Aún conmocionados por la destrucción que ha provocado la DANA en la mayor parte de la provincia de Valencia, y en otros lugares de la geografía española, como Alicante o Castilla - La Mancha, tenemos que abordar las medidas urgentes que se han adoptado desde el Gobierno para tratar de paliar los incalculables daños causados; y que se contienen en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, y también en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, destinadas a la recuperación de empresas y negocios.

Ayudas destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

El Artículo 3.3 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, establece que, en el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, cuando la persona interesada haya sido indemnizada por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista para los seguros de riesgos extraordinarios, se podrá conceder una subvención de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, con el importe máximo de 36.896 euros.

El plazo para solicitar estas ayudas es de dos meses, contados a partir del 6 Noviembre de 2024, que es la fecha de la publicación en el «Boletín oficial del Estado» del Real Decreto-ley 6/2024.

En cualquier caso, en las indemnizaciones del seguro de riesgos extraordinarios que abone el Consorcio de Compensación de Seguros como consecuencia de los daños en las cosas producidos en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, no se efectuará deducción alguna en concepto de franquicia en el caso de asegurados cuyo importe neto de cifra anual de negocios no supere los 6.000.000 euros.

Finalmente, señalar que por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal, la cuantía máxima de las ayudas es de 36.896 euros.

Ayudas destinadas a compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas.

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de Noviembre, contempla, en su Título IV, medidas en materia agraria

La más destacada es la ayuda extraordinaria y temporal, para personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que, teniendo ingresos agrarios fiscalmente declarados en el ejercicio 2023, sean titulares de alguna explotación agrícola, ganadera o parcela agrícola localizada en los municipios contenidos en el Anexo del Real Decreto-ley 7/2024, que hayan sufrido daños superiores al 40% en su producción, plantación, censo ganadero o sistema de protección de cultivos e infraestructuras, siempre que sean susceptibles de aseguramiento en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

El importe de la ayuda ascenderá a una cuantía equivalente al 30% de la media de los siguientes ingresos agrarios:

1. para las personas físicas, los declarados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, salvo los que se hayan incorporado a la actividad agraria con posterioridad, en cuyo caso se tomará en consideración la media de los años en que hayan declarado ingresos agrarios en ese periodo.
2. para las personas jurídicas, los declarados en el ejercicio 2023.
3. para los entes sin personalidad jurídica, los calculados en base a la declaración informativa anual de las entidades en régimen de atribución de rentas y a la declaración del IRPF de sus socios correspondientes al ejercicio 2023.

También se ha establecido una ayuda extraordinaria y temporal, para las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad propietarios de maquinaria agrícola afectada, localizada en el ámbito del (Anexo del Real Decreto-ley 6/2024).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocará una línea de ayudas para las personas titulares de explotaciones agrarias; y también una línea de subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación. Ambas medidas se aplican a los municipios contenidos en el Anexo del Real Decreto-ley 7/2024.

Línea de avales del Estado a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

El artículo 29 del Real Decreto-ley 6/2024 establece que el Ministerio de Economía Comercio y Empresa, otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito a empresas y autónomos para sufragar dichos daños desde el 29 de octubre de 2024 y hasta el 31 diciembre 2025.

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, y el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Asimismo, podrán beneficiarse de la financiación avalada en los términos que se establezcan por Acuerdo de Consejo de Ministros las empresas y autónomos cuyos medios de transporte afectos a la actividad empresarial o profesional hayan sufrido daños con ocasión del desarrollo de dicha actividad en una de las localidades incluidas en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2024.

Medidas respecto a los contratos de arrendamiento.

Aunque el Real Decreto-ley 6/2024 no establece nada de forma expresa, el Gobierno ha señalado que el Artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que cuando en la finca arrendada se realicen obras que la hagan inhabitable, el arrendatario tendrá la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna.

Y el Artículo 30 de la misma norma declara que esta posibilidad será también aplicable a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, es decir, a locales de negocio.

Medidas respecto al pago de préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria.

Con garantía hipotecaria

Suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de préstamos y créditos concedidos con anterioridad al 6 de Noviembre de 2024, cuya garantía hipotecaria se haya constituido sobre inmuebles situados en alguna de las localidades afectadas (Anexo del Real Decreto-ley 6/2024, a las personas físicas y a las personas jurídicas con un volumen de facturación inferior a 6 millones de euros en el último ejercicio cerrado.

Sin garantía hipotecaria

Suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de préstamos y créditos sin garantía hipotecaria concedidos con anterioridad al 6 de Noviembre de 2024, a los autónomos y a aquellas personas jurídicas con un volumen de facturación inferior a 6 millones de euros en el último ejercicio cerrado, cuya actividad económica principal se encuentre situada en dicha zona, comprendiendo explotaciones agrarias, pesqueras, marinas o forestales, establecimientos mercantiles, industriales y de servicio.

En cuanto al procedimiento a seguir, conforme al Artículo 35 del Real Decreto-ley 6/2024 los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta tres meses desde el 7 de Noviembre de 2024, la suspensión de sus obligaciones, indicando si son asalariados o autónomos y cuál es su actividad económica.

El acreedor debe proceder, en el plazo de quince días contado desde la presentación de la solicitud, a la suspensión, con efectos desde la fecha de solicitud, de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo o crédito con los siguientes efectos:

1. La suspensión de la deuda durante el plazo de tres meses, incluyendo la deuda impagada.
2. Transcurrido este plazo, se extenderá la moratoria al pago por amortización del capital por un periodo adicional de nueve meses, sin perjuicio del cobro de los intereses que se devenguen en ese periodo.

Ello implica que:

1. Durante los primeros tres meses, el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.

   No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora durante los primeros tres meses

2. Transcurridos los tres primeros meses, podrá exigir el pago de intereses ordinarios y, en su caso, de demora, que se devenguen.
3. Se inaplicará cualquier cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, conste en el contrato de préstamo o crédito.

Cuando el préstamo objeto de la suspensión cuente con garantía hipotecaria, la suspensión deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

En este caso, el arancel de los Notarios mínimo previsto será de 10 euros y el máximo de 30 por todos los conceptos; y el arancel de los Registradores mínimo previsto será de 10 euros y el máximo de 20 euros por todos los conceptos.

Cuando el crédito o préstamo objeto de la suspensión no cuente con garantía hipotecaria pero esté garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o haya accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, la fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas; y será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión.

Los derechos arancelarios notariales en este caso tendrán un límite mínimo de 10 euros y máximo de 30 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados; y los derechos arancelarios de los registradores se minutarán por la cantidad fija de 6 euros.

En todos los casos, los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de operaciones extraordinarias que se formalicen a consecuencia de la DANA serán satisfechos por el acreedor.

Por su parte, el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de Noviembre, contempla una moratoria específica del pago de los préstamos de programas industriales para las empresas con establecimientos industriales situados en los municipios previstos en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2024, que se beneficiarán de un aplazamiento de los pagos de las cuotas de reembolso con carencia de intereses durante 24 meses, desde el 13/11/2024, y sin necesidad de solicitarlo. Este aplazamiento también se aplicará a los pagos de cuotas vencidos entre el 28 de octubre de 2024 y el 13 de noviembre de 2024.

Asimismo, se otorgará, de oficio, una ampliación del plazo para la ejecución de los proyectos a que se refieren estos préstamos de 24 meses, que comenzará a computar desde el 28 de octubre de 2024.

Finalmente, se amplian los plazos para ejecutar inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de empresas o entidades beneficiarias hasta agosto de 2026, cuando las actuaciones a ejecutar, se localicen en zonas declaradas en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2024.

Medidas respecto al plazo del deber de solicitud de concurso de acreedores.

Hasta el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual, y cuyo domicilio se encuentre en alguno de los municipios del anexo del Real Decreto-ley 6/2024, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso o la apertura de procedimiento especial.

Además, hasta que transcurran dos meses a contar desde el levantamiento de la suspensión, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado de insolvencia o que se presenten durante esos dos meses.

Medidas de suspensión de plazos procesales.

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales en los órganos judiciales con sede en la provincia de Valencia desde el 11 de noviembre de 2024 y con carácter indefinido.

No obstante, se establecen, en la Disposición adicional duodécima del Anexo del Real Decreto-ley 7/2024, determinadas excepciones para actuaciones o procedimientos judiciales que no permitan demora.

Durante la suspensión de plazos procesales establecida en la presente norma, serán también de aplicación las previsiones de la disposición adicional undécima y duodécima del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, que se refieren, respectivamente al plazo del deber de solicitud de concurso y a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Otras medidas.

Se contemplan también otras medidas como flexibilización, suspensión o resolución de los contratos de suministro de electricidad y de gas natural; aplazamiento de facturas correspondientes a contratos de suministro de gas natural y de electricidad de los consumidores afectados por la DANA; o la compensación automática por la interrupción temporal en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.