir al Juzgado, el trámite es rápido y sencillo, los efectos son exactamente los mismos que los de un poder notarial, y supone, sin embargo, un ahorro de casi 50 Euros.

    Por último, es importante indicar que, a nuestro juicio, no habría conveniente en entender que, en aquellos procedimientos en que no es obligatoria la intervención de Abogado y Procurador/a (especialmente los monitorios y los verbales de cuantía inferior a 2.000 Euros), el demandante o el demandado puedan conferir su representación a una persona distinta (por ejemplo, al administrador de una empresa o, al asesor o gestor que se ocupa de los papeles), para que sea esta persona la que intervenga en el procedimiento judicial.

    Sin embargo, debemos señalar que esta práctica está teniendo aceptación desigual en los Juzgados y Tribunales; ya que algunos órganos judiciales la acogen y otros, sin embargo, entienden que sólo es posible otorgar representación a favor de un Procurador/a.